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El Punto de Encuentro Familiar (PEF) judicial seguirá en Vila-real. La Generalitat Valenciana lo comunicó ayer al Ayuntamiento mediante un correo electrónico, con lo que queda sin efecto el plan de suprimir el servicio en la ciudad y trasladarlo a Onda.
El concejal de Servicios Sociales, Toni Marín, ha recibido la noticia con satisfacción, aunque ha aprovechado para cargar contra la Conselleria. A su juicio, el recurso es imprescindible para menores y familias en situaciones muy delicadas, y también para mujeres con órdenes de protección.
Marín atribuye el desenlace al frente común de instituciones y colectivos. Ha citado al Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana, al Colegio de Abogados de Castellón, a la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la Universitat Politècnica de València, a ACUDIM, ALUDME, Vilatea, Conquistando Escalones y al Grup de Dones de Vila-real. Según el edil, sin esa unión el servicio se habría perdido. También ha reconocido el trabajo de UGT para mejorar la red de puntos de encuentro familiar.
Sin expediente ni respuestas
Pese a la buena noticia, el concejal sostiene que el conflicto no ha tenido una gestión adecuada por parte de la Generalitat. Asegura que el Ayuntamiento sigue sin conocer el expediente en el que se basó la decisión, que no ha obtenido respuesta al requerimiento en el que pedía los motivos y que no ha existido diálogo con el Consell. Marín considera especialmente grave esta falta de explicaciones por tratarse de un servicio que atiende a personas en situación de vulnerabilidad.
Petición de dimisión o cese
Por ello, el responsable municipal ha reclamado la dimisión de la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, o, en su defecto, que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la cese. Marín afirma que desde su llegada la situación social de Vila-real ha empeorado y la señala como la responsable autonómica que más ha perjudicado a la ciudad en servicios de atención a las personas.
En esa línea, ha recordado que, desde la llegada al Gobierno autonómico de PP y Vox, se han paralizado proyectos sociales que Vila-real considera fundamentales: la tercera residencia de mayores, las habitaciones de emergencia, el espacio sociosanitario de la calle de l’Ermita y la residencia vinculada al centro de Alzheimer.
Críticas al PP local y a la FVMP
El concejal ha criticado también al Partido Popular de Vila-real. Ha recordado que el Pleno aprobó por unanimidad en agosto una propuesta de Alcaldía para garantizar la continuidad del PEF judicial en la ciudad, con independencia de que la Generalitat abriera un nuevo servicio en Onda. Marín sostiene que los populares apoyaron la iniciativa porque no tenían alternativa, y se ha dicho avergonzado de su actitud.
Además, ha pedido responsabilidades a Adrián Casabó, director general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), a quien reprocha no haber defendido ni el municipalismo ni a su propio pueblo. Le ha exigido que abandone el cargo.
El coste del local, a cargo de Conselleria
Marín ha planteado además una petición concreta. El Ayuntamiento reservó un espacio junto a Cruz Roja, en el edificio de la Panderola, para ubicar el PEF, pero la Generalitat aún no lo ha habilitado. Mientras no lo haga, el edil pide que Conselleria pague el alquiler y los suministros del local donde se presta ahora el servicio, unos 8.000 euros anuales según sus cálculos.
"En otros municipios, la Generalitat ha demostrado que puede solucionar cuestiones similares", ha señalado, convencido de que el asunto depende solo de la voluntad política.