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Vila-real quiere conservar su Punto de Encuentro Familiar (PEF) y ha dado un paso formal para lograrlo. La ciudad ha remitido a la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia un requerimiento previo en el que reclama seguir dentro de la red pública de PEF judiciales de la provincia, después de haber quedado fuera del reparto de ubicaciones para los próximos años.
La resolución del 27 de julio fija el servicio para el periodo 2026-2028 y reserva las sedes de Castellón a Castelló de la Plana, Onda y Vinaròs. Vila-real, que ya cuenta con un punto en funcionamiento, no figura en la lista. El escrito se ha registrado al amparo del artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que obliga a presentarlo en un plazo de dos meses y que es el paso previo a un posible recurso contencioso-administrativo. Fuentes municipales explican que lo han presentado en el tramo final de ese plazo para dejar abierta la vía del diálogo y evitar llegar a los tribunales.
Una decisión que supieron por el DOGV
El concejal de Servicios Sociales, Toni Marín, ha asegurado que el consistorio se enteró de la exclusión por la publicación en el DOGV, sin aviso previo de la Conselleria, ni verbal ni escrito. A su juicio, se trata de un cambio de calado que afecta a familias y menores y que merecía una comunicación directa.
Marín ha añadido que el Ayuntamiento reclamó en agosto el expediente completo de la decisión, con los informes que avalan la elección de Onda, y que todavía no ha obtenido respuesta. En el requerimiento, además, sostiene que la resolución no detalla los criterios técnicos, territoriales, de accesibilidad ni de protección de la infancia que se han aplicado.
Un recurso nuevo, pero no en sustitución
El Ayuntamiento deja claro que no se opone a un PEF en Onda. Lo que pide es que se sume al de Vila-real y no lo reemplace. «Que esto no se haga a costa de Vila-real», ha resumido el edil, que ha subrayado que el servicio actual responde a una necesidad detectada en su día en el partido judicial.
En esa línea se ha pronunciado también el Colegio de Abogados de Castellón, que ha expresado su preocupación ante la posible supresión del punto de Vila-real. La corporación ha elaborado un estudio de accesibilidad territorial, que el Ayuntamiento ha incorporado al requerimiento.
Mesa de trabajo y servicio sin interrupciones
Vila-real solicita que se abra una mesa de trabajo con la Conselleria, y con los órganos judiciales y servicios especializados cuando proceda, para definir el mapa más adecuado. Insiste en que cualquier cambio debe respetar las intervenciones ya iniciadas, dado que el PEF está ligado a procedimientos judiciales y a situaciones de vulnerabilidad.
Mientras se resuelve el requerimiento, el consistorio pide que el servicio siga funcionando con normalidad, para no alterar los regímenes de visitas que están en marcha. «Queremos llegar a un acuerdo y evitar la vía judicial, pero necesitamos conocer los motivos», ha afirmado Marín.