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El próximo 25 de agosto se cumplen cinco años del derrumbe del edificio de 55 viviendas de la urbanización Font Nova de Peñíscola, un siniestro que acabó con la vida de una mujer de 54 años y un menor de 14. Medio lustro después, los propietarios de los inmuebles afectados continúan reclamando justicia y denuncian el abandono que, aseguran, han sufrido durante este tiempo.
La investigación judicial permanece abierta y las diligencias previas todavía no han concluido. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs investiga si existieron negligencias graves que pudieran derivar en responsabilidades penales.
En abril de 2025, la titular del juzgado acordó investigar a varios técnicos municipales que participaron en la concesión de las licencias de obras y de primera ocupación del edificio. En octubre del mismo año comparecieron como investigados el arquitecto municipal que firmó la licencia de obras, el jurídico del Ayuntamiento que informó sobre ella y la aparejadora municipal que intervino en la licencia de primera ocupación.
La investigación también puso el foco en el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón. La jueza consideró necesario determinar si el proyecto arquitectónico cumplía los requisitos básicos de seguridad estructural y solicitó información sobre el técnico que lo visó. Sin embargo, los propietarios denuncian que el Colegio todavía no ha dado respuesta.
De hecho, en febrero de 2026 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) requirió al Colegio de Arquitectos para que nombrara un perito que compareciera ante el juzgado. Hasta la fecha, según los afectados, tampoco se ha producido esa comparecencia.
Un derrumbe precedido de deficiencias estructurales
El informe elaborado por la Conselleria de Vivienda apuntó a una suma de deficiencias y errores en la estructura del edificio. El documento concluyó que la ejecución de la obra se había alejado del proyecto de construcción.
Entre las irregularidades detectadas figuraban el empleo de ladrillos de peor calidad que los previstos inicialmente, unos cimientos demasiado finos y problemas de humedad en la cámara sanitaria. Esta última circunstancia habría reducido hasta un 40% la capacidad resistente de los muros de carga.
En marzo de 2026, el perito Francisco Zapater Colomer, autor del informe de la Generalitat, compareció ante el juzgado y se ratificó íntegramente en sus conclusiones.
La Audiencia Provincial de Castellón ya había ordenado en octubre de 2024 reabrir la investigación al considerar prematuro el sobreseimiento provisional de la causa y establecer que las diligencias solicitadas por las partes podían resultar útiles y pertinentes para esclarecer lo ocurrido.
Cinco años de abandono
Mientras la vía judicial continúa su curso, la Comunidad de Propietarios de PATIOS FASE V PEÑÍSCOLA denuncia la situación en la que permanece el inmueble. Según los afectados, durante los casi cuatro años en los que el edificio estuvo bajo custodia judicial fue completamente vandalizado y las viviendas fueron saqueadas.
Los propietarios aseguran que continúan sin recibir ayudas ni una solución por parte de las administraciones y lamentan también la falta de respuesta de las compañías aseguradoras implicadas.
Recientemente, la comunidad ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial por la vandalización de la finca durante el periodo de custodia y ha solicitado a la Policía Local que refuerce la vigilancia del inmueble.
Cinco años después de aquella mañana del 25 de agosto de 2021, los vecinos siguen esperando que la investigación determine por qué un edificio de viviendas terminó convertido en escombros y, sobre todo, quién pudo tener responsabilidad en un siniestro que dejó dos víctimas mortales y a decenas de familias sin sus hogares.