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LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha puesto en marcha un colectivo de propietarios afectados por el futuro corredor estatal de transporte de hidrógeno que atravesará la Comunitat Valenciana. El objetivo, según la organización agraria, es defender unas expropiaciones transparentes, unas indemnizaciones dignas y la protección de las explotaciones agrarias que se vean afectadas por la infraestructura.
El trazado previsto suma 393 kilómetros y afecta a cien municipios de las tres provincias: 54 de Valencia, 23 de Alicante y 23 de Castellón. Según LA UNIÓ, las obras de construcción y adaptación de la infraestructura se desarrollarán entre 2028 y 2029.
Sin expropiaciones en gran parte del recorrido
La organización precisa que, desde la entrada por Cataluña hasta Montesa o Albaida, y desde Tibi-Xixona hasta Murcia, no habrá expropiaciones, ya que se aprovechará el conducto existente que transcurre paralelo al del transporte de gas natural. El tramo entre Montesa-Albaida y Tibi-Xixona es, según la organización agraria, donde probablemente se concentren más actuaciones expropiatorias.
LA UNIÓ sostiene que la implantación de infraestructuras estratégicas para la transición energética debe ser compatible con la protección del sector agrario, y recuerda que las explotaciones agrícolas constituyen un patrimonio productivo y medioambiental esencial para las zonas rurales valencianas.
Tres reclamaciones principales
La organización mantendrá una interlocución directa con la empresa promotora del corredor para exigir, entre otras cuestiones:
- Indemnizaciones calculadas con criterios técnicos y agrarios ajustados al valor real de explotaciones y cultivos.
- La minimización de perjuicios durante las obras, con garantías de acceso a las parcelas y mantenimiento de las infraestructuras de riego.
- La correcta restauración de los terrenos al finalizar los trabajos, incluida la reposición de tierra vegetal y la recuperación de la capacidad productiva.
Para LA UNIÓ, "la modernización energética no debe hacerse a expensas del campo valenciano". La organización insiste en que cualquier infraestructura de interés general debe incorporar criterios de sostenibilidad social y territorial, de forma que los agricultores no asuman el coste de las actuaciones.
Llamamiento a los propietarios afectados
LA UNIÓ ha hecho un llamamiento a todos los propietarios de fincas afectadas para que se incorporen al colectivo y refuercen así la defensa conjunta de sus derechos durante el proceso. La organización ofrecerá asesoramiento técnico y jurídico a los afectados y continuará informando sobre la evolución del proyecto.