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El Consell prepara un servicio contra la ocupación ilegal

La nueva licitación, dotada con cerca de 800.000 euros, contempla un equipo jurídico y técnico capaz de responder en menos de una hora ante avisos de intrusión en las más de 14.500 viviendas que gestiona la EVHA

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El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo. / EPDA
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo. / EPDA

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La Generalitat ha licitado un nuevo servicio de intervención destinado a la recuperación de viviendas públicas ocupadas de manera ilegal en toda la Comunitat Valenciana. Así lo ha anunciado el president Juanfran Pérez Llorca, quien ha señalado que la iniciativa "responde a la creciente necesidad de dar una respuesta rápida, coordinada y segura" ante un problema que afecta a una parte significativa del parque público de vivienda.

Según los datos aportados por el jefe del Consell, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) gestiona actualmente más de 14.500 viviendas públicas, de las que aproximadamente el 13% se encuentran ocupadas de forma irregular.

Servicio de urgencias

El nuevo contrato contempla un servicio de urgencias operativo las 24 horas, los 365 días del año, con un tiempo máximo de respuesta de una hora tras recibirse un aviso de intrusión. La empresa adjudicataria se encargará también de acompañar y representar a la EVHA en los procedimientos administrativos de recuperación de inmuebles, así como de coordinarse con las fuerzas de seguridad.

Entre sus funciones se incluye además la supervisión de la instalación de puertas antiocupación, alarmas y sistemas de seguridad, junto con la documentación de todas las actuaciones realizadas.

Equipo multidisciplinar

Para desarrollar este trabajo, la empresa deberá disponer de un coordinador jurídico y al menos tres inspectores técnicos, además de vehículos, equipos informáticos y dispositivos móviles propios.

El contrato tendrá una duración inicial de tres años, ampliable con dos prórrogas anuales, y un valor estimado de 796.831 euros (IVA excluido). El plazo de presentación de ofertas finaliza el 30 de julio y toda la documentación puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Estado.

Pérez Llorca ha subrayado que las ocupaciones irregulares "vulneran los derechos de los demandantes" que esperan en las listas de solicitud de vivienda, además de impedir la rehabilitación de los inmuebles y generar riesgos de seguridad por los enganches ilegales a la red eléctrica.

Una estrategia más amplia

Esta medida se suma a otras ya puestas en marcha por la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad. A principios de 2026 se adjudicó la instalación de 300 sistemas de seguridad individuales en viviendas del parque público, con una inversión de 4.743.200 euros para cuatro años.

Desde julio de 2023, la Generalitat ha realizado 1.231 actuaciones para impedir el asalto de viviendas, entre ellas descerrajados, tabicados, cambios de puerta y la instalación de 608 puertas antivandálicas.

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EVA BELTRAN

PERIODISTA

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