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Dos años después de la dana, la falta de personal municipal frena la reconstrucción pese a los 1.745 millones movilizados por el Gobierno. Los ayuntamientos sólo han podido ejecutar una media del 5% por falta de técnicos, con una desesperación creciente de alcaldes y alcaldesas de las comarcas de l’Horta Sud, La Ribera, la Hoya de Buñol-Chiva, Utiel-Requena, Camp de Túria, la Serranía y tres pedanías de la ciudad de Valencia.
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El Ejecutivo de Pedro Sánchez reconoce en su último balance, publicado el 26 de octubre de 2026, que ha contabilizado 10.028 millones de euros entre ayudas abonadas, financiación y actuaciones directas, de los que 945,7 millones corresponden a inversiones ejecutadas directamente por la Administración General del Estado. El Gobierno ha transferido más de 1.745 millones para reconstruir infraestructuras municipales, pero la falta de arquitectos, ingenieros y personal administrativo especializado dificulta que los consistorios afectados puedan transformar todo ese dinero en obras. Dos años después, buena parte de los municipios arrasados corren el mismo riesgo de impacto si hoy se produjese otra DANA similar.
El informe también detalla indemnizaciones, ayudas a empresas y autónomos, reconstrucción de cauces, actuaciones en carreteras, viviendas, agricultura, servicios sociales y protección frente a futuras inundaciones.
Dos años después de la devastadora dana del 29 de octubre de 2024, que arrasó decenas de municipios valencianos, especialmente en l’Horta Sud, y provocó una de las mayores tragedias humanas y materiales de la historia reciente de la Comunitat Valenciana, el debate sobre la reconstrucción continúa abierto. El Gobierno de España acaba de actualizar las cifras de su respuesta económica e institucional a la catástrofe y asegura haber movilizado 16.600 millones de euros, aunque el balance oficial también permite comprobar que todavía existe una importante distancia entre los recursos comprometidos, el dinero efectivamente abonado y las actuaciones materialmente ejecutadas.
Según el documento oficial, actualizado a las 12.00 horas del 26 de octubre de 2026, el Ejecutivo central contabiliza un total de 10.028.266.123 euros empleados, distribuidos entre 8.274.356.215 euros abonados en ayudas y subvenciones, 808.144.401 euros financiados o avalados y otros 945.765.507 euros ejecutados en actuaciones directas de la Administración General del Estado y sus organismos.
Estas cantidades representan aproximadamente el 60,4% de los recursos movilizados. Sin embargo, es importante diferenciar las distintas modalidades de intervención, puesto que los préstamos y avales no equivalen necesariamente a gasto público desembolsado y las ayudas abonadas a otras administraciones no significan que las obras financiadas con esos fondos estén ya terminadas.
De hecho, las actuaciones directamente ejecutadas por la Administración General del Estado representan el 5,7% de los 16.600 millones anunciados, aunque esta comparación no mide por sí sola el grado global de ejecución del conjunto del plan de recuperación, que incluye ayudas a particulares, indemnizaciones y transferencias a otras administraciones.
Uno de los grandes problemas que sigue condicionando la reconstrucción es la insuficiencia de medios humanos en los ayuntamientos afectados, que han recibido importantes cantidades económicas, pero encuentran dificultades para tramitarlas y convertirlas en actuaciones concretas por la falta de arquitectos, ingenieros, técnicos de contratación, interventores y funcionarios especializados.
La situación evidencia que disponer de dinero en las cuentas municipales no garantiza necesariamente una reconstrucción rápida si las administraciones locales carecen de personal suficiente para redactar proyectos, preparar expedientes, adjudicar contratos, supervisar los trabajos y justificar las inversiones.
Más de 1.745 millones abonados a los ayuntamientos, pero sin conocer cuánto han ejecutado realmente
Uno de los datos más relevantes del informe del Gobierno corresponde a las ayudas para la reconstrucción de infraestructuras municipales. El Ministerio competente ha recibido solicitudes de 78 ayuntamientos afectados y cifra en 1.745.310.104,41 euros el importe abonado para reparar los daños ocasionados por las inundaciones.
Se trata de una cantidad extraordinaria destinada a recuperar instalaciones, calles, edificios públicos, redes municipales e infraestructuras destruidas o gravemente dañadas por la riada. No obstante, el documento estatal no detalla qué porcentaje de ese dinero ha sido realmente ejecutado por los consistorios, cuánto permanece pendiente de licitación ni qué parte se encuentra todavía inmovilizada a la espera de proyectos técnicos o autorizaciones administrativas.
Esta diferencia resulta fundamental para comprender la situación real de los municipios que sufrieron las consecuencias de la dana. Una transferencia del Gobierno central puede contabilizarse como ayuda abonada en la estadística estatal, pero el ayuntamiento receptor todavía debe completar todo el procedimiento administrativo necesario para materializar la inversión.
En muchos casos, la destrucción provocada por las inundaciones multiplicó de forma extraordinaria el volumen de expedientes que debían gestionar los servicios técnicos municipales. Departamentos que habitualmente tramitaban obras ordinarias pasaron a enfrentarse a decenas de actuaciones urgentes de reconstrucción, con presupuestos millonarios, exigencias de contratación pública y plazos de justificación.
Los ayuntamientos más pequeños o aquellos cuyas plantillas ya eran insuficientes antes de la catástrofe han tenido que afrontar una situación especialmente compleja. La contratación de personal técnico, la cobertura de plazas, la redacción de memorias y proyectos y la coordinación con otras administraciones se han convertido en cuestiones determinantes para acelerar la recuperación.
El principal interrogante es, por tanto, cuánto de esos más de 1.745 millones de euros ha llegado efectivamente a convertirse en obras ejecutadas y cuántos recursos permanecen pendientes de inversión.
El Gobierno central también ha ampliado el alcance de estas ayudas mediante una orden de diciembre de 2025 que permite destinar recursos a proyectos de prevención de inundaciones y adaptación al cambio climático, una circunstancia especialmente importante para que la reconstrucción no se limite a reponer lo destruido, sino que contribuya a mejorar la seguridad de los municipios.
Otros 273 millones de fondos europeos para 95 entidades locales
El balance recoge igualmente que el Ministerio de Hacienda ha asignado 273 millones de euros procedentes de fondos europeos, a través del Plan EDIL DANA, a un total de 95 entidades locales.
Estas inversiones están dirigidas a actuaciones de reconstrucción y modernización de infraestructuras, con especial atención a la capacidad de respuesta frente a futuras catástrofes naturales.
La financiación europea constituye una oportunidad para transformar determinados equipamientos y servicios públicos, pero vuelve a plantear el mismo desafío administrativo: los fondos deben convertirse en proyectos técnicamente viables, adjudicaciones y actuaciones concluidas.
El problema de fondo no reside únicamente en la disponibilidad presupuestaria, sino también en la capacidad real de las administraciones locales para asumir, simultáneamente, sus obligaciones ordinarias y un proceso extraordinario de reconstrucción.
La colaboración de la Diputación de Valencia, la Generalitat Valenciana, el Gobierno de España y las entidades supramunicipales resulta especialmente relevante para proporcionar asistencia técnica, jurídica y administrativa a los municipios que no disponen de medios suficientes.
Más de 4.661 millones abonados por el Consorcio de Compensación de Seguros
Entre las cifras más importantes del balance destaca la actividad del Consorcio de Compensación de Seguros, que ha abonado 4.661.540.212,32 euros en indemnizaciones relacionadas con los daños ocasionados por la DANA.
El organismo había recibido 251.959 solicitudes, de las que 251.120 ya habían sido tramitadas, lo que representa un porcentaje de gestión del 99,7%, según los datos facilitados por el Ejecutivo central.
El informe detalla que se han realizado más de 132.600 pagos correspondientes a vehículos y más de 62.600 relativos a viviendas, dos de los capítulos que mejor reflejan la magnitud de los daños materiales sufridos por miles de familias.
La pérdida de automóviles afectó gravemente a la movilidad cotidiana de los ciudadanos, especialmente en municipios donde el vehículo privado constituye una herramienta imprescindible para desplazarse al trabajo, acudir a centros educativos o atender obligaciones familiares.
Las viviendas también sufrieron daños extraordinarios, con plantas bajas anegadas, instalaciones inutilizadas, electrodomésticos destruidos y numerosos inmuebles que necesitaron reparaciones de distinta consideración.
El volumen de indemnizaciones gestionado por el Consorcio permite dimensionar la extraordinaria magnitud económica del desastre, aunque su contabilización debe diferenciarse de las obras públicas de reconstrucción.
Casi 400.000 ayudas y subvenciones concedidas a personas y entidades
El documento oficial cifra en 396.756 las ayudas y subvenciones concedidas a personas y entidades afectadas, con un importe global abonado de 8.274 millones de euros, en el que se integran diferentes programas de recuperación.
Entre ellos figuran las ayudas directas destinadas a paliar daños personales, desperfectos en viviendas y enseres, perjuicios en establecimientos y comunidades de propietarios y gastos extraordinarios de las corporaciones locales.
En esta línea se han registrado 41.039 solicitudes y abonado 261.856.669 euros. De esa cantidad, 14.904.000 euros corresponden a ayudas por fallecimiento o incapacidad, otros 155.333.290 euros a anticipos y ayudas por daños en viviendas y enseres y 91.619.379 euros a corporaciones locales.
Las ayudas a empresas y trabajadores autónomos gestionadas por la Agencia Tributaria también representan una cantidad significativa. El Gobierno contabiliza 27.466 solicitudes con orden de pago, de las cuales 16.035 corresponden a autónomos y 11.431 a empresas.
El importe total abonado asciende a 347.518.000 euros, distribuidos entre 80.230.000 euros para trabajadores autónomos y 267.288.000 euros para empresas.
Estas medidas han tenido especial importancia en las localidades donde miles de pequeños negocios, comercios, talleres, establecimientos hosteleros y actividades profesionales quedaron paralizados como consecuencia de las inundaciones.
A ellas se suman 34.713.587,69 euros destinados a compensar a los ayuntamientos por las exenciones y reducciones aplicadas en las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Más de 221 millones para sustituir vehículos destruidos por la riada
La recuperación de la movilidad ha constituido otro de los grandes desafíos para miles de familias valencianas.
Según el informe, el Plan Reinicia Auto+ cuenta con 1.367 concesionarios adheridos y ha registrado 43.707 solicitudes de ayudas para la adquisición de vehículos.
De estas solicitudes, 6.823 corresponden a vehículos eléctricos e híbridos enchufables, 17.340 a híbridos no enchufables y 19.544 a vehículos de combustión.
El Gobierno contabiliza 42.245 ayudas concedidas y un importe total abonado de 221.567.000 euros.
La dimensión de estas cifras refleja hasta qué punto la destrucción masiva de vehículos se convirtió en una de las consecuencias más importantes de la catástrofe para la vida cotidiana de los afectados.
Más de 438 millones para recuperar el ciclo integral del agua
Una de las principales inversiones destinadas a los municipios afectados corresponde a la recuperación de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración.
El Gobierno cifra en 438.593.866 euros el importe abonado para reponer instalaciones del ciclo integral del agua, una de las infraestructuras esenciales para garantizar el funcionamiento de las poblaciones y la prestación de servicios públicos básicos.
El balance identifica 73 términos municipales beneficiarios, además de 12 infraestructuras supramunicipales, 27 entidades locales y otros organismos públicos y 12 empresas operadoras del ciclo del agua.
Las inundaciones provocaron importantes daños en conducciones, estaciones de bombeo, colectores, redes de alcantarillado y otras instalaciones imprescindibles para garantizar el suministro y la evacuación de aguas residuales.
Su recuperación resulta fundamental tanto para devolver la normalidad a los municipios como para mejorar su capacidad de respuesta ante nuevos episodios de precipitaciones intensas.
Casi 60 millones para adaptar 62 municipios al riesgo de inundación
El informe recoge una partida de 59.881.285,76 euros destinada a financiar actuaciones de adaptación al riesgo de inundación en municipios afectados por la DANA y asociados a áreas con riesgo potencial significativo.
El programa alcanza a 62 términos municipales y tiene como finalidad impulsar medidas que permitan reducir las consecuencias de futuros episodios meteorológicos extremos.
Esta línea adquiere especial importancia cuando se cumplen dos años de la tragedia y continúa abierto el debate sobre las infraestructuras hidráulicas pendientes, la ordenación territorial, los sistemas de prevención y la necesidad de que las administraciones actúen antes de que vuelva a producirse una catástrofe.
La reconstrucción debería constituir también una oportunidad para revisar los puntos vulnerables de los municipios afectados, reforzar los mecanismos de protección y ejecutar aquellas actuaciones preventivas que permitan reducir los riesgos para la población.
Más de 214 millones ejecutados en cauces e infraestructuras hidráulicas
El Gobierno central también ha detallado sus actuaciones destinadas a recuperar cauces e infraestructuras hidráulicas.
El importe de las obras de emergencia declaradas asciende a 268.207.148 euros, de los cuales 237.427.000 euros corresponden a la demarcación hidrográfica del Júcar, 16.201.348 euros a la del Guadalquivir, 11.928.800 euros a la del Segura y otros 2.650.000 euros a actuaciones de ámbito nacional.
El documento señala que se han realizado 682 actuaciones y que el importe ejecutado alcanza los 214.642.455,11 euros.
Estas cifras permiten conocer el alcance de las intervenciones de emergencia desarrolladas, aunque no deben confundirse necesariamente con todas las grandes obras estructurales de prevención de inundaciones que siguen formando parte del debate público valenciano.
La situación de barrancos como el Poyo o La Saleta y la necesidad de reforzar la protección de numerosos municipios del área metropolitana de Valencia continúan siendo cuestiones fundamentales para el futuro de las poblaciones afectadas.
Dos años después, una de las preguntas más importantes sigue siendo hasta qué punto la reconstrucción está sirviendo para recuperar lo destruido y, al mismo tiempo, para prevenir que otra riada pueda provocar consecuencias similares.
Carreteras y ferrocarriles: inversiones superiores a los 350 millones
Las infraestructuras de transporte también sufrieron daños extraordinarios, especialmente en carreteras, puentes, accesos urbanos y conexiones ferroviarias.
En el caso de la Red de Carreteras del Estado y las redes municipales, el Gobierno estima actuaciones por valor de 167,5 millones de euros, de los que ya se han ejecutado 159,3 millones.
Según el balance, los 160 kilómetros afectados de la Red de Carreteras del Estado se encuentran abiertos al tráfico.
En cuanto al ferrocarril, las actuaciones estimadas de ADIF ascienden a 192 millones de euros, con 190,1 millones ejecutados en infraestructuras estatales y otros 10,94 millones correspondientes a actuaciones adicionales.
Renfe tiene previstas actuaciones por valor de 12 millones de euros.
El informe asegura que se han recuperado las conexiones ferroviarias afectadas, con la excepción del tramo Buñol-Utiel de la línea C3 de Cercanías, donde se mantiene un plan alternativo de transporte por autobús.
Por otra parte, el Gobierno contempla 39,3 millones de euros para 38 actuaciones en infraestructuras de competencia local distribuidas en 14 municipios, de las cuales 29 se encuentran operativas por un valor de 20,6 millones.
También se han firmado convenios con los ayuntamientos de Paiporta, Picanya, Riba-roja de Túria, Manises y Quart de Poblet para reconstruir y reparar infraestructuras locales dañadas por las inundaciones.
El campo valenciano: decenas de millones en ayudas y miles de hectáreas afectadas
El sector agrario valenciano constituye otro de los grandes protagonistas del balance de reconstrucción, después de que las inundaciones destruyeran cultivos, caminos rurales, acequias, instalaciones agrícolas, maquinaria y explotaciones.
El Gobierno ha abonado 76.855.983 euros para compensar pérdidas de renta en explotaciones agrarias, con un total de 9.136 solicitudes abonadas y una ayuda de al menos 5.000 euros por beneficiario.
A ello se suman las ayudas destinadas a explotaciones que han reparado con sus propios medios infraestructuras agrícolas dañadas por la DANA.
En este capítulo se han abonado 92,57 millones de euros a 7.892 beneficiarios, mientras que los viveros han recibido 2,09 millones de euros repartidos entre 25 beneficiarios.
Por su parte, las ayudas relacionadas con daños en el dominio público hidráulico han alcanzado a 719 beneficiarios, con un importe de 6,78 millones de euros.
El informe también recoge ayudas por valor de casi 12,6 millones de euros para compensar franquicias de explotaciones con seguro agrario, de las que se han beneficiado 2.509 solicitantes.
En el caso de la maquinaria agrícola destruida, se habían registrado 205 solicitudes, concedido 172 ayudas y abonado 2.063.815 euros.
Las explotaciones de arroz que no pudieron sembrar han recibido 395.340 euros, repartidos entre 107 beneficiarios.
Agroseguro, por su parte, ha abonado 52,36 millones de euros en indemnizaciones a explotaciones aseguradas afectadas por las inundaciones.
Más de 80 millones ejecutados en caminos rurales y casi 70 en comunidades de regantes
El Gobierno también ha detallado las actuaciones materiales destinadas a reconstruir infraestructuras agrarias.
En caminos rurales se han iniciado trabajos por valor de 108 millones de euros, con 3.781 kilómetros reparados y una ejecución acumulada de 80,14 millones.
En comunidades de regantes se han iniciado 122 proyectos con una inversión superior a 80 millones de euros, de los cuales 74 actuaciones ya han finalizado. La cantidad ejecutada alcanza los 69,7 millones de euros.
Respecto a parcelas agrícolas y viveros, el Ejecutivo contabiliza 5.674 actuaciones de reparación, con una inversión ejecutada de 99,36 millones de euros.
Además, el Consejo de Ministros aprobó el 12 de mayo de 2026 una ampliación de crédito de casi 64 millones de euros para finalizar obras de reconstrucción de caminos rurales, recuperación de explotaciones agrarias y reparación de infraestructuras de regadío.
El Ejecutivo también ha convocado ayudas por valor de 53,1 millones de euros a través de la línea ICO-MAPA-SAECA para facilitar financiación a agricultores y ganaderos afectados.
Sin embargo, hasta la fecha del informe se habían registrado 109 solicitudes, aprobado 47 y concedido 3.485.478 euros, unas cifras que permiten apreciar la diferencia entre el presupuesto convocado y el importe finalmente concedido en esta línea concreta.
La Albufera contará con actuaciones por 56,3 millones de euros
La recuperación medioambiental de l’Albufera de Valencia ocupa igualmente un apartado específico en el balance.
El Gobierno contempla 56,3 millones de euros en actuaciones de nueva incorporación destinadas a recuperar y mejorar la resiliencia de este espacio natural.
El programa comprende cuatro líneas estratégicas y 14 medidas, con un ámbito administrativo que alcanza a 65 municipios y un área global de influencia de 1.184 kilómetros cuadrados.
La recuperación de l’Albufera resulta especialmente importante por los daños ecológicos provocados por la llegada de residuos, sedimentos y materiales arrastrados durante las inundaciones.
La protección del parque natural y de su entorno requiere una estrategia que combine limpieza, restauración ambiental, mejora de infraestructuras y prevención de futuras agresiones.
Además, la Fundación Biodiversidad ha adjudicado cinco millones de euros a nueve proyectos vinculados a restauración, recuperación, empleo y capacitación en municipios afectados por la DANA, con participación de ayuntamientos, organizaciones sectoriales, entidades científicas y asociaciones ambientales y sociales.
Más de 33.000 trabajadores beneficiados por los ERTE
Las consecuencias de la catástrofe también se trasladaron al mercado laboral, provocando cierres temporales de empresas, paralización de actividades productivas y dificultades para miles de trabajadores.
Según el informe, se tramitaron 4.169 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, que beneficiaron a 33.642 personas trabajadoras.
Las prestaciones abonadas alcanzan los 49.314.693 euros, mientras que las exoneraciones de cotizaciones sociales ascienden a 21.197.979 euros.
El Gobierno también registra 5.295 beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad destinada a autónomos afectados por la DANA.
En el ámbito de la protección social, se han incrementado 23.468 prestaciones correspondientes al Ingreso Mínimo Vital y al complemento de ayuda para la infancia, además de 111 beneficiarios de incrementos extraordinarios de pensiones.
Más de 3.100 personas contratadas para colaborar en la reconstrucción
El Ejecutivo central ha financiado programas extraordinarios de empleo destinados a apoyar a los municipios afectados.
Uno de ellos ha permitido la contratación de 3.122 personas a través de 74 solicitudes presentadas por ayuntamientos, con un importe abonado de 35.770.568,64 euros.
Por otra parte, el Plan DANA Ocupación ha beneficiado a 86 entidades, con 1.974 contratos solicitados y aprobados y un importe abonado de 14.737.727,29 euros.
Estos programas han contribuido a reforzar las tareas de recuperación y rehabilitación, aunque resulta necesario distinguir entre las contrataciones destinadas a trabajos de apoyo y la necesidad de disponer de personal técnico especializado para redactar proyectos, tramitar contratos y gestionar inversiones millonarias.
Precisamente, uno de los retos pendientes consiste en reforzar la capacidad administrativa y técnica de los consistorios, especialmente cuando deben gestionar simultáneamente actuaciones ordinarias y proyectos extraordinarios de reconstrucción.
Más de 800 millones en préstamos y avales para empresas y autónomos
Además de las subvenciones, el Gobierno ha puesto en marcha diferentes instrumentos financieros para facilitar liquidez y financiación a los afectados.
El balance recoge 3.542 préstamos y avales concedidos, con un volumen financiado o avalado de 808.144.401 euros.
La línea de avales del Instituto de Crédito Oficial concentra la mayor parte de estas operaciones, con 3.470 actuaciones y un importe financiado de 769.112.461 euros.
El documento también recoge operaciones de la línea Reinicia+ FAIIP DANA, con 10,6 millones formalizados y 9,69 millones desembolsados, así como otras líneas específicas vinculadas a actividades económicas.
En el ámbito empresarial, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación ha recibido 39 peticiones de reestructuración o moratoria de deuda, de las cuales 34 han sido aprobadas y firmadas, cuatro rechazadas y una retirada.
Asimismo, las líneas de financiación CDTI LIC y LICA DANA han recibido 70 solicitudes por un valor total de 87,42 millones de euros. De estas, se han aprobado 31 ayudas con una aportación pública de 23,91 millones, mientras que 13 permanecían en evaluación y 26 habían sido rechazadas.
Las ayudas sociales alcanzan a decenas de municipios afectados
Las actuaciones de carácter social constituyen otro de los grandes apartados del balance gubernamental.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha destinado 40,75 millones de euros a 67 municipios afectados para financiar actuaciones de respuesta a las necesidades de los servicios sociales municipales.
También se han previsto 1,7 millones de euros para actuaciones de accesibilidad en 26 municipios y se han concedido 5,7 millones a organizaciones del tercer sector y entidades relacionadas con el trabajo social y la atención a colectivos vulnerables.
Las entidades dedicadas a la protección animal han recibido 300.000 euros para atender las necesidades de centros y refugios afectados.
En el ámbito de la infancia, adolescencia y juventud, el Gobierno informa del abono de 34,17 millones de euros a municipios afectados y otros 5,75 millones destinados a entidades de la sociedad civil.
Igualmente, se han abonado 10 millones de euros mediante 79 convenios con entidades locales para desarrollar actuaciones prioritarias vinculadas a los planes de acción local de la Agenda Urbana.
Las ayudas dirigidas a garantizar la protección de las víctimas de violencia contra las mujeres ascienden a 494.477 euros.
Más de 200 viviendas puestas a disposición de los afectados
La pérdida de viviendas y las dificultades de alojamiento temporal también han requerido actuaciones específicas.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha puesto a disposición de las personas afectadas 207 viviendas previamente adecuadas y equipadas, mediante un programa desarrollado en colaboración con la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos.
Según el balance, se han formalizado 168 contratos de cesión gratuita.
Por otra parte, CASA 47 ha adquirido 26 viviendas por 2.131.688,35 euros, de las cuales cuatro se destinan directamente al realojo de familias afectadas y otras 22 se han incorporado al Parque Estatal de Vivienda Asequible.
El informe recoge igualmente una convocatoria de 67 viviendas de alquiler asequible en municipios afectados de la provincia de Valencia, todas ellas adjudicadas provisionalmente, con 29 contratos firmados.
También contempla la construcción de 30 viviendas de alquiler asequible en La Celadilla, en Utiel, y una convocatoria para la cesión gratuita de solares municipales destinada a construir viviendas permanentes de alquiler asequible, con un presupuesto máximo de 22,86 millones de euros.
Estas medidas tratan de responder a las necesidades residenciales derivadas de la catástrofe, aunque la magnitud del problema exige mantener la atención sobre las familias que todavía necesitan soluciones habitacionales estables.
La ayuda a estudiantes supera los seis millones de euros
La recuperación de la normalidad educativa también ha necesitado medidas extraordinarias para sustituir materiales escolares destruidos durante las inundaciones.
Las ayudas destinadas a estudiantes universitarios para reponer material de estudio han permitido abonar 1.140.000 euros en una primera convocatoria y otros 142.200 euros en una segunda.
En total, ambas convocatorias suman 2.137 ayudas concedidas.
Por su parte, los estudiantes no universitarios y las familias con hijos escolarizados han recibido 4.741.200 euros para reponer libros de texto y material escolar, con 7.902 solicitudes concedidas de las 10.660 registradas.
El sector cultural y las instalaciones deportivas también reciben fondos
El Gobierno ha destinado ayudas específicas a actividades culturales y deportivas que sufrieron daños como consecuencia de las inundaciones.
En el caso de las salas de exhibición cinematográfica y librerías independientes, se han concedido 17 ayudas por valor de 453.000 euros.
Las asociaciones del sector cultural han recibido 1,2 millones de euros, mientras que las ayudas destinadas a empresas editoriales afectadas han alcanzado los 141.000 euros, distribuidos entre 18 beneficiarios.
En instalaciones deportivas, el Gobierno ha registrado 17 solicitudes para reparar, reconstruir o reponer equipamientos y servicios deportivos, de las cuales siete han sido concedidas, con un importe total de 387.187,93 euros.
La recuperación de instalaciones culturales, deportivas y educativas constituye un aspecto importante de la normalización de la vida social de los municipios devastados.
Más de 33.000 militares movilizados y 12.800 misiones realizadas
El balance incluye también el despliegue extraordinario de las Fuerzas Armadas durante las tareas de emergencia y recuperación.
Según los datos oficiales, se movilizaron 33.885 militares, además de 27 psicólogos y cinco psiquiatras.
Los efectivos desarrollaron más de 12.800 misiones, utilizando un total de 2.275 medios especializados terrestres, aéreos y acuáticos, entre ellos vehículos de intervención, transporte, maquinaria de ingenieros, helicópteros, aviones, buques, drones y ambulancias.
El informe detalla igualmente que se han completado 3.085 misiones en garajes e infraestructuras situadas bajo el nivel de superficie, tareas especialmente complejas por la acumulación de agua, barro, vehículos y materiales arrastrados por la riada.
Los incentivos al rendimiento del personal militar movilizado han supuesto 51,9 millones de euros.
Cerca de 10.000 policías nacionales y guardias civiles desplegados
El operativo de seguridad desarrollado tras la catástrofe también movilizó a miles de agentes.
El Gobierno contabiliza 9.728 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, distribuidos entre 4.438 policías nacionales y 5.290 guardias civiles.
El despliegue contó con 1.900 vehículos y medios especializados, incluidos un avión, diez helicópteros, 85 drones, diez embarcaciones, 23 autobuses y más de 800 vehículos todoterreno.
Los gastos de personal movilizado sufragados por el programa de contingencias ascienden provisionalmente a 23,24 millones de euros, a los que se añaden otros 13,94 millones por alojamientos, manutención y otros gastos corrientes.
Oficinas de atención y regularización de personas extranjeras
La Administración General del Estado también puso en marcha servicios extraordinarios para facilitar la tramitación de ayudas y resolver situaciones administrativas derivadas de la catástrofe.
En concreto, se habilitaron 22 oficinas temporales de atención a la ciudadanía y 13 puntos de información tributaria.
La Agencia Tributaria atendió presencialmente a 5.272 ciudadanos y profesionales en las oficinas habilitadas en Valencia y gestionó 106.182 llamadas relacionadas con la DANA.
También se creó un servicio telefónico específico para agricultores afectados, que recibió 30.881 llamadas.
En materia de extranjería, se registraron 37.448 solicitudes relacionadas con autorizaciones de residencia para personas que tenían su domicilio o lugar de trabajo en municipios afectados.
De ese total, 33.044 expedientes habían sido resueltos favorablemente y 101 permanecían en tramitación.
Distribución de alimentos y atención a la salud mental
Durante la emergencia y las fases posteriores de recuperación, el Gobierno también desarrolló actuaciones de asistencia alimentaria y apoyo psicológico.
Según el documento, se adquirieron y distribuyeron 1.349.541 kilogramos de alimentos frescos, principalmente frutas y hortalizas, junto con 250.702 menús calientes destinados a los territorios afectados.
Además, se facilitó el transporte a minoristas de 44.376 kilogramos de productos adquiridos en Mercavalencia.
Las actuaciones de apoyo logístico y distribución alimentaria han supuesto una ejecución de cuatro millones de euros.
En materia sanitaria, se destinaron 1.261.203 euros a la creación de unidades de emergencia de salud mental para atender a la población afectada.
La atención psicológica constituye una parte importante de la recuperación, especialmente para las familias que sufrieron pérdidas humanas, daños graves en sus viviendas o experiencias traumáticas durante las inundaciones.
Europa aporta 946 millones del Fondo de Solidaridad
El balance estatal también informa de la aprobación por parte de la Comisión Europea de una aportación de 946 millones de euros procedentes del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.
Estos recursos están destinados a contribuir a las actuaciones de emergencia, rehabilitación y reconstrucción necesarias para paliar los efectos de la DANA.
Esta financiación europea se suma a los programas extraordinarios impulsados por las administraciones españolas, aunque debe diferenciarse entre las cantidades aprobadas, las asignadas y las efectivamente ejecutadas.
El gran problema pendiente: convertir los millones en obras y reforzar los servicios técnicos municipales
El conjunto de las cifras refleja la dimensión económica de una catástrofe que alteró profundamente la vida de miles de valencianos y obligó a movilizar recursos extraordinarios.
Sin embargo, cuando se cumplen dos años de la tragedia, una de las principales cuestiones pendientes no es solamente conocer cuánto dinero ha anunciado o transferido cada administración, sino determinar qué porcentaje se ha transformado realmente en infraestructuras recuperadas, actuaciones preventivas y mejoras materiales para la población.
La falta de personal técnico en numerosos ayuntamientos afectados constituye un problema especialmente relevante para explicar las dificultades de ejecución de los fondos transferidos.
Los municipios necesitan arquitectos e ingenieros para proyectar y supervisar las obras, técnicos de contratación para preparar los procedimientos administrativos, personal de intervención para fiscalizar el gasto y funcionarios especializados para justificar las subvenciones y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales.
Cuando una catástrofe multiplica de forma repentina las necesidades de inversión, las estructuras administrativas ordinarias pueden resultar insuficientes.
Esta situación requiere una respuesta coordinada entre el Gobierno central, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y las administraciones locales para facilitar asistencia técnica, reforzar plantillas y agilizar los procedimientos de reconstrucción.
El objetivo no debería limitarse a aumentar las partidas presupuestarias, sino a garantizar que los recursos disponibles puedan utilizarse de forma efectiva, con seguridad jurídica y dentro de unos plazos razonables.
Dos años después, las cifras no pueden sustituir a los resultados
El Gobierno central presenta un balance de más de 10.028 millones de euros empleados sobre los 16.600 millones movilizados, una cantidad extraordinaria que incluye ayudas directas, indemnizaciones, subvenciones, préstamos, avales e inversiones realizadas por organismos públicos.
Pero ese volumen económico no permite concluir que la reconstrucción esté completada.
Tampoco permite determinar, sin disponer de los correspondientes datos municipales de ejecución, cuánto dinero transferido a los ayuntamientos permanece todavía pendiente de utilización.
La realidad de los municipios afectados debe medirse en infraestructuras reparadas, colegios recuperados, calles reconstruidas, redes de saneamiento operativas, viviendas rehabilitadas, caminos rurales restaurados y actuaciones hidráulicas capaces de reducir los riesgos de futuras inundaciones.
Dos años después de la DANA, continúa siendo imprescindible que las administraciones ofrezcan información detallada y transparente sobre los recursos recibidos, los proyectos aprobados, las obras adjudicadas, los trabajos finalizados y los fondos que todavía están pendientes de ejecutar.
La tragedia del 29 de octubre de 2024 dejó al descubierto importantes vulnerabilidades en la prevención de inundaciones, en la planificación territorial y en la capacidad de respuesta de las administraciones públicas ante una emergencia de dimensiones extraordinarias.
Ahora, dos años después, el gran desafío consiste en evitar que la reconstrucción se vea ralentizada por obstáculos burocráticos, insuficiencia de recursos humanos o falta de coordinación institucional.
Porque los millones anunciados no reconstruyen por sí solos los municipios. Para que el dinero se convierta en obras hacen falta técnicos, proyectos, coordinación administrativa y voluntad de acelerar una recuperación que miles de valencianos siguen esperando.