El Gobierno valenciano ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat a actuar contra el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Ejecutivo central, habilitando la adopción de todas las medidas legales necesarias, incluidas posibles medidas cautelares de suspensión.
El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha comunicado este acuerdo adoptado este viernes, justificándolo en el impacto que, según el Ejecutivo autonómico, puede tener en la organización, financiación y prestación de los servicios públicos, así como en la presión sobre la vivienda.
Preocupación por el impacto económico
Desde el Consell se considera que el proceso presenta un impacto económico “desconocido”, al no contar con una memoria económica ni compensaciones para los territorios.
Además, advierten de que el decreto introduce cambios con efectos directos sobre la capacidad de respuesta de las comunidades autónomas sin planificación previa ni financiación suficiente, lo que podría generar tensiones en servicios esenciales.
Defensa de una política migratoria ordenada
Barrachina ha defendido que la política migratoria debe desarrollarse de forma “ordenada, legal y conforme a la capacidad de acogida”, evitando trasladar la presión a los sistemas públicos gestionados por las autonomías.
En este sentido, ha insistido en que la decisión no responde a criterios ideológicos, sino a la necesidad de garantizar una gestión eficaz y sostenible.
El portavoz ha subrayado que el objetivo del recurso es proteger la calidad de los servicios públicos y asegurar que se pueda seguir atendiendo adecuadamente a toda la ciudadanía, en un contexto de equilibrio entre recursos y demanda.