Añadir El Periódico de Aquí como fuente preferida de Google de forma gratuita.
La Comunitat Valenciana recibirá una inversión de 50,13 millones de euros para el mantenimiento de sus carreteras estatales. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado varios contratos destinados a la conservación de 354 kilómetros de vías, de los cuales 160 corresponden a autovías, con actuaciones repartidas entre las provincias de Alicante y Castellón.
Según ha informado el Ministerio, los trabajos se enmarcan en el programa de conservación de la Red de Carreteras del Estado y buscan garantizar la seguridad vial y las condiciones de circulación, con tareas que incluyen la atención de accidentes, la vialidad invernal y el mantenimiento de instalaciones.
Dos lotes para Alicante
La provincia de Alicante concentra la mayor parte de la inversión, con dos lotes que suman 170,2 kilómetros de carreteras, 160,8 de ellos de autovías. El primer lote, dotado con 24,4 millones de euros, incluye tramos de la A-31, la A-7, la A-70, la A-77, la A-77A y la N-330, además de la iluminación de los ramales del enlace de la A-31 que da acceso al Puerto de Alicante y la reordenación del enlace entre la A-7, la AP-7 y la CV-875 en Crevillent.
El segundo lote alicantino, con un presupuesto de 14,9 millones de euros, afecta a la N-344, la A-33 y otro tramo de la A-31, e incluye la ejecución de nuevos carriles de cambio de velocidad y de trenzado en esta última autovía.
165 kilómetros en Castellón
En la provincia de Castellón, el Ministerio ha licitado un lote de 10,7 millones de euros para la conservación de 164,8 kilómetros de carreteras, entre ellas la N-340, la N-232, la N-232A y la N-238.
Contratos a tres años
Los contratos tendrán una duración inicial de tres años, ampliable con una prórroga de dos años más otra adicional de hasta nueve meses. Además de las labores de conservación ordinaria, los pliegos incorporan medidas de eficiencia energética, como el autoconsumo o la incorporación de vehículos eléctricos, y exigen a las empresas adjudicatarias la presentación de un plan de descarbonización en los primeros seis meses del contrato.