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La Comunitat Valenciana podría crear 12.704 nuevos empleos en el sector de la dependencia gracias al incremento de la financiación estatal aprobado por el Gobierno. Así lo estima el Ministerio de Derechos Sociales, que calcula que la autonomía recibirá 535 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027, una inyección económica destinada a reforzar la atención a las personas dependientes y reducir las listas de espera.
Según las previsiones del Ejecutivo, este aumento de recursos permitirá incorporar 61.727 nuevos beneficiarios al sistema valenciano de dependencia y reducir en 4.471 personas la lista de espera durante los próximos dos años.
Más financiación para ampliar la atención
La medida forma parte del decreto ley aprobado esta semana por el Congreso de los Diputados, que incrementa las cuantías que el Estado transfiere a las comunidades autónomas en función del número de personas con prestaciones reconocidas y del grado de dependencia. Estas aportaciones, que comenzaron a abonarse en julio, han aumentado una media del 82%.
En el caso de la Comunitat Valenciana, el reparto contempla 178,3 millones de euros en 2026 y 356,7 millones en 2027, hasta alcanzar los 535 millones adicionales.
A escala nacional, el Gobierno prevé destinar 6.200 millones de euros más entre ambos ejercicios, con el objetivo de atender a 417.000 nuevos beneficiarios, reducir las listas de espera en 71.000 personas y favorecer la creación de hasta 115.000 empleos en el conjunto del país.
Menos burocracia y más derechos
Junto al incremento de la financiación, el Congreso también ha dado luz verde a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que ahora continuará su tramitación en el Senado.
La nueva normativa amplía derechos y servicios, elimina algunas incompatibilidades entre prestaciones y reduce la carga burocrática para agilizar el acceso al sistema. Entre las novedades figura la posibilidad de compatibilizar más ayudas, la ampliación del servicio de asistencia personal más allá del domicilio o el reconocimiento como cuidadores de personas que no pertenezcan al entorno familiar.
Además, la reforma establece que las personas con grado I de dependencia tendrán reconocido automáticamente un 33% de discapacidad, mientras que quienes obtengan un grado II o III podrán acceder directamente al 65%, con el objetivo de simplificar trámites y acelerar el acceso a prestaciones y recursos.
Mejorar las condiciones laborales del sector
El Ministerio de Derechos Sociales sostiene que este incremento de financiación permitirá no solo ampliar la cobertura del sistema, sino también mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la dependencia, un sector altamente feminizado.
Para ello, el departamento ha abierto una mesa de diálogo con sindicatos y patronal con el objetivo de impulsar mejoras salariales, mayor estabilidad laboral y más formación para los trabajadores que prestan estos cuidados.
Con este refuerzo económico, la Comunitat Valenciana se sitúa entre las autonomías que recibirán una mayor financiación adicional, solo por detrás de Andalucía, Madrid y Cataluña, consolidando la dependencia como uno de los principales ámbitos de inversión social previstos para los próximos años.