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La Generalitat ha elevado hasta los 32,7 millones de euros los recursos destinados este año al sector pesquero valenciano, un 47% más que en 2025, según ha explicado el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina. El departamento mantiene además una defensa activa ante las instituciones europeas para lograr una regulación adaptada a la realidad de la pesca mediterránea.
Barrachina ha hecho estas declaraciones durante la clausura de la jornada 'Presente y futuro de la pesca valenciana', organizada por ESdiario en la Cofradía de Pescadores de Peníscola, donde ha trasladado a los profesionales del sector el compromiso del Consell ante las dificultades que atraviesa la actividad pesquera.
Cómo se reparte el presupuesto
El incremento presupuestario se distribuye de la siguiente manera:
- 15,5 millones de euros para transformación y comercialización, casi un 60% más que el año anterior
- 8,7 millones de euros para paradas biológicas
- 5 millones de euros para ayudas a inversiones a través de los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero (GALP), una partida que crece un 150%
- 1,25 millones de euros en ayudas directas a las cofradías de pescadores
Las ayudas llegan a cofradías y federaciones de las tres provincias y, en Castellón, a puertos como Vinaròs, Benicarló, Borriana, Castelló de la Plana y Peníscola.
Una normativa a medida del Mediterráneo
El conseller ha recordado el encuentro mantenido el pasado 3 de septiembre en Bruselas entre las comunidades autónomas del litoral mediterráneo español y el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, para trasladar las reivindicaciones de una flota fundamentalmente artesanal, formada en buena medida por pequeñas empresas familiares.
"No se puede regular nuestro mar bajo los mismos criterios que se aplican al Atlántico o al Mar del Norte. Nuestras aguas son distintas, nuestra pesca es artesanal y nuestras normas tienen que adaptarse a nuestra realidad", ha afirmado Barrachina.
Entre las principales reivindicaciones trasladadas a Bruselas figuran el reconocimiento jurídico de la flota costera-litoral, la simplificación de los controles administrativos y que las decisiones sobre restricciones de días de pesca o capturas incorporen también su impacto social y económico. Las comunidades mediterráneas han planteado además revisar el sistema de esfuerzo pesquero y evitar la doble limitación de jornadas y capturas.
"Más recursos aquí y más voz en Bruselas. Ese es nuestro compromiso con quienes viven del mar y con unas empresas familiares que necesitan rentabilidad, relevo generacional y unas normas adaptadas a la realidad de la pesca mediterránea", ha concluido el conseller.