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Hay decisiones administrativas que, siendo aparentemente impecables desde un punto de vista formal, resultan difícilmente comprensibles desde la lógica, la oportunidad política y el respeto hacia quienes deben cumplirlas. El requerimiento publicado por la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana el 30 de julio pertenece a esa categoría.
Cuando miles de trabajadores preparan sus vacaciones, cuando las empresas reducen plantillas, cuando gestorías, asesorías y departamentos administrativos funcionan bajo mínimos y cuando buena parte de las redacciones afrontan el verano con servicios mínimos, la Generalitat decide abrir un nuevo frente burocrático con decenas de medios de comunicación valencianos.
El documento, firmado electrónicamente el 30 de julio de 2026, exige a los beneficiarios potenciales de las ayudas al fomento del valenciano acreditar nuevamente el cumplimiento de diversos requisitos mediante la aportación de una extensa relación individualizada de noticias publicadas en valenciano durante el periodo subvencionable.
La Administración concede diez días hábiles para presentar toda esa documentación.
Sobre el papel puede parecer un plazo suficiente.
En la práctica supone obligar a decenas de empresas periodísticas a reorganizar sus recursos precisamente cuando menos capacidad tienen para hacerlo.
Un requerimiento que afecta a gran parte del mapa mediático valenciano
No se trata de un expediente aislado ni de un problema particular.
El listado incorporado al requerimiento incluye periódicos digitales, radios, revistas y medios de comunicaciónrepartidos por prácticamente toda la Comunitat Valenciana.
Entre ellos figura ElPeriódicoDeAquí.com, además de numerosas cabeceras provinciales, comarcales y locales.
Es decir, la decisión tiene un alcance colectivo.
Y precisamente por ello sorprende todavía más que se haya optado por activar el procedimiento justo antes de agosto.
No basta con cumplir la ley
La Administración tiene derecho a comprobar que quienes solicitan subvenciones cumplen las bases.
Eso nadie lo discute.
Pero una Administración moderna debe aspirar a algo más que cumplir estrictamente los plazos.
Debe actuar con criterios de eficacia, proporcionalidad, colaboración y sentido común.
Porque gobernar también consiste en facilitar el cumplimiento de las obligaciones administrativas y no en complicarlas innecesariamente.
Resulta difícil encontrar una explicación convincente que justifique por qué este requerimiento no pudo notificarse durante junio o la primera quincena de julio, cuando las empresas todavía desarrollaban su actividad con relativa normalidad.
Tampoco parece evidente qué perjuicio habría supuesto esperar apenas unas semanas y trasladarlo a septiembre, cuando las plantillas vuelven a estar plenamente operativas.
Un nuevo ejemplo de burocracia desconectada de la realidad
Las pequeñas y medianas empresas periodísticas no cuentan con departamentos jurídicos de veinte personas ni con equipos administrativos sobredimensionados.
Muchas funcionan con estructuras muy ajustadas.
Cada periodista desempeña varias funciones.
Cada administrativo multiplica tareas.
Cada ausencia durante agosto obliga a reorganizar completamente la empresa.
Precisamente por ello, cualquier requerimiento de estas características supone dedicar horas de trabajo extraordinarias a localizar publicaciones, revisar contenidos, recopilar enlaces, elaborar relaciones individualizadas y verificar datos administrativos.
No es una simple firma electrónica.
Es un trabajo complejo.
Y hacerlo coincidir con agosto convierte una obligación administrativa en un problema añadido para empresas que llevan años soportando un mercado publicitario cada vez más difícil.
Una decisión que inevitablemente genera sospechas
La Generalitat puede defender que ha actuado conforme a la convocatoria.
Seguramente sea así.
Pero en política, como en la comunicación institucional, las formas importan tanto como el fondo.
Cuando una Administración elige el peor momento posible para exigir nueva documentación a decenas de empresas privadas, resulta inevitable que surjan preguntas.
¿Por qué ahora?
¿Por qué no antes?
¿Por qué no después?
Son interrogantes legítimos que nacen de la propia cronología de los hechos.
Porque, aunque jurídicamente el procedimiento pueda ser correcto, políticamente transmite una imagen muy distinta.
Da la sensación de que el calendario administrativo vive completamente ajeno a la realidad del sector al que se dirige.
Y esa percepción acaba erosionando la confianza entre la Administración y unos medios de comunicación que, además de informar cada día a los ciudadanos, sobreviven en un contexto económico especialmente complejo.
La Generalitat tenía derecho a requerir documentación.
Lo que muchos profesionales cuestionarán es el momento elegido. Porque publicar un requerimiento de estas características el 30 de julio y obligar a responder durante el mes de agosto difícilmente puede calificarse como una decisión sensible con la realidad de los medios valencianos. En ocasiones, una fecha dice tanto como el propio contenido de una resolución. Y esta, sin duda, dará mucho que hablar.