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La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha concedido 767.386,09 euros en ayudas para impulsar la digitalización de las pequeñas y medianas empresas y microempresas de la Comunitat Valenciana. Los fondos permitirán financiar proyectos destinados a incorporar tecnologías digitales avanzadas y mejorar la competitividad del tejido productivo valenciano.
La iniciativa forma parte de la convocatoria INTECA 2026 y está integrada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.
En esta edición se han presentado 101 solicitudes, de las que 46 empresas recibirán finalmente apoyo económico, según la resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Además, se ha establecido una lista de reserva con otros 16 expedientes, que podrían acceder a las ayudas si se amplía la disponibilidad presupuestaria o alguna de las empresas beneficiarias renuncia o pierde el derecho a la subvención.
Hasta 100.000 euros por proyecto
Las ayudas cubrirán el 70 % del gasto justificado y considerado subvencionable, con un importe mínimo de 5.000 euros y un máximo de 100.000 euros por proyecto. El objetivo es facilitar que las pequeñas empresas puedan afrontar inversiones que aceleren su transformación digital.
Entre los gastos que podrán financiarse se encuentran los servicios de consultoría especializada, tanto para diagnosticar las necesidades de las empresas como para implantar soluciones digitales, además de la adquisición de software avanzado y el desarrollo de aplicaciones a medida.
También se contempla la incorporación de hardware y tecnologías vinculadas a la Industria 4.0, como sensores y equipos inteligentes, así como herramientas relacionadas con la inteligencia artificial, el big data y el internet de las cosas.
Por el contrario, la convocatoria deja fuera los gastos de personal y formación, los impuestos y las adquisiciones de carácter generalista.
Compromiso con el empleo y la actividad
Las empresas beneficiarias deberán cumplir una serie de condiciones vinculadas al mantenimiento de la actividad económica. En concreto, tendrán que mantener las inversiones subvencionadas durante al menos dos años desde el pago de la ayuda, un periodo que se eleva a cinco años cuando se trate de bienes susceptibles de inscripción en un registro público.
Asimismo, deberán crear en España los puestos de trabajo necesarios para desarrollar la actividad subvencionada, con personal contratado y dado de alta en la Seguridad Social.
Las empresas también estarán obligadas a informar del origen público y europeo de la financiación recibida.
La convocatoria establece que los proyectos subvencionados deberán haberse iniciado a partir del 1 de enero de 2026 y estar completamente ejecutados y pagados antes del 28 de abril de 2026, fecha de publicación de la convocatoria en el DOGV.