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La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic ha llamado a "vaciar los centros educativos" de la Comunitat Valenciana el miércoles 11 de noviembre. La entidad pide a la comunidad educativa que se sume a la huelga general convocada en toda España y plantea que ese día se interrumpa la actividad lectiva como gesto colectivo de apoyo al paro.
En el comunicado difundido este lunes, la plataforma también anima a participar en las manifestaciones convocadas en Valencia, Alicante y Castellón. Su propuesta es encabezar el bloque educativo en las movilizaciones para dar visibilidad a las reivindicaciones del sector.
Qué reclama la comunidad educativa
La plataforma vincula la defensa de la enseñanza pública con el acceso a una vivienda digna y la mejora de las condiciones laborales. Su portavoz, Elisabet García, sostiene que reforzar la educación, la sanidad y el resto de los servicios públicos debe ir acompañado de medidas que faciliten el acceso a la vivienda y garanticen unas condiciones de trabajo adecuadas.
El llamamiento se enmarca en la huelga general de 24 horas convocada por CCOO y UGT bajo el lema "Salarios, vivienda, precios". En la Comunitat Valenciana, STEPV, CCOO y UGT ya habían anunciado en octubre que llamarían al profesorado a secundar el paro con reivindicaciones propias, como la reducción de las ratios, la cobertura de las sustituciones y la recuperación del poder adquisitivo de los docentes.
La Federación de Enseñanza de CCOO también ha convocado al personal de los sectores socioeducativos. El sindicato señala que la precariedad, la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo afectan al conjunto de las plantillas y reclama más financiación para la educación pública.
¿Qué pasará con las clases el 11 de noviembre?
El llamamiento de la plataforma busca que se pare la actividad lectiva. La actividad de cada centro dependerá del seguimiento de la huelga y de los servicios mínimos que se establezcan. El comunicado difundido este lunes no concreta cómo se organizará la jornada en colegios e institutos.
En el caso del alumnado, la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación prevé que, a partir de 3.º de ESO, la decisión colectiva de no asistir a clase no pueda sancionarse cuando se adopte en ejercicio del derecho de reunión y se comunique previamente a la dirección del centro.