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Ceuta atraviesa una crisis migratoria, logística y social sin precedentes en su historia reciente. Según las primeras estimaciones que manejan las fuerzas de seguridad, más de 40.000 personas —cifra que algunas fuentes elevan a cerca de 50.000— han accedido de manera irregular en los últimos días, concentrándose la inmensa mayoría de las entradas el pasado jueves. Este volumen supera ampliamente la crisis de mayo de 2021, cuando entraron más de 10.000 migrantes, y supone incrementar de golpe en prácticamente un 50% la población censada del enclave (83.600 habitantes). La ciudad ha amanecido este viernes convertida en un dormitorio improvisado, con cientos de jóvenes y niños durmiendo a la intemperie en parques y accesos públicos. Ante este escenario, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado —reforzadas por el Ejército de Tierra, unidades marítimas y helicópteros— mantienen el despliegue de contención, mientras en la vecina Melilla la Delegación del Gobierno ordenó el cierre de la frontera de Beni Enzar tras la entrada de entre 300 y 400 personas durante la noche.
Muelle del Tarajal: víctimas mortales y colapso asistencial
El impacto humano de la tragedia en el mar sigue agravándose a cada hora. Los efectivos de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han recuperado hasta el momento los cuerpos sin vida de al menos 19 migrantes, quienes fallecieron por ahogamiento al intentar bordear a nado el espigón fronterizo del Tarajal.
En el ámbito asistencial, los servicios de la ciudad se encuentran en una situación de colapso absoluto. En las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, con capacidad para 512 plazas y que acoge a más de 800 personas, se acumulan más de un millar de recién llegados. Los comercios locales han procedido al cierre preventivo y los servicios de emergencia intentan encauzar a la marea humana hacia zonas de contención provisionales para tratar de descongestionar el centro urbano.
Bulos y el factor geopolítico
El desencadenante de esta avalancha masiva responde a una confluencia de factores operativos, jurídicos y diplomáticos. Por un lado, fuentes gubernamentales destacan que la llamada se multiplicó tras la difusión en redes sociales de un bulo que aseguraba la imposibilidad de aplicar devoluciones a quienes llegaran a nado, basándose en una libre interpretación de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre expulsiones en caliente.
A ello se unió una brusca relajación de la vigilancia fronteriza por parte de las fuerzas marroquíes en Castillejos durante la jornada festiva del jueves. Pese a que Marruecos empleó posteriormente material antidisturbios y cañones de agua, la inacción inicial permitió el paso masivo de familias y jóvenes. Asimismo, los análisis de inteligencia enlazan este repunte de presión con el escenario diplomático regional: el reciente acercamiento de España a Argelia el 20 de julio, el debate parlamentario sobre la nacionalidad de los nacidos en el Sáhara Occidental o las fricciones en torno al estatus de Gibraltar y la apertura de aduanas.
Posicionamiento de las instituciones y partidos políticos
El alcance del conflicto ha derivado en un intenso choque político e institucional a nivel nacional e internacional. Por parte del Gobierno de España, el presidente Pedro Sánchez se desplaza a Ceuta acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para analizar la situación sobre el terreno y coordinar los operativos. Moncloa ha rechazado declarar la "emergencia nacional" por no encajar en la Ley de Protección Civil, pero ha ratificado un acuerdo de devolución urgente con Rabat.
Desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma, su presidente Juan Jesús Vivas (PP) ha reiterado que Ceuta vive una situación de "extrema gravedad" e "insostenible", exigiendo un mando único nacional y el traslado masivo de personas hacia la península. Por su parte, la Junta de Portavoces de la Asamblea ha criticado la pasividad inicial del Ejecutivo central y reclamado el cierre temporal de los accesos.
En el plano de la oposición, el Partido Popular ha exigido la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en un pleno extraordinario del Congreso, además de proponer la reforma inmediata de la Ley de Extranjería para garantizar el "rechazo en frontera". Alberto Núñez Feijóo ha calificado la crisis de crítica, exigiendo la máxima presencia militar. Santiago Abascal (Vox) ha tildado los hechos de "invasión", responsabilizando directamente al presidente del Gobierno y pidiendo comparecencias de urgencia en el Congreso. Desde Podemos, Pablo Fernández ha exigido la dimisión de Grande-Marlaska y el despliegue de un plan de ayuda humanitaria sanitaria.
En el contexto internacional, la Comisión Europea, a través del comisario Magnus Brunner, ha ofrecido el respaldo de Frontex. Desde la Casa Blanca se ha vinculado el suceso a las políticas migratorias europeas, mientras que el Gobierno de Italia —encabezado por Giorgia Meloni y Antonio Tajani— ha amagado con suspender el espacio Schengen con España al achacar la crisis al proceso de regularización de migrantes, palabras que provocaron la repulsa del ministro español José Manuel Albares y la citación del embajador italiano.