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La negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes arranca el curso 2026-2027 con posiciones enfrentadas. La Administración ha planteado un calendario con 47 mesas ordinarias a lo largo del curso, pero la propuesta no ha convencido a la mayoría de las organizaciones sindicales, que consideran que deja fuera buena parte de las reivindicaciones que motivaron la huelga docente del pasado curso.
El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha defendido la voluntad de la Conselleria de mantener el diálogo y ha asegurado que habrá "numerosas mesas de negociación porque nuestra voluntad es continuar dialogando y estamos abiertos a la mejora". Además, ha invitado a STEPV, CCOO y UGT a adherirse al acuerdo de incremento salarial que se está aplicando desde septiembre.
La Conselleria también señala que ya está poniendo en marcha algunas de las medidas incluidas en el plan presentado durante el curso pasado, entre ellas el incremento salarial, el plan Educlima, la simplificación administrativa y actuaciones de mejora de las infraestructuras educativas.
Los sindicatos reclaman recuperar las reivindicaciones de la huelga
El STEPV considera, sin embargo, que el calendario propuesto no incorpora los principales asuntos pendientes de la plataforma reivindicativa que dio lugar a la huelga de docentes de mayo y junio y a las movilizaciones del pasado curso.
Junto a CCOO y UGT, el sindicato reclama que se retome de forma inmediata la negociación de cuestiones como la recuperación del poder adquisitivo y la mejora de la educación en valenciano.
STEPV sostiene que la estrategia de la Conselleria "continua siendo la provocación y el enfrentamiento con el profesorado" y defiende mantener la movilización. En este sentido, anima a participar en la manifestación de la tarde del 9 d'Octubre, que contará con un bloque educativo, además de otras movilizaciones que se anunciarán próximamente.
CSIF pide avances en ratios, plantillas e infraestructuras
También CSIF ha rechazado el calendario planteado por Educación. El sindicato considera que responde más a "un curso típico" que a una respuesta a los problemas actuales del sistema educativo y reclama avances en cuestiones como la reducción de ratios, los refuerzos de plantilla y la mejora de las infraestructuras.
La organización considera necesario adoptar medidas urgentes ante los retos señalados en el último informe PISA y ante las necesidades de acondicionamiento de los centros educativos.
CSIF también ha criticado el retraso en abordar asuntos como los desdobles en Formación Profesional y ha reclamado que se celebren más reuniones antes de mayo, fecha que considera más probable para las próximas elecciones autonómicas.
ANPE reclama una agenda con medidas concretas
Por su parte, ANPE ha presentado sus propuestas en materias como retribuciones, reducción de la burocracia, empleo, ratios, plantillas, infraestructuras y atención a la diversidad.
El sindicato defiende la negociación como la principal herramienta para alcanzar acuerdos, pero reclama a la Administración una agenda con medidas concretas.
Entre sus reivindicaciones figuran nuevas mejoras retributivas, la eliminación del límite de sexenios y la revisión de los complementos de los equipos directivos. También pide ampliar las ofertas de empleo público y mejorar las condiciones del personal interino.
En materia de organización de los centros, ANPE reclama más personal administrativo para reducir la burocracia, el desarrollo de la Ley de Autoridad del Profesorado y medidas efectivas frente a las agresiones.
El sindicato también plantea una reducción de las ratios y una revisión de las plantillas docentes para adaptarlas a las necesidades reales de cada centro, además de reforzar el personal de apoyo a la inclusión, orientación, PAE y personal no docente. Entre sus propuestas figura igualmente la implantación efectiva de la enfermería escolar.
La Coordinadora Docent denuncia retrasos en la negociación
La Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià (CADPV) también ha criticado la propuesta de la Conselleria y denuncia que la Administración está "dilatando en el tiempo" una negociación después de más de 30 días de huelga.
La coordinadora acusa a la Administración de mantener una actitud "de pasotismo deliberado y tendencioso" y considera que la situación responde a intereses políticos.
Además, denuncia el incumplimiento de resoluciones de la Inspección de Trabajo relacionadas con la climatización de determinados centros educativos. La organización asegura que trabaja junto a sindicatos y otras entidades en un nuevo proceso de movilizaciones.