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Un juzgado de Valencia ha encausado a catorce personas investigadas por presuntos sobrecostes en contratos de obras en cuarteles de la Guardia Civil, entre ellas un teniente coronel que ejerció las funciones de interventor jefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE).
La titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia considera que de las diligencias practicadas se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad por la posible comisión de delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, cohecho, tráfico de influencias y grupo criminal.
Facturas por obras no ejecutadas
Entre las supuestas irregularidades detectadas en contratos de obras públicas entre 2018 y 2022 en la Comunitat Valenciana, la magistrada destaca el fraccionamiento indebido de la facturación para eludir controles administrativos, la adjudicación reiterada de contratos a sociedades de un mismo empresario y la emisión de facturas por importes notablemente superiores al valor real de los trabajos ejecutados o, incluso, por trabajos que no llegaron a ejecutarse.
Entre los encausados figura el teniente coronel que ejerció de interventor jefe de la UGE en la 6ª Zona del Instituto Armado, así como otro agente y varios empresarios, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Una red para "enriquecer su patrimonio inmobiliario"
El auto detalla indicios que apuntan a la existencia de una supuesta "red de corrupción sistémica" liderada por el teniente coronel para, presuntamente, "enriquecer su patrimonio inmobiliario" en la localidad de Siete Aguas, mediante la ejecución de obras privadas en su vivienda a cargo de varios proveedores que eran adjudicatarios de los contratos públicos.
Por ello, la instructora ha acordado dictar el auto de procedimiento abreviado, que pone fin a la fase de instrucción, y dar traslado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral, formulen el correspondiente escrito de acusación, pidan el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
La jueza deja fuera del procedimiento a otros dos investigados, para los que acuerda el sobreseimiento provisional en el mismo auto, fechado el 20 de julio y que puede ser recurrido en reforma y/o apelación.
Sobrecostes de hasta el 200%
El principal investigado, identificado como M.Á.E.T., según un informe del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil, habría utilizado su posición como máximo responsable durante décadas de la UGE de la Guardia Civil en la Comunitat para controlar la adjudicación y validación de obras en cuarteles con prácticamente los mismos empresarios, generando sobrecostes que pudieron traducirse en un beneficio ilícito mediante fondos públicos.
La resolución judicial recoge que el teniente coronel se habría prevalido de su posición como jefe de la UGE y de la confianza depositada en él por sus mandos para, presuntamente, "crear en su propio beneficio una red de empresarios y sociedades" a través de las que pudo manipular la obra pública de la Guardia Civil.
Según los informes elaborados por la Agencia Valenciana Antifraude y por Asuntos Internos de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil, en algunas actuaciones los sobrecostes habrían rondado el 200%, y el perjuicio total para las arcas públicas asciende a decenas de miles de euros.
El auto refiere igualmente la "opacidad financiera" en la adquisición de algunas de esas propiedades inmobiliarias, por el abono de dinero en efectivo "sin trazabilidad bancaria ni soporte documental de origen".