El Consell valenciano ha aprobadoeliminar la regulación de determinadas actividades industriales comosolución para incorporar a la legislación autonómica la Directiva de Servicios2006/123/CE y su transposición al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 17/2009 de libre acceso alas actividades y servicios y su ejercicio.
El objetivo inicial era simplificar el procedimiento para la puesta enfuncionamiento de industrias e instalaciones industriales, así como agilizarlos trámites y procedimientos, pero la solución final elegida afecta gravemente a la seguridad industrial,a los consumidores y usuarios, y a las empresas y trabajadores, ya de porsí muy perjudicadas por la actual crisis económica.
Las organizaciones empresariales del sector metalmecánico de Alicante,Castellón y Valencia (FEMEVAL, FEMPA yFEMECAS ) señalan que “si cualquiera puede decir que está capacitadopara ejecutar unos trabajos sin tener que acreditarlo y sin asumirresponsabilidad alguna, tal y como aparece en el nuevo Decreto, esto va a ser un desastre. Mantener unaempresa que está autorizada y que cumple con todos los requisitos legales esmuy caro y complejo técnicamente, pero garantiza la profesionalidad y respondeante posibles eventualidades y problemas derivados de un trabajo defectuoso”.
Tras las reuniones mantenidas con el Secretario Autonómico deIndustria, José Monzonis, y con el Director General de Industria, Rafael Miró, FEMEVAL,FEMPA y FEMECAS han solicitado reiteradamente la búsqueda de alternativas que partan de la aplicación de la Directiva de Servicios yque se aporten soluciones similares a las de otras Comunidades Autónomasque, como Madrid, Murcia, Cataluña o Andalucía, entre otras, no han suprimidoel marco regulatorio de determinadas actividades industriales como las deinstalador de fontanería, responsable técnico de taller, empresas mantenedoras deascensores, de subestaciones eléctricas y de centros de transformación.
Para el metal de la Comunitat, este Decreto incidede forma grave en la seguridad industrial, contribuye a fomentar el intrusismoprofesional y la economía sumergida y, además, crea un agravio comparativo paralos profesionales valencianos de este sector, ya que en comunidades autónomascolindantes como Murcia, Cataluña o Aragón, sí que son necesarios ciertosrequisitos para ejercer estas actividades. “Parece mentira que estas sean lasmedidas de apoyo a la industria aprobadas por el Consell”, afirmandesde la representación empresarial del metal de Valencia, Alicante y Castellón.
Cabe señalar, que desde el momentoen el que se tuvo conocimiento de la Directiva de Servicios y de su transposición alordenamiento jurídico español, el sectorha apostado por el diálogo abierto con la Generalitat. Eneste sentido, se ha entregado a los distintos responsables de Industria de un Documento de Seguridad Industrial en elque se recogían propuestas, sugerencias y planteamientos para la mejora delsistema de seguridad industrial. “Perosiempre ha sido una prioridad la reivindicación de un marco regulatorio dedeterminadas actividades industriales, de las que dependen miles de empleosdirectos e indirectos”, explican desde el sector.
ElDecreto del Consell afectaal marco regulatorio del instalador de fontanería, actividad que debería mantenersepor motivos de seguridad. Con el nuevo decreto, no existe un control yuna supervisión sobre los diversos elementos de la instalación, lo que podríaafectar a la calidad del agua en cada hogar, y suponer un grave riesgo para lasalud humana. “Esta claro que la legislación que regula esta actividad, deberevisarse y adaptarse al marco legislativo actual pero no eliminar unaactividad profesional como la de Fontanería por la implicación que tiene sobrela sociedad”, explicaban desde el sector.
Porotro lado, y en referencia a la derogación de la Orden de 26 de abril de2006, por la que se regula la obligación de que los talleres de reparación de vehículos automóviles dispongan de responsable técnico, el sector defiendeque se mantenga esta figura ya que es una herramientaeficaz en la lucha contra los talleres clandestinos. “Su desaparición conllevará la proliferación de talleres ilegales, loque va en detrimento de la seguridad vial, además de servir de abono a la gravelacra que sufrimos en la actualidad, como es la economía sumergida y elintrusismo, que tanto daño hacen a las empresas que cumplen con susobligaciones legales”.
Porúltimo, el Decretoderoga la Orden de 9 de diciembre de 1987, de la Conselleria deIndustria, Comercio y Turismo, sobre mantenimiento de subestaciones eléctricasy centros de transformación, cuando existe un proyecto de ámbito nacional pararegular la referida actividad.
Lastres federaciones del metal concluyen que con este tipo de decisiones, el Consell trata de quitarse de encimacompetencias que suponen actividad y control para recortar gastos, perohaciendo dejación de las funciones propias de la Administración. Ytodo ello en perjuicio de losciudadanos.
Elsector está estudiando, junto a otros colectivos, la interposición de un recurso contencioso administrativo contra esteDecreto del Consell.