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Los fabricantes de electrodomésticos y aparatos electrónicos de España alertan de un nuevo gravamen europeosobre los residuos electrónicos que, según denuncian, encarece sus costes de producción y pone en riesgo la competitividad de la industria. Lo hacen en un documento conjunto firmado por siete asociaciones empresariales y once sistemas de gestión del reciclaje, que han pedido al Gobierno que rechace la propuesta.
Un gravamen de dos euros por kilo
La propuesta fija un gravamen de dos euros por kilo de residuos electrónicos no recogidos. Según los firmantes, supone ingresos para el presupuesto de la Unión Europea, pero no garantiza que ese dinero se dedique a la recogida y el reciclaje ni a las infraestructuras asociadas.
“Europa necesita recoger más residuos electrónicos, no simplemente recaudar más ingresos”, defienden, y añaden que no se puede resolver el problema imponiendo un gravamen a los residuos que no se recogen.
Más de 1.800 millones al año en España
Los firmantes calculan que la propuesta puede suponer una carga fiscal adicional de más de 1.800 millones de euros al año en España y de más de 17.000 millones en el conjunto de la Unión Europea.
Como ejemplo, aseguran que en mercados maduros con tasas de recogida elevadas, como el español, el gravamen supone un incremento del coste de producción de unos 100 euros por cada frigorífico y de hasta 120 euros por cada lavadora.
Advierten además de que, si España traslada el gravamen a los fabricantes por vía impositiva, como ya ha ocurrido con el impuesto a los envases de plástico no reutilizables, el sector asumirá un coste adicional importante. Según explican, eso frenará las inversiones y aumentará la complejidad administrativa. En otros Estados miembros, señalan, el gravamen se pagará con cargo a los presupuestos del Estado.
Añaden que la carga podría crecer con el tiempo por las negociaciones en el Consejo de la UE para aumentar la cuantía con ajustes anuales.
Un incentivo erróneo para la economía circular
Para los firmantes, vincular las aportaciones al presupuesto europeo a los residuos no recogidos crea un conflicto entre recaudar y mejorar las tasas de recogida. “El objetivo debe ser eliminar las deficiencias en la recogida, no monetizarlas”, sostienen.
También consideran que el gravamen va contra el impulso europeo a los productos más duraderos. Explican que los fabricantes invierten en diseños duraderos, reparación, reacondicionamiento y piezas de repuesto, entre otras cosas para cumplir el Reglamento Europeo de Ecodiseño. Sin embargo, la recogida se calcula como la diferencia entre lo que se pone en el mercado y lo que se recoge, así que cuanto más dura un aparato, más producto en uso se contabiliza como residuo no recogido.
Dudas sobre los datos
Los firmantes cuestionan la fiabilidad, la comparabilidad y la verificación de los datos nacionales de recogida con los que se calculan las aportaciones. Recuerdan que el Tribunal de Cuentas Europeo ha señalado deficiencias en el marco de verificación, entre ellas que los Estados miembros no están obligados a verificar sus datos y que Eurostat carece de base jurídica para auditarlos.
Defienden que cargos de miles de millones de euros deben basarse en cifras verificables y advierten de que las deficiencias en el cálculo distorsionan las previsiones de ingresos.
Su alternativa: mejorar el sistema actual
En lugar del gravamen, proponen aprovechar la revisión de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos para reforzar la aplicación de la norma, mejorar la trazabilidad y atajar el incumplimiento, incluido el de los vendedores online. Aseguran que los fabricantes ya hacen inversiones importantes para mejorar la recogida.
Subrayan que lograr una recogida eficaz no es responsabilidad solo de los fabricantes: exige la implicación de municipios, distribuidores, gestores de residuos, recicladores y consumidores.
Petición al Gobierno
Los firmantes aseguran que llevan meses pidiendo al Gobierno, a través de los ministerios implicados en la aprobación del Marco Financiero Plurianual de la UE, que España rechace el gravamen. En su opinión, convierte un reto medioambiental en un ejercicio presupuestario.
Quién firma
- Asociaciones empresariales: APPLiA España, AFEC, AFME, AMETIC, ANFALUM, CEPCO y FEGECA
- Sistemas de responsabilidad ampliada del productor: Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, Ecotic, ERP, EcoRAEEs, Recyclia, Reinicia y Sunreuse