El PP de Almàssera se hizo eco ayer de la sentancia del juzgado de los contencioso administrativo nº 5 de Valencia que ha condenado alAyuntamiento de Almàssera al pago de 10.893,00 euros, más intereses y costas auna trabajadora por la realización de servicios extraordinarios "sin seguir elprocedimiento legalmente establecido para tal efecto y la negativa del Alcaldea pagarle los servicios realizados por mandato de este".
Lademanda, según el PP, fue interpuesta por la propia trabajadora, ya que realizó 250 horasdurante el año 2016, (recordar que el Estatuto de los Trabajadores las limita a80) las cuales fueron aprobadas y reconocidas por el Alcalde de Almàssera, Ramón Puchades (PSOE).
"Elproblema vino cuando la trabajadora reclamó el pago de las mismas tras diversosescritos presentados en el Ayuntamiento, sin recibir respuesta alguna a suspeticiones".
Existeun Informe de la Intervención Municipal con fecha de 27 de Noviembre de 2017"donde afirma sobre este asunto, que no se había tramitado el expediente entiempo y forma. Que deberían de existir unos criterios establecidos por elpleno (los cuales no existen). Y que el servicio prestado por la trabajadora noentra dentro de las competencias de nuestro Ayuntamiento".
Lapropia Sentencia del Juzgado "evidencia la actuación irregular del Alcaldesocialista reflejando en su fundamento de derecho 'No se entiende que el mismoalcalde que certifica la realización de los servicios extraordinarios afirmedespués en su resolución que no le consta la realización de los mismos. Lasobjeciones manifestadas en el informe de intervención evidencian que no se haseguido el procedimiento legalmente establecido. Tales objeciones afectanindudablemente a la legalidad del gasto, y desde luego evidencian la existenciade una irregularidad procedimental enmateria de gasto público'", manifestaron desde el PP.
Trasel conocimiento de la Sentencia y del Informe de Intervención el PartidoPopular de Almàssera ya ha anunciado que va a presentar un escrito alTribunal de Cuentas "para que sea esta entidad la que verifique si se ha podidoincurrir en un posible delito de responsabilidad contable".