Los ingenieros valencianos vuelven a ofrecerse a la administración para aliviar el atasco en la concesión de licencias municipales

Los colegios de ingenieros agrónomos, de caminos y de industriales de la Comunidad Valenciana vuelven a ponerse a disposición de las administraciones públicas para ayudar a paliar los retrasos endémicos en la concesión de licencias de obra y actividad por parte de los ayuntamientos.

La posibilidad de la participación de los colegios profesionales en la tramitación de licencias lleva años encima de la mesa y así lo dispone la legislación vigente. Pero la indeterminación que siempre han mostrado las administraciones públicas ante esta posibilidad ha impedido profundizar en una solución que acabaría con la ralentización actual y la pérdida de ingresos que ello genera a quienes pretenden emprender una actividad económica o realizar una obra.

Los tres colegios oficiales que impulsan esta iniciativa son el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante. Según recuerdan, los colegios profesionales tienen facultades de control documental de las Administraciones Públicas según recoge la D.A. 5ª de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

Recuerdan la independencia orgánica y funcional de sus trabajadores y los códigos deontológicos y de buen gobierno que rigen en estas corporaciones, que permitirían salvaguardar este eventual trabajo y evitarían conflictos de interés en la tramitación administrativa.

En concreto, la fórmula que proponen los colegios es elaborar propuestas de verificación documental e informes técnicos de la información requerida en la concesión de licencias de obras y actividades para agilizar los tiempos de tramitación con recursos propios y sujetos a las incompatibilidades propias a los funcionarios. Estos trabajos permitirían que los funcionarios tuvieran una información de mayor calidad para poder resolver en tiempo y forma los expedientes y conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Es decir, a los funcionarios les llegarían los proyectos con el contenido, la estructura y el orden que ellos podrían tener definido para optimizar su trabajo.

Como respuesta a este grave problema que paraliza tantas inversiones y constriñe la economía, lejos de facilitar y mejorar los procesos, la normativa de las ECUV se encuentra recurrida jurídicamente, con un sistema que generó y genera interrogantes a los ingenieros.  

Contra ese sistema, los tres colegios abogan por implantar un modelo de mejora global en todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que incluya a todos los procesos y que implique a todos los agentes que intervienen en ellos.  Empezando por contar con personal suficiente y debidamente remunerado, implantando una verdadera administración electrónica y apoyándose con los colegios profesionales para ganar eficiencia y eficacia en el empleo de los recursos públicos.

Es decir, para atajar este problema en su máxima extensión, los tres colegios instan a todas las administraciones públicas, y en especial a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, a promover junto con ellos un convenio a nivel autonómico que consiga devolver los procedimientos de concesión de licencias a unos plazos razonables y que permita a estas corporaciones de derecho público profundizar en su misión, que no es otra que la de servir a la sociedad.