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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) reclama al Gobiernocentral que la nueva metodología que prevé poner en marcha para calcular lospeajes del transporte y la distribución de la energía eléctrica prescinda degastos ajenos al riego agrícola con la finalidad de abaratar más de un 30% lafactura energética a los regantes.
Entre esos gastos que laorganización agraria pide que el ejecutivo elimine de la factura eléctrica yque financie a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destacan“los incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos”(18,8% del coste total), “otros costes regulados” (9,6%) e“impuestos aplicados” a estos capítulos.
El presidente deAVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, subraya que “los agricultores ya estamosatravesando una durísima crisis de rentabilidad como para, además, pagar cuandoregamos nuestros huertos unos gastos suplementarios que no tienen nada que vercon nosotros. La normativa que necesita el sector debería dirigirse a abaratarla factura, no al revés”.
Y es que, a juicio deAVA-ASAJA, la Circular 3/2020 publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE)y su modificación adoptada en el estado de alarma por el Covid-19 auguran apartir del 1 de abril de 2021 “más costes económicos, más penalizacionespor excesos puntuales de potencia y más lío burocrático para adaptarse a lasnuevas exigencias técnicas como ocurrió en 2008”.
Aguado agrega que“el Gobierno, especialmente el ministro de Agricultura, tiene aún margende tiempo para reconducir este desaguisado y conseguir que los regantes paguenuna factura eléctrica acorde a sus necesidades y a sus posibilidadeseconómicas. Si mantiene sus planes, habrá más gastos para menos usuarios, y esosolo puede empeorar la crisis agraria y el abandono de campos”.