La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) reclama al Gobierno
central que la nueva metodología que prevé poner en marcha para calcular los
peajes del transporte y la distribución de la energía eléctrica prescinda de
gastos ajenos al riego agrícola con la finalidad de abaratar más de un 30% la
factura energética a los regantes.
Entre esos gastos que la
organización agraria pide que el ejecutivo elimine de la factura eléctrica y
que financie a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destacan
“los incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos”
(18,8% del coste total), “otros costes regulados” (9,6%) e
“impuestos aplicados” a estos capítulos.
El presidente de
AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, subraya que “los agricultores ya estamos
atravesando una durísima crisis de rentabilidad como para, además, pagar cuando
regamos nuestros huertos unos gastos suplementarios que no tienen nada que ver
con nosotros. La normativa que necesita el sector debería dirigirse a abaratar
la factura, no al revés”.
Y es que, a juicio de
AVA-ASAJA, la Circular 3/2020 publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE)
y su modificación adoptada en el estado de alarma por el Covid-19 auguran a
partir del 1 de abril de 2021 “más costes económicos, más penalizaciones
por excesos puntuales de potencia y más lío burocrático para adaptarse a las
nuevas exigencias técnicas como ocurrió en 2008”.
Aguado agrega que
“el Gobierno, especialmente el ministro de Agricultura, tiene aún margen
de tiempo para reconducir este desaguisado y conseguir que los regantes paguen
una factura eléctrica acorde a sus necesidades y a sus posibilidades
económicas. Si mantiene sus planes, habrá más gastos para menos usuarios, y eso
solo puede empeorar la crisis agraria y el abandono de campos”.
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