Un "collidor" recoge naranjas. EFE/Rubén Francés/Archivo La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal de trata y
explotación laboral de ciudadanos de Europa del Este, especialmente de
Rumanía y Bulgaria, y ha liberado a 61 víctimas, que trabajaban como
temporeros en campañas de recolección de cítricos en las provincias de
Castellón, Valencia y Lleida.
Los cabecillas de dicho entramado
criminal, un matrimonio de nacionalidad rumana, habrían captado y
traslado a España en los últimos a más mil personas, de cuyo trabajo se
habrían lucrado ilícitamente y a las que explotaban en unas condiciones
inhumanas.
En la denominada operación "Bravos" han sido
detenidas cinco personas, todas de nacionalidad rumana, a las que se les
imputan delitos de pertenencia a organización criminal y de trata de
seres humanos con fines de explotación laboral. Cuatro de ellos han
ingresado en prisión, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
Las
dos personas con más peso en esta organización delictiva son un
matrimonio, M.M y S.M, de 49 y 45 años respectivamente, afincados en la
provincia de Castellón y con antecedentes policiales por hechos
similares.
En la última fase de esta operación, los agentes han
liberado a 21 víctimas, aunque en los últimos meses se ha tomado
declaración a 61 personas que, en la mayoría de casos, han regresado a
sus países de origen, y sus manifestaciones han sido fundamentales para
corroborar los hechos.
Las víctimas eran captadas en Rumanía y
Bulgaria, aprovechando alguna situación de vulnerabilidad económica o
personal, y les ofrecían un contrato de trabajo en España con
remuneraciones en metálico, una vivienda digna y gratuita durante toda
la duración del contrato laboral, han relatado las fuentes.
La
mayoría, ante la escasez de ingresos para comprar productos de primera
necesidad como medicamentos o comida, aceptaba la oferta y en muchos
casos, se pagaban ellos mismos el traslado en autobús o incluso por vía
aérea.
Al llegar a España, y una vez distribuidos en distintas
casas, los recibía el matrimonio, quienes les informaban de que tenían
que tener solicitar documentos como el NIE para poder trabajar
legalmente y por lo que les cobraban 20 euros, pero nunca se los
llegaban a entregar.
Además, les decían que no podían salir bajo
ningún concepto de las casas, salvo para trabajar, y que tendrían que ir
siempre acompañados por personas de red delictiva investigada, que les
aleccionaban sobre qué decir ante posibles inspecciones.
También
les cobraban 3 euros diarios en concepto de traslado al trabajo y otros
75 euros mensuales en concepto de alquiler de vivienda, algo que
supuestamente era sin coste.
La jornada laboral también cambiaba
respecto a las condiciones ofertadas, ya que en realidad trabajaban 7.30
a 18.30 horas, de lunes a domingo, con un descanso de 15 minutos para
comer y descansaban solo ante inclemencias meteorológicas adversas.
Además,
al captarlos les dijeron que les pagarían en metálico pero les
obligaron a abrir una cuenta corriente para cobrar por transferencia
pero el matrimonio se apropió de sus libretas físicas y retiraba dinero a
su antojo de las nóminas que ingresaban las Empresas de Trabajo
Temporal.
La mayor parte de ese dinero lo remitían a su país de
origen para blanquearlo y a las víctimas les pagaban en metálico
cantidades irrisorias y les descontaban sus supuestas deudas e incluso
utilizaban la violencia si protestaban.
Los agentes detectaron
que, por convenio, estas recolecciones se paga a 1,20 euros por capazo, y
los jornaleros los trasladan hasta el camión pero la organización les
obligaba a cargarlo y apilarlo, cuando eso legalmente correspondería a
otra cuadrilla.
A todas estas irregularidades se suma que las
víctimas dormían y hacían vida en condiciones de hacinamiento y sin
ningún tipo de privacidad, ya que compartían habitaciones, en algunos
casos hasta 25 personas en tres habitaciones y una cocina común en una
de las casas.
La operación ha sido coordinada por el Juzgado de
Instrucción 2 de Nules (Castellón) junto a la Fiscal Delegada de
Extranjería de Castellón, y llevada a cabo por la Sección de Trata de
Seres Humanos de la UCO y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la
Comandancia de Castellón, con el apoyo de unidades como USECIC y
Servicio Cinológico.
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