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El Ayuntamiento de Sagunt instaráal Gobierno de España a mantener las oficinas del Registro Civil de Sagunt.Así lo decidió ayer de forma unánime el Pleno de la Corporación en la sesiónordinaria del mes de enero, debido a la moción de Izquierda Unida presentadapor el portavoz del grupo municipal, Guillermo Sampedro.
Los acuerdos a los que el Plenoha llegado con esta moción han sido que el Ayuntamiento de Sagunt defiende queel servicio de Registro Civil sea totalmente público y gratuito y que continúesiendo atendido como hasta el momento y que, en su defecto, lo preste personalde la Administración de Justicia. Además, también ha acordado instar alGobierno del Estado Español a que adopte las medidas oportunas y realice lasmodificaciones normativas pertinentes para que se mantengan todas las oficinasprincipales y delegadas del Registro Civil existentes en la actualidad en las cabecerasde todos los partidos judiciales y en todos los Juzgados de Paz.
Estas exigencias surgen porque,según recoge la moción, el 30 de junio de 2020 entrará en vigor de formacompleta la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil con las excepcionesindicadas en la Disposición Final Décima. Uno de sus efectos más perniciosospara el servicio público y para la ciudadanía será el cierre masivo de miles deoficinas actuales del Registro Civil en las medianas y pequeñas poblaciones.
Frente a la situación actual deoficinas principales y delegadas en todos los partidos judiciales y juzgados depaz, que son más de 7.500, la Ley 20/2011 del Registro Civil solo contempla elmantenimiento de poco más de un centenar de oficinas, al especificar en el apartado1 de su artículo 22 que en cada Comunidad Autónoma se ubicará al menos unaOficina General del Registro Civil y que el Ministerio de Justicia y lasComunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia podrán crear ensus respectivos ámbitos territoriales, además, una Oficina General del RegistroCivil por cada 500.000 habitantes. Excepcionalmente, por razón de la singulardistribución de la población o por las características del territorio, sepodrán crear otras tres Oficinas Generales en cada Comunidad Autónoma.
Esta situación conllevará a quelos vecinos y vecinas de los municipios que se vean afectados por esta norma,se verán despojados de la atención directa en este servicio y estarán obligadasa hacer las gestiones por vía telemática, a pagar por los servicios de unagestoría o despacho de abogados/as, o bien a desplazarse a la oficina delRegistro Civil de una ciudad alejada de su domicilio, siendo obviamente lossectores de población más vulnerables, como las personas mayores, con pocosrecursos o con dificultades de movilidad y de acceso a las nuevas tecnologías,los más perjudicados. Una vez entre en vigor esta Ley supondrá una nuevadiscriminación hacia lo que se viene a denominar como “España Vaciada” y portanto un impedimento más para fijar población en un territorio en donde ladespoblación ya es uno de sus principales problemas.
En este aspecto, IU recuerda quela letra l) del artículo 11. “Derechos ante el Registro Civil”, recoge elderecho de todas las personas a acceder a los servicios del Registro Civil congarantía de los principios de accesibilidad universal y diseño. Por todo ello,se hace necesario que desde los poderes públicos locales se defienda unRegistro Civil totalmente público y gratuito y el mantenimiento de todas lasoficinas para hacer efectiva esta demanda social.