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ElAyuntamiento de Riba-roja de Túria acumula ya el pago de hasta 6'4millones de euros correspondientes a las sentencias judiciales ydeudas financieras heredadas de la época gestionada por el PartidoPopular al frente de la administración local, fijada entre los años1995 y 2015. Esta cantidad puede alcanzar, sin embargo, los 42millones de euros en materia de "riesgofinanciero"sobre obligaciones y futuros litigios judiciales.
Elactual gobierno de Riba-roja de Túria -formado por el PSPV,Compromís y Esquerra Unida- ha tenido que afrontar los débitos ylos fallos jurídicos sobre diversos conflictos y litigios entre elayuntamiento y las personas físicas y jurídicas. Desde el principiode legislatura, el consistorio local ha tenido que satisfacer deudas,préstamos y obligaciones en diversos departamentos municipales.
Laprimera de las obligaciones correspondía a los 2'3 millones de eurosque debía el ayuntamiento en virtud del préstamo que en su díasolicitó al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para el pago a losproveedores. De los 3'8 millones percibidos para tal fin, a finalesde 2015 se abonaron los 2'3 millones de euros que aún faltaban parasatisfacer la totalidad del préstamo bancario.
Alos 2'3 millones del préstamo que se pagaron durante el primer añode gestión de esta legislatura hay que añadir los cerca de 1'8millones que se han abonado en virtud de las deudas y las distintassentencias que se han producido hasta el momento por litigios condiversos particulares.
Lacompensación por la ocupación de terrenos de particulares paraconstruir o llevar a cabo infraestructuras municipales ocupan elgrueso de las reclamaciones judiciales a las que el ayuntamiento seha visto obligado a afrontar. Entre ellas cabe destacar los 879.000euros que ha abonado a cuenta de los 6'7 millones de euros -segúndictamen del TSJ- que una familia reclama por el suelo de Paretotes.
Laocupación de los terrenos donde actualmente se asienta el campo defútbol figura entre una de los de mayor desembolso económico que seha atendido desde el comienzo de la legislatura, con una cifra totalde 300.000 euros. Cabe recordar que el anterior ejecutivo localacordó con los dueños una compensación urbanística a cuenta delfuturo desarrollo del plan del Calvari.
Otrosde los pagos que ha abonado durante este último año han sido losalgo más de 60.000 euros que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túriaha abonado a los antiguos propietarios donde se construyeron losdepósitos de agua potable destinados a dar servicio a los habitantesla localidad. El anterior gobierno del PP acordó con los dueños delos terrenos el pago en metálico o su compensación con otrosresultantes de la futura actuación urbanística prevista en la zona.
Lareclamación de la Diputación de Valencia es una de las que mayorvolumen que el Ayuntamiento de Riba-roja ha tenido que abonar desdeel principio del actual mandato con un total de 575.865 euroscorrespondientes a los ingresos que el ejecutivo encabezado por el exalcalde Francisco Tarazona, del Partido Popular, no realizó en lacuenta del organismo provincial en concepto del impuesto deactividades económicas (IAE) entre los años 1999 y 2014.
Otrasentencia judicial ha obligado al pago de 46.260 euros por parte delayuntamiento a la sociedad general de autores y editores (SGAE) porla emisión de obras artísticas y música sin la correspondienteautorización de esta entidad que se llevaron a cabo entre los años2007 y 2015. El fallo de los magistrados concluye que laadministración local consintió la emisión de música sujeta aderechos de autor.
Elúltimo de los pagos que deberá satisfacer el consistorio loconstituye la sentencia del TSJ sobre el proceso de adjudicación delservicio de agua potable por parte del Partido Popular en el año2012. La sentencia obliga a volver a sacar a concurso público esteservicio y, por tanto, indemnizar a la actual concesionaria con los2'3 millones de euros por las obras de modernización y mejora que harealizado en la red de agua.
Elalcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha lamentado "elpago de una cantidad desorbitada por parte del ayuntamiento por ladeficiente gestión que durante tantos años ha realizado el PartidoPopular sin tener en cuenta los intereses generales de los ciudadanosy que ahora estamos pagando y, por tanto, detrayendo de otrosservicios o conceptos a los que podríamos destinar esta cantidad dedinero".
Los6'4 millones se podrían ampliar a medio y largo plazo con el riesgofinanciero pendiente de dictaminarse, como los 25 millones de eurosque reclama el Valencia por la anulación del PAI de Porxinos, los2'7 millones que solicitan los propietarios del Barranc de les Mongeso los 2'2 millones de euros que una empresa que se incendió en elpolígono industrial reclama por la falta de ejecución de un planurbanístico.