El jefe de gabinete de Zaplana reconoce que se amañó la adjudicación de las ITV

Juan Francisco García, que fue director del gabinete de Eduardo Zaplana en la presidencia de la Generalitat Valenciana, ha admitido este martes que amañó el pliego para la privatización de las ITV valencianas con la intención de favorecer los intereses del grupo empresarial Sedesa, de la familia Cotino.

García ha explicado al tribunal del caso Erial que fue Juan Cotino, entonces director general de la Policía, quien le manifestó su interés por esa privatización, en un conversación en presencia de Zaplana.

También ha confesado que fue Cotino, una vez cerrada la adjudicación (en 1997), quien le ofreció un 30 % de los beneficios de la operación (las plusvalías que obtuvo Sedesa con la venta de la firma adjudicataria de la gestión de las ITV), que finalmente obtuvo en 2004 con la transmisión de la titularidad de una empresa radicada en Luxemburgo (Fenix) constituida años antes por los Cotino.

García, que no ha relacionado en ningún momento a Eduardo Zaplana con la titularidad real de esos fondos obtenidos como comisión ilícita, ha asegurado en su declaración durante la quinta jornada del juicio: "Alguien le diría a Cotino que (Joaquín) Barceló y yo debíamos ser beneficiarios de esas sociedades".

En sus respuestas al fiscal, este procesado, que ha asegurado sentirse "absolutamente arrepentido" de esos amaños, no ha vinculado en ningún momento a Eduardo Zaplana con la titularidad de esas comisiones.

"En septiembre de 2005 hablé con Zaplana y le expliqué lo que habíamos hecho (el amaño con la familia Cotino). Yo no hablaba con él de que esos fondos fuesen suyos", ha señalado.

El presidente del tribunal ha preguntado al procesado que pusiese algún ejemplo de cómo se amañó el pliego de contratación en favor de Sedesa, a lo que este procesado ha detallado que, en conversaciones con el director financiero de Sedesa, optó por dividir los lotes en cinco, en lugar de cuatro, así como plantear topes a las mejoras económicas o exigir la implantación de las empresas aspirantes en la realidad socioeconómica valenciana.

Juan Francisco García, para quien la Fiscalía pide una condena de catorce años de prisión por blanqueo, cohecho, falsedad y prevaricación, fue el máximo responsable de la mesa de contratación en el proceso de privatización de las estaciones de ITV de la Comunitat Valenciana.

Una vez Zaplana abandona la presidencia de la Generalitat y fue nombrado ministro del entonces Gobierno que presidía José María Aznar, pidió a su anterior jefe "un trabajo estable" -según la Fiscalía- y logró ser nombrado consejero de Autopistas Aumar y después en Abertis Infraestructuras entre 2003 y 2011, con un sueldo total de 558.438 euros.