El PP critica la nefasta gestión del Consorcio Valencia Interior tras una nueva subida de la tasa de reciclaje

Planta de tratamiento de residuos de Llíria. / EPDA

Un año más el Consorcio Valencia Interior (CVI) va a subir el recibo del reciclaje. El incremento de 4 euros se aprobó en la Asamblea del Consorcio Valencia Interior (CVI) del pasado 2 de julio y en la que los representantes del Partido Popular votaron en contra del presupuesto económico del 2020 que conlleva esta subida, y que contó también con la abstención de la Diputación de Valencia.

Asimismo el PP votó en contra de que para una mejor prestación del servicio a los municipios, los más de 160.000 euros que supone la modificación del contrato de recogida de envases ligeros y cartón y papel salgan del bolsillo del ciudadano, proponiendo los populares que para evitar este coste extra a las viviendas se rehaga el presupuesto y que la gestión de los envases ligeros se realice en la planta de tratamiento de Lliria y no en la de Picassent, que es adonde actualmente se llevan estos residuos, lo que ahorraría costes y disminuiría la huella de carbono de dicho traslado. "Estamos a favor de que se mejore el servicio de recogida selectiva pero no a costa de que se cargue a los recibos de las viviendas sino a que se incluya dentro del presupuesto del CVI", comentan los representantes del PP.

En la misma línea, han incidido en la ineficacia de la Junta de Gobierno del CVI al dejar sobre la mesa dos puntos del orden del día y que evidencian las discrepancias entre los miembros que gobiernan en la Generalitat y los de la Diputación de Valencia. Por un lado la solicitud a la Diputación para compensar la diferencia de precio que pagan los vecinos al Consorcio por el tratamiento de los residuos mezclados (89,89€) y la que pagan los vecinos al Consorcio COR-V5 (68,51€) a pesar de traer sus residuos a las plantas del Consorcio y que supone una diferencia de más de 350.000 euros.

Y por otra a petición de la Diputación también se dejó sobre la mesa la modificación de los estatutos del Consorcio para cambiar los porcentajes de participación en este organismo, en el que los ayuntamientos tienen una cuota de representación del 60%, la Generalitat Valenciana el 19% y la Diputación de valencia tiene una cuota del 21%, con lo que sumadas ambas administraciones supone el 40% del total. Un porcentaje este último que no tiene sentido dado que Generalitat y Diputación no pagan la gestión directa del servicio de tratamiento y valorización de residuos ya que la gestión de éstos es competencia de los ayuntamientos.

Todo ello pone de manifiesto la ineficiente gestión del CVI que se ha convertido en un ente más preocupado de recaudar a costa de subir las tasas que de velar por el buen funcionamiento del servicio que presta a los 61 municipios consorciados.