El PP de Almàssera se hizo eco ayer de la sentancia del juzgado de los contencioso administrativo nº 5 de Valencia que ha condenado al
Ayuntamiento de Almàssera al pago de 10.893,00 euros, más intereses y costas a
una trabajadora por la realización de servicios extraordinarios "sin seguir el
procedimiento legalmente establecido para tal efecto y la negativa del Alcalde
a pagarle los servicios realizados por mandato de este".
La
demanda, según el PP, fue interpuesta por la propia trabajadora, ya que realizó 250 horas
durante el año 2016, (recordar que el Estatuto de los Trabajadores las limita a
80) las cuales fueron aprobadas y reconocidas por el Alcalde de Almàssera, Ramón Puchades (PSOE).
"El
problema vino cuando la trabajadora reclamó el pago de las mismas tras diversos
escritos presentados en el Ayuntamiento, sin recibir respuesta alguna a sus
peticiones".
Existe
un Informe de la Intervención Municipal con fecha de 27 de Noviembre de 2017
"donde afirma sobre este asunto, que no se había tramitado el expediente en
tiempo y forma. Que deberían de existir unos criterios establecidos por el
pleno (los cuales no existen). Y que el servicio prestado por la trabajadora no
entra dentro de las competencias de nuestro Ayuntamiento".
La
propia Sentencia del Juzgado "evidencia la actuación irregular del Alcalde
socialista reflejando en su fundamento de derecho 'No se entiende que el mismo
alcalde que certifica la realización de los servicios extraordinarios afirme
después en su resolución que no le consta la realización de los mismos. Las
objeciones manifestadas en el informe de intervención evidencian que no se ha
seguido el procedimiento legalmente establecido. Tales objeciones afectan
indudablemente a la legalidad del gasto, y desde luego evidencian la existencia
de una irregularidad procedimental en
materia de gasto público'", manifestaron desde el PP.
Tras
el conocimiento de la Sentencia y del Informe de Intervención el Partido
Popular de Almàssera ya ha anunciado que va a presentar un escrito al
Tribunal de Cuentas "para que sea esta entidad la que verifique si se ha podido
incurrir en un posible delito de responsabilidad contable".
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