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La secciónsegunda de la sala de lo contencioso-administrativo del TribunalSuperior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha ratificado laanulación de la plaza de intendente principal de la policía localdel Ayuntamiento de Riba-roja de Túria que creó el Partido Popularen el año 2011 meses antes de las elecciones. El tribunal admite asíel recurso de apelación interpuesto por el consistorio contra unasentencia anterior en la que estimaban el recurso del empleado queganó la citada plaza.
Loshechos que originaron este fallo judicial arrancan en febrero del año2011 cuando el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, gobernadoentonces por el ex alcalde Francisco Tarazona, del PP, creó pocosmeses antes de las elecciones municipales la plaza de intendente, asícomo otras cinco plazas municipales además de decretar una subidasalarial media del 3’2%, muy superior al 0’3% que fijaba elíndice de precios al consumo (IPC) para todos los trabajadores.
ElAbogado del Estado recurrió la creación de las seis plazas defuncionarios, así como el presupuesto y la relación de puestos detrabajo (RPT) que creó el entonces gobierno de Partido Popular en elaño 2011 al entender que todas estas decisiones no estabanjustificadas y contravenían algunas de las disposicionescontempladas por el gobierno central en materia presupuestaria ylaboral.
Sinembargo, el aspirante que ganó la plaza empezó a ocuparla en el año2012 hasta que en enero del año 2015 solicitó una comisión deservicios para desempeñar la misma categoría profesional en elvecino municipio de Manises en calidad de comisión de servicios quese prolongó hasta enero de 2016, fecha de vencimiento de la citadacomisión de servicios.
El equipode gobierno progresista de Riba-roja de Túria del año 2016 –formadopor el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- se opuso al entender queuna sentencia del Tribunal Supremo anulaba en una sentencia la citadaplaza profesional, así como la subida salarial muy por encima delIPC vigente en aquellos momentos junto a la creación de diversospuestos de trabajo en el consistorio.
ElTribunal Superior de Justicia afirmaba en una sentencia del 29 defebrero de 2016 que la amortización de la plaza de intendenteprincipal en Riba-roja de Túria “cumple el fallo que tuvo lugarreferido a dicha plaza” y subraya que “carece de soporte jurídicoque el interesado disfrute de una plaza y ocupe un puesto de trabajoinexistentes con arreglo a derecho y que ya se habían amortizado”.
Noobstante, en octubre del año 2017 el mismo Tribunal Superior deJusticia valenciano estimó el recurso interpuesto por el interesadocontra la presunta denegación del Ayuntamiento de Riba-roja de Túriainterpuesto contra la denegación de readmitirlo en su puesto, asícomo contra un acuerdo de la Junta de Gobierno Local que no sepronunció sobre la citada petición.
ElAyuntamiento de Riba-roja de Túria interpuso un recurso de apelacióncontra el citado pronunciamiento del TSJ valenciano que reconocióque el recurrente tenía derecho al reingreso en el puesto de trabajoy a las percepciones correspondientes “desde la fecha de lasolicitud”. Sin embargo, ahora el mismo TSJ vuelve a ratificar laposición del consistorio y rechaza las peticiones del demandante aquien concede la posibilidad de recurrir esta sentencia ante la salacontencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
Elalcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha manifestado lasatisfacción “del equipo de gobierno que viene a ratificar lapostura mantenida desde un primer momento ya que en el año 2011 elPartido Popular no realizó una buena gestión en materia depresupuestos y personal como así lo han avalado los tribunales yaque se incumplía el principio de legalidad que un gobernante debeaplicar siempre”.