La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
ha centrado su labor estos primeros nueve meses de la legislatura en
avanzar en la construcción de una red de atención primaria de servicios
sociales, que permita garantizar su universalidad, igual que sucede con
otras prestaciones públicas como la sanidad o la educación, según han
explicado los responsables de este departamento.
La
secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra
Casas, y el secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia
Valenciana de Igualdad, Alberto Ibáñez, han comparecido hoy a petición
propia en la comisión de Política Social y Empleo de Les Corts
Valencianes, para dar cuenta de su gestión en estos primeros nueve meses
de legislatura.
Ambos han coincidido en que este es el
objetivo fundamental de la nueva ley Inclusiva de Servicios Sociales
Universales, que está en fase de redacción, y que pretende que los
profesionales que se dedican a esta tarea dejen de ser "tramitadores de
papeles" para poder "trabajar sobre el territorio", superando el actual
modelo de protección para avanzar hacia uno de prevención.
Casas,
quien ha comparecido en primer lugar, ha destacado que la prioridad del
equipo de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, que dirige Mónica Oltra, ha sido trabajar para "rescatar
personas", y por ese motivo en estos primeros 9 meses se han introducido
en el sistema de dependencia a 7.498 personas, reduciendo en este
número una lista de espera heredada que llegaba a 46.000 personas.
Ha
explicado que en esta materia, en lo que va de legislatura se han
destinado cerca de 135 millones de euros para pagar la nómina de
dependencia, que en la actualidad se está pagando a mes vencido, además
de haberse eliminado la deuda que la administración tenía pendiente en
conceptos de atrasos que estaba diferida hasta 2019, y que afectaba a
casi 6.000 personas.
La eliminación del copago en los
centros de día, con el consiguiente ahorro para 3.317 personas con
diversidad funcional y 1.352 mayores, ha sido otro de los derechos
recuperados por el Consell del Botànic, y que con el que se está
consiguiendo que muchos de los 233 usuarios, que tuvieron que abandonar
los centros por no tener dinero para hacer frente al coste, puedan
regresar.
La secretaria autonómica también ha resaltado que
el presupuesto destinado a las prestaciones económicas de dependencia
se han incrementado un 60,2 por ciento hasta llegar a los 239 millones
de euros, que se han mejorado las ayudas a todos los beneficiarios una
media de 170 euros y se han puesto al día en el cumplimiento de
sentencias a favor de personas en situación de dependencia.
La
Conselleria también ha establecido que la renta garantizada de
ciudadanía tiene ahora una consideración de crédito ampliable, al igual
que las prestaciones destinadas a las familias acogedoras, que se
incrementan y dejan de ser una subvención graciable para convertirse en
un derecho reconocido por un decreto ley que permitirá que las ayudas
sean inembargables.
Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión social
Por
su parte, el secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia
Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez, ha explicado que el "rescate
de las personas", también ha sido la prioridad de las políticas
impulsadas por su departamento, y que tienen como línea central la
elaboración del Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social, que ya
se encuentra en fase de elaboración.
Este plan, ha
explicado, tiene como principios la inserción sociolaboral a través del
empleo de calidad para las personas en situación de exclusión social o
vulnerabilidad, garantizar la creación de un sistema prestaciones
sociales y asegurar el acceso universal a los servicios públicos.
Ibáñez
ha informado de que los presupuestos de este año contemplan un aumento
de la orden de acción comunitaria, que llega a los 2 millones de euros, y
también ha recordado que se han obtenido 30 millones de euros del Fondo
Social Europeo para la puesta en marcha de itinerarios sociolaborales
individualizados para colectivos vulnerables, con 30 programas
vinculadas a los barrios de inclusión social.
La
reestructuración de las políticas de migración ha sido otra de las
líneas puestas en marcha, con las oficinas de atención a personas
migradas, que también se están haciendo cargo de la coordinación del
plan de acogida municipal de personas refugiadas, y que van acompañadas
de un aumento de la dotación económica de 1,4 millones de euros.
El
secretario autonómico también se ha referido a la puesta en marcha de
un plan de lucha contra la pobreza energética, que a su puesto una
inversión de más de 5 millones de euros y ha añadido que actualmente se
está trabajando en "una propuesta que no cronifique el empobrecimiento
pagado con recursos públicos, y que incluya la realidad de las personas
sin hogar, de la infravivienda, el chabolismo y la precariedad
energética".
Asimismo, ha explicado que se está trabajando
en la elaboración de la Estrategia Valenciana para la Igualdad y la
Inclusión del Pueblo Gitano y ha anunciado que en breve estará listo el
anteproyecto de ley integral de Transexualidad, que reconoce "el derecho
a la identidad de género de las personas libremente manifestada" y que
el borrador de la nueva ley Valenciana de la Juventud ya está "en fase
avanzada".
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