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La denuncia fue presentada el 8 de julio por una exadministrativa de Vox en València, que alegaba que el partido había recibido donaciones infringiendo la regulación sobre financiación de partidos políticos y acusaba a los responsables del partido en València, Jose María Llanos y Joaquín Díaz , de manejar "una caja B" para pagar comidas, salidas y eventos.
La Fiscalía considera que en la información aportada a la denuncia "no se observa ninguna irregularidad con relevancia penal", y que las instrucciones impartidas desde la gerencia de Vox para realizar ingresos y donaciones en las cuentas del partido "se ajustan a la normativa de aplicación".
Añade que no se aprecia en los hechos denunciados indicios de infracción penal y que las aportaciones nominativas realizadas por los afiliados o sus familiares "se ajustan a las prescripciones" legales, pues no exceden de los límites cuantitativos previstos para las donaciones realizadas por una única persona física, y "consta debidamente identificado el donante, sin que se puedan calificar como anónimas".
En cuanto al manejo de una 'caja B', explica que la documentación aportada revela que se cargaron a la cuenta de caja de la sede de València "pequeños gastos, propios y habituales de la gestión de la delegación de un partido", como limpieza, material de oficinas, seguridad o taxi, pero no hay "ningún donativo o ingreso anónimo que sirva para satisfacer estos gastos".