La Generalitat "reevaluará" el acuerdo de reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales en Atención Primaria

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha anunciado este jueves que va "reevaluar" el acuerdo firmado el pasado marzo sobre la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales en Atención Primaria, para "encajar" las necesidades de los pacientes con la reivindicación de los profesionales sanitarios.

Así lo ha señalado durante su comparecencia en Les Corts para explicar sus líneas de gestión, donde ha anunciado también que va a impulsar medidas para que nadie con cáncer tarde más de 30 días en ser operado, a cambiar el sistema de trabajo en Atención Primaria y a reorganizar un mapa sanitario que precisa un "cambio radical".

Sobre el acuerdo que su predecesor firmó "en plena precampaña electoral" con cinco sindicatos para la jornada de 35 horas, el conseller ha indicado que habrá que ver cómo se puede encajar, desde el objetivo de "no perjudicar de forma grave" los derechos de los ciudadanos y satisfacer los derechos de los trabajadores.

Ha precisado que ese acuerdo supone una reducción de jornada escalonada hasta 2025, no 35 horas de lunes a viernes para conciliar y tener 48 horas de descanso, y que si se aplicara así habría una "reducción real del servicio sanitario" a los ciudadanos equivalente "a una jornada anual completa de 1.600 profesionales" en plena situación de carencia, pues hay 700 plazas presupuestadas sin poder cubrir.

El conseller ha afirmado que quiere "cambiar el rumbo" de la sanidad pública valenciana, porque si hiciera "más de lo mismo" sería "cómplice del declive" que sufre, y ha pedido la colaboración de los grupos parlamentarios para "intentar salvarla", ya que "está enferma".

Gómez se ha comprometido a acometer "una transformación íntegra" del sistema sanitario que "responda realmente a las necesidades asistenciales de los ciudadanos" y ha explicado que está elaborando la Estrategia 2024-2027 para garantizar una cartera de servicios "de vanguardia, accesible y equitativa" para todos los valencianos.

En cuanto a las listas de espera quirúrgica, ha afirmado que impulsará "medidas efectivas" para reducirlas y que se priorizarán las actuaciones en función de la gravedad, mientras que ha avanzado la puesta en marcha de un Plan de Infraestructuras y la creación de una Oficina Sociosanitaria para mejorar la atención a las personas crónicas y pluripatológicas.

Desde la oposición, el diputado socialista Rafa Simó le ha instado a "defender la sanidad pública y no la sanidad mercantilizada", porque el modelo "de privatización voraz que gestó el conseller Marciano Gómez no funciona", y ha ofrecido al Consell "un pacto por la sanidad gratuita, universal, sostenible y humanizada, alejada de privatizaciones y recortes.

El diputado de Compromís Carles Esteve ha opinado que quiere cambiar el acuerdo de 35 horas semanales porque "vale dinero" e igual no "cuadra en un presupuesto regresivo" y le ha reclamado una sanidad de gestión pública directa, alejada de la "mercantilización y los recortes".

El conseller ha replicado que "lo único" que va a recortar son las listas de espera y ha señalado que si él fue "maestro" de las privatizaciones tiene "alumnos aventajados" en el Botànic, con el que se han "triplicado" y solo en 2022 Sanidad destinó más dinero a la sanidad privada exceptuando las concesiones que "todo el presupuesto de 4 años de la Conselleria de Transparencia".

Sobre las concesiones de los departamentos de Dénia y Manises, ha insistido en que no se va a "precipitar", como a su juicio hizo el Botànic con Torrevieja, y están "abiertas todas las posibilidades" a la espera de que concluya la auditoría, si bien ha dado orden de iniciar los pliegos para "tenerlo todo preparado por si sale una decisión u otra".

Gómez ha insistido en que el debate no es sanidad pública o privada, sino tener una sanidad bien hecha o mal hecha; ha asegurado que hablará "alto y claro" en Madrid "esté quien esté"; y ha reprochado al Botànic haya dejado pendientes "más de mil millones de euros" en expedientes de enriquecimiento injusto, que se van a tener que pagar "sin soporte contractual".