La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, MarÃa José Salvador, ha enviado un escrito autorizando a la
AbogacÃa de la Generalitat para que ejercite cuantas acciones resulten
pertinentes para defender los intereses públicos y se persone en la
causa que investiga la construcción del circuito de Fórmula 1.
AsÃ
ha procedido después de que ayer el Juzgado de Instrucción número 17 de
València citara a declarar a los investigados en el procedimiento
judicial que ha abierto en relación con las adjudicaciones realizadas
los años 2007 y 2008 por la entidad pública de la Generalitat GTP por
los contratos relativos a las obras de "conexión de la Alameda - Avenida
Francia - Puerto y acondicionamiento de la Marina Real" dentro de las
obras para la realización del Gran Premio de Fórmula 1 en València.
Cabe
recordar que la Conselleria remitió durante el pasado año a la Guardia
Civil toda la documentación solicitada por la FiscalÃa en relación con
estos asuntos, que incluÃan, además, acreditación de los posibles
justificantes de los gastos abonados por la Generalitat a al exconseller
Mario Flores y al secretario autonómico Victoriano Sánchez, con motivo
del viaje realizado el año 2008 a Dubai y Baharein, con visita al
circuito de F1.
En este sentido, Salvador ha indicado que
"la Generalitat va más allá y no solo ha cumplido con su obligación de
colaboración con la justicia sino también debe cumplir con su obligación
de defender el interés público de los valencianos en una causa que está
siendo investigada y por la que la Administración pagó 100 millones de
euros". AsÃ, ha recordado que las obras de la construcción del circuito
de la Fórmula 1 costaron 100 millones de euros solo a la conselleria, de
los cuales hay un crédito de 60 millones que se empezó a amortizar en
2016 a razón de 7,5 millones de euros por ejercicio hasta 2023.
Por
todo ello, ha señalado que la Generlitat se personará en esta causa con
el objetivo primordial de "intentar recuperar la mayor parte de los
fondos públicos que hayan podido resultar sustraÃdos del erario público
de la Generalitat".
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