La Guardia Civil eleva las mordidas de la red de Zaplana a 12,8 millones

Esta cifra se recoge en un informe que la Guardia Civil remitió al Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia el pasado mes de junio, en el marco del caso Erial, en el que se investigan, entre otros, supuestos delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos.

"Vinculados directa o indirectamente al grupo personal conformado por Eduardo Zaplana, Joaquín Miguel Barceló, Francisco Grau o Fernando Belhot -aunque existe participación de otras personas con un papel secundario- aparecen dos fuentes principales de fondos de aparente origen ilícito", según los investigadores.

En este sentido mencionan las transferencias emitidas a la mercantil luxemburguesa Imison International desde la española Asedes Capital (Sedesa al revés, una firma controlada por los sobrinos del ex director general de la Policía, exvicepresidente del Consell y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino), por importe de 6,4 millones de euros.

Por otro lado, también se refieren a los ingresos efectuados -principalmente en efectivo- en una cuenta numerada radicada en el Principado de Andorra "aparentemente titulada" por Joaquín Barceló, por un importe aproximado también de 6,4 millones de euros.
Parte de esos fondos, según la Guardia Civil, estarían controlados actualmente por el abogado uruguayo Fernando Belhot, bien a través de las mercantiles uruguayas Misnely y Disfey, bien a través de la sociedad panameña Vansley International.

Para ello, "habría mediado en diferentes operativas societarias o bancarias, entre las que principalmente se encuentra la disolución de Imison International en favor de las sociedades uruguayas o, por otro lado, una serie de traspasos de fondos, muchos de los cuales presentan la característica de haberse producido a través de disposiciones e imposiciones de efectivo y no mediante transferencias directas, lo cual podría ser indicativo de la intencionalidad y finalidad de las mismas".

"Dentro de estas operativas destaca la aparente instrumentalización de determinadas mercantiles radicadas en Panamá, entre las que se encontrarían las mercantiles Plaza Fountains, Puncak Services y Adua", que la Guardia Civil atribuye al supuesto testaferro de Zaplana Joaquín Barceló.

Los investigadores del caso Erial creen que parte de los sobornos pagados por la familia Cotino al expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana y sus colaboradores fueron a parar a dos sociedades de Luxemburgo (Imison Internacional y Fenix Investments) en una operación accionarial realizada por los sobrinos del ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts, que transfirieron 6,4 y 2,18 millones de euros.

Estos pagos fueron efectuados, siempre según el relato de los investigadores, durante los años 2005 y 2006 por el grupo de los Cotino (Sedesa) utilizando parte de los beneficios obtenidos en la sociedad concesionaria de las ITV.

En el proceso de privatización, las ITV valencianas fueron divididas en cinco lotes, el primero de los cuales se adjudicó a Sedesa (vinculada a la familia Cotino), el segundo a Lubasa y Bancaja, el tercero a Aguas de Valencia, el cuarto a Atecsa y el quinto a Pavasal y Mayve.

Estas empresas se convirtieron en adjudicatarias de un servicio que contemplaba que las segundas inspecciones, hasta entonces gratuitas, tendrían un coste del 75 %, a lo que se sumaron beneficios no recogidos en el pliego, como la actualización de las tarifas al IPC de 2001 a 2009.

Posteriormente, el Gobierno valenciano introdujo mediante un decreto pruebas nuevas, como la sonometría (solo obligatoria en la Comunitat Valenciana) o la de gases contaminantes, que supusieron que las ITV pasaran de costar de media 18,47 euros a 46,59 euros en 2009.

De esta forma, en 1997 se adjudicaron unas ITV que entre 2000 y 2003 aumentaron sus tarifas de 18 a 46 euros, tras lo que en 2004 las adjudicatarias vendieron sus participaciones, llevándose unos beneficios "millonarios", puesto que, por ejemplo, el lote de Atecsa se adjudicó por 8 millones y se vendió por 47,9 millones de euros, según consta en un contrato privado que hizo público recientemente Compromís.