Gráfico sobre las sanciones de la AICA. EPDA
LA UNIÓ de Llauradors se ha hecho eco del informe
elaborado por la Organización Europea de Consumidores y distribuido a nivel estatal
por la OCU en el que se revela cómo se han recortado en la UE los presupuestos
y recursos dedicados a las inspecciones alimentarias. La reducción en España
habría sido del 8,6% entre 2009 y 2017, inferior a la que se habría producido
en otros países.
La organización insiste en que estos controles son clave
para garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores europeos y evitar
así que las importaciones de cítricos con plagas procedentes de terceros países
puedan entrar en nuestro territorio. “En ésta, como en otras muchas cuestiones”
–aseguran- “los agricultores y ganaderos debemos tener una total complicidad
con los consumidores”, porque es “la mejor forma de que se valoren los enormes
esfuerzos que realizan los productores valencianos para proveer a los
consumidores de excelentes productos en términos de calidad, sanidad y bienestar
animal”.
No obstante, para que ello suceda la organización
agraria considera que debe engrasarse la cadena alimentaria para que ese valor se
traslade al precio en origen y para eso son fundamentales también los controles
de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).
Sobre esta cuestión, LA UNIÓ contempla positivamente las
actuaciones de la agencia encargada de velar por el cumplimiento de la Ley
12/2013 sobre las relaciones comerciales entre los distintos operadores de la
cadena alimentaria. Es necesario, y así lo ha venido reclamando, que se dote a
la agencia de más recursos presupuestarios y de más medios personales para
rentabilizarlos y ampliar las actuaciones dirigidas a erradicar de la manera
más eficaz las prácticas desleales en la cadena alimentario.
Importe
de sanciones bajo y escasamente punitivo
Según un informe de la propia entidad, hasta mediados de
2019 desde la puesta en marcha de la AICA, se han interpuesto 1.735 sanciones
por un montante total de 10,6 millones de euros. En el caso de las industrias
la multa media estaría por debajo o en el entorno de los 3.000 euros y en las
empresas de distribución directa al consumidor, sobre la que recae la mayor
cuantía de las sanciones, rondaría los 28.000 euros. Estos datos arrojan un
importe medio de las sanciones realmente bajo y escasamente punitivo si se
comparan con algunas de las cifras de negocio de grandes empresas del sector.
LA UNIÓ considera que se debe proceder a una revisión
del régimen sancionador de la Ley en cuanto al importe, tipificación de
gravedad y graduación de las multas, de forma que lleguen a ser realmente
disuasorias de la realización de prácticas contrarias a la Ley. Además, la
organización pide que se aplique, ampliándola a todos los infractores, la sanción
complementaria que la Ley contempla consistente en publicar la lista de todos
ellos, no sólo los casos muy graves, indicando la multa y el motivo.
“No podemos tener leyes que permitan que salga rentable
incumplirlas” declaran desde LA UNIÓ y citan el ejemplo de la multa a algunas
industrias lácteas españolas, en este caso por parte de las autoridades de
competencia. “Sanciones de sólo el 10 % del beneficio ilícito obtenido y que
siguen sin pagarse después de varios años de imponerse, más que penas disuasorias,
pueden ser un riesgo calculado y asumible para quien decida saltarse las normas”,
añaden.
La organización también considera clave reforzar la
coordinación entre las administraciones autonómicas y el Estado para evitar que
aquellos que cometan infracciones suprarregionales queden impunes, así como
dotar con más recursos la capacidad inspectora de las CCAA para evitar que los
grandes grupos empresariales con clara posición de dominio “campen a sus
anchas”.
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