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LA UNIÓ de Llauradors se ha hecho eco del informeelaborado por la Organización Europea de Consumidores y distribuido a nivel estatalpor la OCU en el que se revela cómo se han recortado en la UE los presupuestosy recursos dedicados a las inspecciones alimentarias. La reducción en Españahabría sido del 8,6% entre 2009 y 2017, inferior a la que se habría producidoen otros países.
La organización insiste en que estos controles son clavepara garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores europeos y evitarasí que las importaciones de cítricos con plagas procedentes de terceros paísespuedan entrar en nuestro territorio. “En ésta, como en otras muchas cuestiones”–aseguran- “los agricultores y ganaderos debemos tener una total complicidadcon los consumidores”, porque es “la mejor forma de que se valoren los enormesesfuerzos que realizan los productores valencianos para proveer a losconsumidores de excelentes productos en términos de calidad, sanidad y bienestaranimal”.
No obstante, para que ello suceda la organizaciónagraria considera que debe engrasarse la cadena alimentaria para que ese valor setraslade al precio en origen y para eso son fundamentales también los controlesde la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).
Sobre esta cuestión, LA UNIÓ contempla positivamente lasactuaciones de la agencia encargada de velar por el cumplimiento de la Ley12/2013 sobre las relaciones comerciales entre los distintos operadores de lacadena alimentaria. Es necesario, y así lo ha venido reclamando, que se dote ala agencia de más recursos presupuestarios y de más medios personales pararentabilizarlos y ampliar las actuaciones dirigidas a erradicar de la maneramás eficaz las prácticas desleales en la cadena alimentario.
Importede sanciones bajo y escasamente punitivo
Según un informe de la propia entidad, hasta mediados de2019 desde la puesta en marcha de la AICA, se han interpuesto 1.735 sancionespor un montante total de 10,6 millones de euros. En el caso de las industriasla multa media estaría por debajo o en el entorno de los 3.000 euros y en lasempresas de distribución directa al consumidor, sobre la que recae la mayorcuantía de las sanciones, rondaría los 28.000 euros. Estos datos arrojan unimporte medio de las sanciones realmente bajo y escasamente punitivo si secomparan con algunas de las cifras de negocio de grandes empresas del sector.
LA UNIÓ considera que se debe proceder a una revisióndel régimen sancionador de la Ley en cuanto al importe, tipificación degravedad y graduación de las multas, de forma que lleguen a ser realmentedisuasorias de la realización de prácticas contrarias a la Ley. Además, laorganización pide que se aplique, ampliándola a todos los infractores, la sancióncomplementaria que la Ley contempla consistente en publicar la lista de todosellos, no sólo los casos muy graves, indicando la multa y el motivo.
“No podemos tener leyes que permitan que salga rentableincumplirlas” declaran desde LA UNIÓ y citan el ejemplo de la multa a algunasindustrias lácteas españolas, en este caso por parte de las autoridades decompetencia. “Sanciones de sólo el 10 % del beneficio ilícito obtenido y quesiguen sin pagarse después de varios años de imponerse, más que penas disuasorias,pueden ser un riesgo calculado y asumible para quien decida saltarse las normas”,añaden.
La organización también considera clave reforzar lacoordinación entre las administraciones autonómicas y el Estado para evitar queaquellos que cometan infracciones suprarregionales queden impunes, así comodotar con más recursos la capacidad inspectora de las CCAA para evitar que losgrandes grupos empresariales con clara posición de dominio “campen a susanchas”.