El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. EFE/Manuel Bruque/Archivo
El nuevo curso judicial de la Comunitat Valenciana que se inicia este
otoño intentará recuperar el tiempo perdido por la pandemia de
coronavirus y acelerar la instrucción en causas mediáticas como la que
se sigue contra el expresident Eduardo Zaplana y el hermano de Ximo
Puig, y desenquistar otras que se eternizan, como las de los casos
Imelsa, Alquería y del IVAM.
En el caso Erial, que dirige el
Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, tras una primera ronda de
declaraciones de los principales procesados -entre ellos Zaplana-, es
previsible la citación en calidad de investigado del exconseller
Fernando Castelló, imputado en la causa desde julio.
El caso se
abrió para investigar el posible cobro de comisiones -alrededor de 11
millones de euros- derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos
en la Comunitat, lo que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo
de capitales, malversación y prevaricación.
Del aún amplio
catálogo de casos de posible corrupción que todavía se tramitan en los
juzgados valencianos, se esperan avances en la instrucción del conocido
como caso Imelsa, un asunto que en enero cumplirá cinco años y se
encuentra desgajado en una decena de piezas.
Algunas de las más
relevantes, por su trascendencia mediática, como la que afecta a medio
centenar de concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP local
de València -por un supuesto delito de blanqueo de capitales-, se
encuentran casi concluidas desde hace varios meses en el Juzgado de
Instrucción número 18.
También se encuentran en su fase final las
dos causas abiertas a la exdirectora del IVAM Consuelo Císcar por la
compra de obras de arte supuestamente falsificadas y por el uso de
fondos públicos para la promoción de la carrera artística de su hijo.
Pero
el reciente cambio de letrado de uno de los principales acusados en la
primera de estas piezas y varias diligencias complementarias solicitadas
por Anticorrupción en la segunda complican la posibilidad de que la
esposa del exconseller del PP Rafael Blasco vaya a sentarse en el
banquillo de los acusados este año.
Las partes personadas en la
causa contra Francis Puig, hermano del president Ximo Puig, y el
director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, esperan un
informe policial que cuantifique las subvenciones supuestamente
irregulares, y que puede resultar determinante a la hora de relacionar
-o no- los hechos con la tipología delictiva y establecer posibles
responsabilidades penales.
En esta causa, que abrió el Juzgado de
Instrucción número 4 tras una querella presentada por el PP, se espera
un pronto pronunciamiento de la Fiscalía Anticorrupción.
Respecto
a otro asunto ya clásico en los juzgados valencianos, la Fórmula 1,
únicamente queda viva la pieza relativa a las obras de construcción del
circuito urbano de València.
La acusación, que se dirige contra
una decena de investigados, entre ellos el ex secretario autonómico de
Hacienda José Miguel Escrig y el exdirector de Circuito del Motor Julio
García, sería únicamente por prevaricación, es decir, que conllevaría
solo penas de inhabilitación, según las fuentes judiciales consultadas
por EFE.
También son previsibles avances significativos en el
conocido como caso Alquería, contra el expresidente de la Diputación de
Valencia Jorge Rodríguez -entre otros- por el supuesto "enchufe" de
varios altos cargos en la empresa pública Divalterra (antigua Imelsa).
Los
abogados consultados dan por finiquitada la instrucción y esperan que
se concreten las acusaciones antes de la apertura de juicio.
Y en
el marco de la causa abierta tras la estafa de cuatro millones de euros
que sufrió la EMT de València, que también ve el Juzgado de Instrucción
número 18, no se prevén de forma inmediata más declaraciones y el
proceso ha entrado en una fase de presentación de informes periciales.
Además,
el 14 de octubre el Tribunal del Jurado juzgará a María Jesús M.C.,
conocida como Maje o como "la viuda negra de Patraix", supuesta
instigadora del asesinato de su marido, en uno de los casos que forman
parte ya de la reciente crónica negra de la capital valenciana.
Otro
de las causas penales más mediáticas, el asesinato y la ocultación del
cuerpo de Marta Calvo, se sigue investigando en Instrucción 20 y las
partes esperan que pronto se haga efectiva la acumulación de causas
contra el mismo sospechoso -que está en prisión preventiva- para poder
tener acceso a la totalidad de las actuaciones policiales y pedir, en su
caso, la práctica de otras.
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