El expresidente de laDiputación de Valencia, Alfonso Rus, y sus hombres de confianza en el organismoprovincial, Juan José Medina (exalcalde de Moncada y exvicepresidente de laDiputación) y Emilio Llopis, de Genovés, así como el exreponsable de Hacienda,Máximo Caturla, para los que la Fiscalía Anticorrupción solicitó prisión,quedaron finalmente en libertad con cargos, con la obligación ‘apud acta’ decomparecer cada 15 días en el juzgado, pero deberán hacer frente a una fianzade responsabilidad civil conjunta de seis millones de euros. Rus y Caturladeberán dejar en depósito dos millones cada uno, mientras que Medina y Llopispagarán los otros dos a partes iguales. El juez de Instrucción número 18 deValencia decidió dejarlos libres al considerar que no hay riesgo de fuga ni dedestrucción de pruebas.
Los cuatro fueron detenidos el martes en el marco de la 'Operación Taula' queinvestiga una trama de corrupción infiltrada envarias administraciones públicas de la ComunidadValenciana sospechosa de amañar contratos ycobrar comisiones ilegales a cambio deadjudicaciones fraudulentas.
En la operación se llevaron a cabo 33 entradas yregistros en las tres provincias de la Comunidad, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Se han registrado domicilios particulares de losinvestigados, sedes sociales de empresas (entreellas la empresa pública CIEGSA) y fundaciones(entre ellas la Fundación Jaume II), la sede de unequipo de fútbol (Club Deportivo Olimpic deXàtiva, del que Rus fue presidente) y la sede delGrupo Municipal del Partido Popular en Valencia.
La investigación se inició a partir de unadenuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincialde Valencia por una presunta gestión irregular dela empresa pública Imelsa, dependiente deDiputación, cuyo director gerente era MarcosBenavent. Benavent está imputado en la causa, perono se halla entre los arrestados.
La práctica de distintas diligencias permitiódescubrir que el ámbito de actuación de la tramacorrupta era mucho más extenso de lo que serecogía en esa denuncia incial. El trabajo de laUCO bajo la dirección del fiscal del caso concluyóen la presentación de una querella que por turnode reparto cayó en Instrucción 18 el pasado mes demarzo.
El Juzgado incoó diligencias y declaró lasactuaciones secretas desde el principio. En lacausa se investigan varios delitos contra laadministración pública, entre ellos, los deprevaricación administrativa, malversación decaudales públicos, tráfico de influencias, cohechoy blanqueo de capitales.
En el marco de esta diligencias se desarrolló laoperación de ayer encaminada a la detención dealgunos de los investigados, al aseguramiento depruebas y a la adopción de medidas cautelares. Laoperación sigue abierta. La causa continúasecreta.
En total se han practicado 33 registros: 14 endomicilios particulares y 19 en sedes sociales.
Este es el detalle:
Valencia: 12 registros en la capital y 17 endistintas localidades de la provincia
Alicante: 3 registros: Alicante (capital), Denia yMuro de Alcoy.
Castellón: 1 registro en la capital.