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EDUARDO ZAPLANA

Suspenden las declaraciones del caso Zaplana a la espera de nuevos informes policiales

La instructora ha optado por esperar a que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional aporte toda la información de la que dispone antes de iniciar los interrogatorios a los investigados

EFE - 21/10/2019

El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana tras firmar en la oficina de presentaciones del juzgado de guardia de Valéncia tras su imputación en el denominado caso Erial. EFE/Manuel Bruque

El Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha suspendido las declaraciones de los investigados en el conocido como caso Erial, en el que está procesado el exministro y expresident de la Generalitat, Eduardo Zaplana, a la espera de que la UDEF aporte nuevos informes.

Según han explicado a EFE fuentes del caso, la instructora ha optado por esperar a que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional aporte toda la información de la que dispone antes de iniciar los interrogatorios a los investigados.

Así, la jueza que investiga el supuesto cobro de comisiones por adjudicaciones de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat ha suspendido las declaraciones del también expresident José Luis Olivas y del exvicepresidente del Consell y ex director general de la Policía, Juan Cotino.

También quedan sin efecto las declaraciones de la exdiputada Elvira Suanzes, la secretaria personal de Zaplana Mitsouko Henríquez, su mujer, Rosa Barceló, y su hija María Zaplana, entre otros investigados, todas ellas previstas inicialmente entre el 23 y 28 de octubre.

Sobre Zaplana y el resto de investigados la jueza mantiene acusaciones de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.

En el caso Erial, el citado juzgado investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las ITV, realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.

Las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora apuntan a que algunos de los empresarios beneficiarios de estas concesiones podrían haber pagado alrededor de diez millones de euros en concepto de comisiones.

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