El Ministerio deJusticia ha formalizado la compra de 350.000 guantes, 175.000 mascarillas y30.000 dispensadores de gel hidroalcohólico para la protección sanitaria de losfuncionarios de los juzgados y tribunales que están garantizando los serviciosesenciales durante el estado de alarma. Se trata de un contrato con la empresaespañola Merydeis por un importe de 553.048 euros, con el que se pretendecubrir las necesidades de los órganos judiciales durante un periodo de 45 días.
Además, ayer se inició enlas comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha el reparto de otra remesa dematerial sanitario adquirido a Correos que alcanzará alconjunto de órganos judiciales del territorio esta misma semana.
Estos equipos se destinaránal personal y usuarios de la Justicia en los términos recogidos en la resoluciónsobre seguridad laboral dictada este lunes por el ministro Juan Carlos Campo.
La norma, consensuadacon el conjunto de comunidades autónomas, establece que las medidas deprotección individual están destinadas preferentemente a los trabajadoresexpuestos a un determinado riesgo en su actividad laboral, y se utilizaráncuando su salud y seguridad no puedan garantizarse con las medidas deprotección colectiva dispuestas en la sede.
Se pondrán mascarillas yguantes a disposición de las dotaciones de servicios esenciales que realicen salidasurgentes, y se proporcionarán al usuario/justiciable/detenido, así como alacompañante si su presencia fuera necesaria, cuando sea imprescindible elacceso a la sede y se manifieste alguna afección respiratoria.
Las mascarillas secambiarán si se humedecen y no se reutilizarán si son de un solo uso. Losguantes se desecharán diariamente o tras rotura o deterioro, evitando elcontacto con la cara. Tras su uso, se depositarán en un contenedor habilitado atal fin.
Los geles hidroalcohólicosdeberán ser utilizados sistemáticamente por todas las personas tras rebasar lapuerta de la sede judicial.
El Ministerio de Justicia seguirá trabajando paracubrir las necesidades de los funcionarios de los órganos judiciales en estascircunstancias excepcionales, en coordinación y diálogo permanente con lascomunidades autónomas, para asegurar la prestación de los servicios esenciales enlas mejores condiciones posibles y garantizar el mantenimiento de un serviciopúblico imprescindible.