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La proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre plantea una cuestión que va mucho más allá de las siglas y los candidatos: ¿qué ha conseguido realmente la representación valenciana en el Congreso de los Diputados? La pregunta resulta especialmente oportuna ante la aparición de Agenda Valenciana, encabezada por José Ramón Chirivella, y la candidatura de Compromís-Front Valencià, liderada por Àgueda Micó en la provincia de Valencia.
Durante años, Compromís ha reivindicado su condición de voz valenciana en Madrid. Ha denunciado la infrafinanciación autonómica, reclamado inversiones y defendido mejoras ferroviarias. Sería inexacto negar esas actuaciones. Sin embargo, también sería poco riguroso confundir la presentación de iniciativas parlamentarias con la consecución de resultados.
La Comunitat Valenciana continúa esperando una reforma efectiva de su financiación, una solución para su deuda histórica y avances decisivos en infraestructuras estratégicas. La persistencia de estos problemas obliga a examinar no solamente las responsabilidades de los sucesivos gobiernos españoles, sino también la eficacia de quienes se han presentado como sus interlocutores valencianos.
En este escenario aparece Agenda Valenciana, una candidatura impulsada por profesionales vinculados a reivindicaciones históricas del autogobierno. Su principal figura, José Ramón Chirivella, procede de la Associació de Juristes Valencians, entidad que lleva años defendiendo la recuperación de la capacidad legislativa valenciana en materia de derecho civil.
Precisamente el derecho civil constituye una diferencia relevante en el énfasis político de ambas candidaturas. Mientras Agenda Valenciana lo sitúa entre sus señas de identidad, Compromís-Front Valencià ha presentado una campaña de contenido más amplio, con especial protagonismo de la vivienda, el empleo, la igualdad y las políticas sociales. Un partido de izquierdas por encima de una fuerza en defensa de los valencianos.
No significa que unas reivindicaciones sean incompatibles con las otras. Significa que los ciudadanos tienen derecho a conocer qué prioridades ocuparán realmente la actividad parlamentaria de sus representantes.
La financiación autonómica constituye otro examen ineludible. Los valencianos llevan demasiado tiempo escuchando promesas de reformas que no terminan de materializarse. Exigir un sistema justo no debería convertirse en una declaración repetida cada cuatro años, sino traducirse en compromisos legislativos, presupuestarios y calendarios verificables.
Lo mismo sucede con el corredor mediterráneo, la red de Cercanías, la conexión ferroviaria entre Gandia y Dénia o las inversiones necesarias para mejorar las comunicaciones de las comarcas del interior. Son cuestiones que condicionan el desarrollo económico, el acceso a oportunidades y la cohesión territorial.
También merece una atención especial la reconstrucción después de la DANA del 29 de octubre de 2024. La defensa de los municipios afectados debería medirse mediante obras ejecutadas, recursos movilizados, prevención de futuras inundaciones y capacidad de exigir responsabilidades a las administraciones competentes.
Compromís-Front Valencià sostiene que representa una izquierda valenciana autónoma, capaz de defender los intereses del territorio y de impulsar políticas progresistas. Agenda Valenciana propone concentrar su acción en reivindicaciones específicamente valencianas, con la financiación y el autogobierno como elementos centrales.
Ambos planteamientos merecen ser sometidos al mismo escrutinio. A Compromís se le puede exigir un balance preciso de sus años de actividad parlamentaria: qué propuestas consiguió aprobar, cuáles quedaron pendientes y qué compromisos está en condiciones de asumir. A Agenda Valenciana, por su parte, hay que pedirle que explique cómo pretende convertir sus prioridades en resultados efectivos desde el Congreso, con qué instrumentos parlamentarios y mediante qué acuerdos.
Porque las necesidades valencianas no desaparecen al terminar una campaña electoral. La financiación seguirá siendo necesaria, las infraestructuras deberán construirse y el autogobierno continuará requiriendo soluciones.
La cuestión de fondo no es quién pronuncia más veces la palabra Valencia, sino quién puede acreditar avances concretos y ofrecer mecanismos creíbles para conseguir los que todavía faltan. Ese debería ser el verdadero examen de las dos candidaturas.