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Hay impuestos que llegan con sigilo y otros que llaman a la puerta con una factura en la mano. La tasa de residuos pertenece a los segundos. Y en Aldaia los vecinos ya han empezado a decir en las redes sociales lo que algunos parecen no querer escuchar en los despachos: están hartos de pagar más.
Se nos explicará, naturalmente, que Europa, la ley, el Gobierno de España y hasta el lucero del alba obligan a cobrarla. Es el viejo arte de la política moderna: cuando toca recaudar, la responsabilidad siempre vive en otra administración.
La Ley 7/2022 impuso a los ayuntamientos la obligación de establecer una tasa —o prestación equivalente— específica, diferenciada y no deficitaria para financiar la gestión de los residuos. Hasta ahí, el BOE. Pero una cosa es cumplir la ley y otra bastante distinta decidir cómo se hace recaer su coste sobre las familias.
Ahí comienza la política.
Porque gobernar no consiste únicamente en enviar recibos. Consiste en establecer prioridades. Si al ciudadano se le exige cada vez un esfuerzo mayor, quizá haya llegado el momento de preguntarse qué esfuerzo está dispuesto a realizar su Ayuntamiento.
En Aldaia hemos defendido precisamente eso: buscar fórmulas para que el dinero vuelva al bolsillo de los vecinos, estudiar bonificaciones y compensaciones y revisar gasto antes de convertir al contribuyente en el cajero automático de todas las decisiones políticas.
Decía Quevedo que «poderoso caballero es don Dinero». Cuatro siglos después sigue gozando de excelente salud, especialmente cuando quien lo pone es otro.
Y mientras tanto basta darse una vuelta por las redes para comprobar el enfado. Recibos, quejas, dudas y vecinos preguntándose por qué tienen que pagar más precisamente cuando llegar a final de mes tampoco se ha vuelto más barato.
La cuestión, por tanto, no es únicamente cuánto cuesta recoger nuestra basura.
La cuestión es quién acaba pagando la factura de la política.
Y, como casi siempre, la respuesta tiene nombre: el vecino.