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La corrupción y la mala gestión ya no son fenómenos asociados exclusivamente a los grandes escándalos nacionales. Cada vez con mayor frecuencia, el deterioro de la confianza ciudadana se gesta en el ámbito local, donde la opacidad administrativa, el abuso del contrato menor y la proliferación de proyectos de dudosa rentabilidad pública han terminado configurando un modelo de gestión que despierta una creciente inquietud entre los vecinos.
Canet d'en Berenguer, uno de los municipios con mayor proyección turística del Camp de Morvedre, se ha convertido en un ejemplo paradigmático de esta realidad. Dos episodios aparentemente inconexos —el controvertido semáforo foto-rojo y el denominado Instituto de la Paella— han acabado componiendo una misma fotografía: decisiones públicas marcadas por la improvisación, una transparencia insuficiente, interrogantes sobre el destino del dinero público y un preocupante debilitamiento de los mecanismos de control administrativo.
La cuestión ya no consiste únicamente en determinar si cada expediente supera o no el examen formal de la legalidad. El verdadero problema es mucho más profundo: la creciente percepción de que determinadas administraciones han normalizado prácticas que, aun sin constituir necesariamente un delito, rozan la negligencia institucional y terminan erosionando la credibilidad de las instituciones democráticas.
El semáforo que convirtió la gestión municipal en un problema político
El conocido semáforo foto-rojo dejó hace tiempo de ser un simple expediente técnico para convertirse en uno de los episodios más controvertidos de la política municipal de Canet d'en Berenguer. Lo que nació, al menos sobre el papel, como una herramienta destinada a reforzar la seguridad vial acabó siendo percibido por una parte importante de la ciudadanía como un mecanismo esencialmente recaudatorio.
Las conclusiones de la Agencia Valenciana Antifraude fueron especialmente contundentes. El organismo independiente describió la actuación municipal utilizando expresiones poco habituales en este tipo de informes oficiales: habló de "malas prácticas", de una "gestión administrativa manifiestamente ineficiente", de "insuficiente diligencia" e incluso advirtió de posibles riesgos derivados de una utilización inadecuada del contrato menor. El tono empleado por la Agencia reflejaba la gravedad con la que valoró la gestión del expediente.
Las cifras ayudan a dimensionar la controversia. Miles de denuncias fueron tramitadas, centenares de expedientes sancionadores terminaron incoándose y el sistema generó una recaudación de decenas de miles de euros. Sin embargo, más allá del importe económico, uno de los aspectos que mayor controversia generó fue el propio diseño del modelo de gestión, cuya arquitectura económica parecía depender directamente del número de sanciones impuestas.
Es precisamente ahí donde surge una de las principales objeciones. Cuando la sostenibilidad económica de un servicio público puede verse condicionada por el volumen de multas emitidas, la frontera entre la prevención de infracciones y el interés recaudatorio comienza a difuminarse de forma preocupante.
La polémica no tardó en trasladarse a la calle. Vecinos, asociaciones ciudadanas y partidos de la oposición denunciaron la escasa información facilitada previamente a la implantación del sistema, cuestionaron la señalización existente y llegaron a sostener que el dispositivo parecía orientado prioritariamente a incrementar la recaudación municipal antes que a mejorar la seguridad vial.
La presión política y social terminó obligando al Ayuntamiento a rectificar. Finalmente anunció la retirada del semáforo foto-rojo y su sustitución por otros mecanismos de control del tráfico.
Pero para entonces el desgaste institucional ya era evidente.
El Instituto de la Paella: turismo de escaparate y sombras presupuestarias
Si el semáforo foto-rojo simboliza la vertiente más recaudatoria de la controversia, el denominado Instituto de la Paella representa otro fenómeno cada vez más habitual en la política municipal española: la apuesta por grandes proyectos de imagen sustentados en campañas de promoción institucional, estrategias de marca y promesas de proyección internacional que, con demasiada frecuencia, dejan tras de sí más interrogantes que resultados verificables.
La iniciativa nació con un objetivo ambicioso: convertir Canet d'en Berenguer en un referente gastronómico de alcance internacional mediante la creación de un organismo dedicado a promocionar la paella como elemento distintivo del municipio.
Sin embargo, a medida que fueron conociéndose documentos, adjudicaciones y resoluciones administrativas comenzaron a aflorar numerosas dudas sobre la verdadera planificación del proyecto, el control presupuestario aplicado y su viabilidad real.
La documentación analizada apunta a una planificación insuficiente, una notable indefinición de objetivos y una estructura administrativa cuya justificación resulta difícil desde criterios estrictos de eficiencia en la gestión pública. La percepción que terminó instalándose es que el impacto mediático y la construcción de un relato turístico acabaron imponiéndose sobre un análisis riguroso del retorno económico y social que debía justificar la inversión realizada.
Y ahí vuelve a aparecer la cuestión de fondo.
El debate no se limita a determinar si el proyecto respetó formalmente la normativa administrativa. La pregunta verdaderamente relevante es otra: ¿respondía el gasto realizado al interés general o acabó subordinándose a una estrategia de promoción política e institucional?
Una cultura política sustentada en el contrato menor
El caso de Canet d'en Berenguer no constituye un episodio aislado. Por el contrario, encaja dentro de una dinámica mucho más amplia que desde hace años vienen denunciando organismos fiscalizadores, tribunales de cuentas, agencias antifraude y periodistas especializados en investigación.
Uno de los principales focos de preocupación es el uso sistemático del contrato menor como mecanismo para agilizar adjudicaciones, reducir controles administrativos y, en determinados supuestos, fragmentar gastos que deberían haberse sometido a procedimientos de concurrencia pública.
La Comunidad Valenciana acumula numerosos antecedentes.
Durante años diversos medios de comunicación han documentado adjudicaciones fraccionadas en ayuntamientos gobernados por diferentes partidos políticos, contratos reiteradamente concedidos a las mismas empresas, expedientes aparentemente troceados para evitar concursos públicos y proyectos turísticos financiados sin memorias económicas suficientemente sólidas.
El patrón resulta inquietantemente reconocible.
Campañas institucionales adjudicadas con escasa publicidad; servicios externalizados mediante contratos sucesivos; obras municipales que terminan incrementando su coste inicial; eventos turísticos cuyo retorno económico resulta imposible de cuantificar; sistemas de control del tráfico cuya finalidad recaudatoria despierta sospechas; o entidades municipales convertidas, según denuncian distintos sectores, en instrumentos de proyección política más que en auténticas herramientas al servicio del interés general.
La propia Agencia Valenciana Antifraude ha advertido de manera reiterada sobre esta deriva. En distintos informes ha alertado de la progresiva normalización del abuso del contrato menor y de la existencia de estructuras administrativas donde los mecanismos internos de control terminan debilitándose como consecuencia de decisiones políticas marcadas por la urgencia, la improvisación o la conveniencia.
Más allá de cada expediente concreto, lo verdaderamente preocupante es la consolidación de una cultura administrativa donde la excepcionalidad acaba convirtiéndose en norma y donde los principios de transparencia, concurrencia y control pierden peso frente a la discrecionalidad política.
De la negligencia administrativa a la sospecha de corrupción
Uno de los aspectos más inquietantes de este tipo de casos es que, en muchas ocasiones, no resulta necesario acreditar la existencia de un delito penal para que se produzca un grave deterioro democrático.
La negligencia reiterada, la ausencia de controles eficaces, la opacidad en la gestión o la utilización discutible de recursos públicos son capaces de erosionar profundamente la confianza en las instituciones, incluso cuando ningún tribunal llega a dictar una condena.
Ahí reside, precisamente, uno de los grandes problemas de la corrupción local en España. Durante demasiado tiempo se consolidó la idea de que todo aquello que no fuese estrictamente ilegal podía considerarse políticamente aceptable. Ese vacío entre la legalidad y la ética pública ha permitido la normalización de prácticas que, sin cruzar necesariamente el umbral penal, debilitan gravemente la calidad de las instituciones.
Los ejemplos se multiplican por todo el país.
Desde las investigaciones abiertas por la contratación pública durante la pandemia hasta las causas judiciales relacionadas con el urbanismo, las recalificaciones de suelo, las adjudicaciones de servicios, las redes clientelares o el fraccionamiento de contratos detectado en numerosos municipios, el denominador común suele repetirse: controles insuficientes, elevada concentración de poder político y una preocupante falta de transparencia.
La Comunidad Valenciana conoce especialmente bien esa realidad.
Los grandes casos de corrupción de las últimas décadas —Gürtel, Brugal, Taula, Azud o Imelsa— dejaron una profunda huella institucional y evidenciaron cómo determinadas formas de gestionar los recursos públicos podían llegar a arraigar en distintos niveles de la administración.
Naturalmente, el caso de Canet d’en Berenguer no alcanza la dimensión judicial de aquellas macrocausas ni puede establecerse una equiparación entre ellas. Sin embargo, sí presenta algunos elementos estructurales que invitan a la reflexión: decisiones adoptadas con escasa transparencia, dudas sobre los mecanismos de fiscalización, proyectos políticamente atractivos pero administrativamente frágiles y un uso del dinero público rodeado de interrogantes que han terminado situando al municipio bajo el foco de la crítica.
Más allá de las posibles responsabilidades jurídicas, la cuestión esencial es política e institucional.
Porque una democracia no se debilita únicamente cuando aparecen condenas por corrupción. También lo hace cuando los ciudadanos dejan de confiar en que quienes administran los recursos públicos lo hagan con el máximo rigor, objetividad y sometimiento al interés general.
La erosión de la confianza pública
El principal coste de estos episodios rara vez puede cuantificarse únicamente en términos económicos.
Su verdadero impacto se mide en la pérdida de confianza de los ciudadanos hacia sus instituciones.
Cada contrato cuestionado, cada expediente insuficientemente explicado, cada adjudicación opaca o cada proyecto cuya utilidad pública resulta difícil de justificar alimenta una percepción cada vez más extendida: la de que la administración funciona bajo reglas distintas de las que se exigen al ciudadano corriente.
Cuando un vecino recibe una sanción que considera injusta, observa adjudicaciones poco transparentes o contempla inversiones de dudosa utilidad mientras otros problemas municipales permanecen sin resolver, el daño trasciende el expediente concreto. Lo que empieza a resquebrajarse es el vínculo de confianza entre la ciudadanía y quienes gobiernan.
Y reconstruir esa confianza resulta infinitamente más complejo que perderla.
La desafección democrática no surge de un único gran escándalo. Se alimenta de pequeñas decisiones acumuladas, de explicaciones insuficientes y de la percepción de que los mecanismos de control llegan tarde o, sencillamente, no funcionan con la eficacia que la ciudadanía espera.
La obligación política de rendir cuentas
La intervención de la Agencia Valenciana Antifraude ha supuesto un punto de inflexión en la controversia generada por el semáforo foto-rojo. Sus conclusiones han colocado el foco sobre la gestión municipal y han obligado a abrir un debate que trasciende el caso concreto.
Sin embargo, la cuestión fundamental continúa pendiente.
La responsabilidad política.
En una administración democrática no basta con sostener que una actuación puede encajar formalmente dentro de los márgenes de la legalidad. La ciudadanía exige algo más: rigor en la planificación, transparencia en la contratación, eficiencia en el gasto y una gestión escrupulosa de cada euro procedente de los impuestos.
Ese estándar de exigencia obliga a las administraciones a ir mucho más allá de los comunicados institucionales o de las explicaciones genéricas.
Supone publicar los expedientes completos, justificar cada adjudicación, explicar por qué se optó por determinados procedimientos de contratación, detallar los mecanismos de fiscalización empleados y asumir responsabilidades cuando los órganos de control detectan errores relevantes o prácticas administrativas inadecuadas.
Solo mediante ese ejercicio de transparencia es posible recuperar la confianza perdida.
Mientras ese proceso no se produzca de forma clara, verificable y accesible para la ciudadanía, tanto el semáforo foto-rojo como el denominado Instituto de la Paella seguirán funcionando como dos símbolos incómodos de una forma de gestionar lo público que muchos ciudadanos consideran agotada.
Dos proyectos muy distintos entre sí, pero unidos por un mismo denominador común: la controversia sobre la utilización del dinero público, la debilidad de los mecanismos de control y la creciente exigencia social de administraciones más transparentes y sometidas a una verdadera rendición de cuentas.
Y quizá ese sea, por encima de cualquier expediente concreto, el dato más preocupante.
Porque cuando la sospecha sustituye a la confianza y la opacidad desplaza a la transparencia, no solo se deteriora la imagen de un ayuntamiento. Lo que comienza a erosionarse es la propia legitimidad de las instituciones democráticas.
En Canet d'en Berenguer, el debate ya no gira únicamente en torno a un semáforo o a un proyecto gastronómico. Lo que realmente está en juego es el modelo de gestión pública que los ciudadanos están dispuestos a aceptar y el nivel de exigencia democrática que reclaman a quienes administran los recursos de todos.