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Canet merece explicaciones, no excusas: el alcalde debe responder por su gestión. La promoción de su esposa y los fallos documentados del expediente exigen responsabilidades personales y respuestas verificables, no declaraciones de tranquilidad.
La tranquilidad del alcalde no puede ser la respuesta a las dudas sobre su gestión. Pere Antoni Chordà ha defendido, tras su comparecencia judicial por el procedimiento de promoción interna de su esposa, que intervino «solo en el inicio y en el final» y que se abstuvo durante su desarrollo. Según las declaraciones recogidas por la prensa, considera que todo se hizo correctamente. Pero su convicción personal no sustituye a una explicación pública, completa y contrastable.
Canet d’en Berenguer merece algo más que confianza en la palabra de su alcalde. Merece conocer qué decisiones tomó, cuándo las adoptó y cómo quedó garantizada la separación entre su responsabilidad institucional y su interés familiar.
Aprobar las reglas no es un detalle
El expediente 4789/2024 documenta la aprobación mediante resolución de Alcaldía de las bases para cubrir dos plazas de técnico de gestión por promoción interna. Los anuncios oficiales identifican esa resolución y aparecen suscritos por Pere Joan Antoni Chordà. Las bases determinaban quién podía participar, qué pruebas debía superar y cómo se calcularían las puntuaciones.
Por tanto, intervenir «al principio» no es necesariamente intervenir en algo secundario. Es participar en el momento en que se establece el marco de la selección.
La versión municipal sostiene que el alcalde delegó la supervisión al conocer que su esposa concurriría. El expediente recoge también actuaciones de la alcaldesa accidental, incluida la publicación de la lista provisional y del tribunal. Esos hechos deben reconocerse: no todo acto de Alcaldía puede atribuirse personalmente a Chordà. Pero tampoco permiten dar por explicada su intervención anterior.
La pregunta sigue siendo pertinente: ¿cuándo conoció la participación de su esposa y qué había decidido hasta entonces? Una respuesta rigurosa exige fechas, documentos y una delimitación precisa de su abstención.
Un expediente que revela controles deficientes
Las bases establecían dos ejercicios y una puntuación máxima de 20 puntos. Sin embargo, el acta definitiva del 7 de abril de 2025 incorporó un tercer ejercicio y puntuaciones de 24,667 y 28,167 puntos. La misma tabla se reprodujo en la resolución de nombramiento.
El tribunal rectificó el 30 de marzo de 2026. Explicó que se había duplicado la nota del segundo ejercicio por un error de edición y corrigió los totales a 16,667 y 18,167 puntos, sin alterar el orden de los aspirantes.[
Conviene ser exactos: esto no demuestra un amaño. Pero sí permite cuestionar la diligencia administrativa. ¿Cómo pudo aprobarse un acta con puntuaciones superiores al máximo previsto? ¿Por qué el error llegó al nombramiento? ¿Por qué se corrigió casi un año después?
La rectificación arregla los números. No explica por qué falló la revisión.
Y ese es un problema de gestión sobre el que el gobierno municipal debe responder, con independencia del desenlace judicial.
El escrutinio no es el enemigo
El alcalde ha aludido al elevado número de escritos presentados por el denunciante o las plataformas con las que se relaciona. Ese argumento no aclara las decisiones del expediente ni responde a las dudas sobre su intervención.
Un gobernante puede combatir una acusación con documentos. Puede demostrar que una denuncia carece de fundamento. Lo que no debería hacer es convertir la insistencia de quienes fiscalizan su actuación en una respuesta al fondo.
La responsabilidad empieza por aceptar que el control ciudadano no es una molestia ajena al cargo: forma parte de sus exigencias.
Otros asuntos, la misma obligación de explicar
La prensa ha informado también de otra investigación sobre una promoción municipal, la de José Rodríguez Jurado, subdelegado del Gobierno en Valencia. Es un procedimiento distinto, que no acredita irregularidades en el expediente de la esposa del alcalde, pero refuerza la necesidad de explicar cómo se han gestionado estas promociones.
Respecto a los otros 14 asuntos de presunta corrupción mencionados como contexto, la documentación disponible no permite verificar esa cifra ni su situación procesal. No sería riguroso presentarlos como 14 causas judiciales abiertas. Precisamente por eso resulta exigible una relación contrastable de los asuntos denunciados, las respuestas municipales y su estado real.
Gobernar es responder
La esposa del alcalde tiene derecho a progresar profesionalmente. Los vecinos tienen derecho a comprobar que esa promoción se produjo con garantías. Ambos derechos deben protegerse sin privilegios ni condenas anticipadas.
Los tribunales determinarán si existe responsabilidad penal. La rendición de cuentas política no necesita esperar a una sentencia.
Canet no merece excusas ni autocomplacencia. Merece un alcalde que explique sus decisiones y responda por los fallos de su gestión.