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Es evidente que a María José Catalá le ha faltado liderazgo para defender a los vecinos de los pueblos afectados por la DANA, porque ejercer la capitalidad del Cap i Casal exige movilizar recursos, encabezar reivindicaciones y reclamar soluciones al propio partido más allá de los límites municipales. La figura del jurat Vinatea, cuya estatua preside la plaza del Ayuntamiento, recuerda esa responsabilidad hacia el conjunto del territorio, que debería traducirse en apoyo efectivo a las poblaciones damnificadas, incluida Torrent, y en una voluntad de vertebración valenciana incompatible con alimentar rivalidades con Alicante.
Ahora Catalá encabezará la lista del PP al Congreso por decisión de Feijóo, sin que se haya explicado qué participación han tenido los militantes valencianos en una elección de tanta importancia. El procedimiento recuerda demasiado a los matrimonios concertados de otras épocas, cuando alguien decidía desde fuera lo que supuestamente convenía a los interesados, mientras aquí queda pendiente una pregunta: ¿nos beneficia que la alcaldesa de la capital compagine sus responsabilidades municipales con un escaño en Madrid?
Durante la DANA, el sindicato de policías y bomberos SPPLB denunció retrasos y recursos desaprovechados para auxiliar a las poblaciones vecinas, así como demoras de varios días en la activación de unidades especializadas. Cuesta comprender que profesionales con experiencia en catástrofes internacionales, como las de Turquía, encontraran tantas dificultades para prestar auxilio cerca de casa, cuando Paiporta, Catarroja, Alfafar, Massanassa o Benetússer necesitaban todos los medios disponibles. La capitalidad también se demuestra cuando la tragedia golpea a los valencianos de más allá de la Cruz Cubierta.
Recuerdo haber pagado el autobús los días en que acudí a ayudar a la zona afectada, y volver a pagarlo al regresar con el barro encima, cuando facilitar gratuitamente aquellos desplazamientos habría sido una manera sencilla y concreta de respaldar a quienes intentábamos colaborar. También en esas decisiones cotidianas se aprecia la sensibilidad de un gobierno municipal.
Desde Juristes Valencians impulsamos dos jornadas en el Congreso, el 3 de diciembre de 2024 y el 5 de febrero de 2025, para llevar a Madrid las voces del municipalismo y de la sociedad civil, con reclamaciones tan elementales como disponer de los fondos municipales, contratar personal, coordinar administraciones y acelerar la reconstrucción. La teniente de alcalde de Albal denunció que tenían dinero que no podían utilizar; la alcaldesa de Benicull, Amparo Giner, reclamó medios humanos, y los representantes de Tuéjar y Alberic trasladaron la necesidad de recursos, cambios normativos y coordinación efectiva.
Aquellas peticiones respondían a necesidades concretas: recuperar servicios, prevenir nuevas inundaciones y adoptar medidas financieras proporcionadas al daño sufrido por familias, comercios y empresas. El Gobierno socialista tiene una responsabilidad evidente en la insuficiencia de las respuestas, pero esa responsabilidad tampoco puede convertirse en la excusa permanente del PP para limitarse a denunciar lo que tiene capacidad parlamentaria para intentar corregir.
Catalá dispone de una vía inmediata para demostrar su compromiso: exigir a su partido que impulse las reformas todavía necesarias. El pasado 30 de octubre, el propio comisionado del Consell reconocía que la propuesta para agilizar contratos y reforzar el personal municipal seguía pendiente de llegar al Congreso, a la espera de las elecciones del 29 de noviembre. ¿Por qué el PP no promovió antes una iniciativa parlamentaria y qué han hecho sus diputados, junto a los del PSOE y Compromís, para resolver con la urgencia debida unas dificultades que condicionan la vida de miles de vecinos?
La alcaldesa reclamó desde la FEMP modificar el artículo 234 de la Ley de Contratos del Sector Público, y es cierto que se han aprobado flexibilizaciones y medidas de apoyo a la gestión municipal; precisamente por eso, la exigencia debe centrarse en si resultan suficientes y en qué obstáculos siguen impidiendo que la reconstrucción avance al ritmo necesario. Los pueblos afectados no pueden consumir otra campaña electoral escuchando compromisos cuya ejecución se aplaza una y otra vez.
El Estado ha abonado 1.745 millones para reconstruir infraestructuras locales, con asignaciones iniciales de 201 millones a Paiporta, 138 a Catarroja y casi 128 a Algemesí, pero transformar esas transferencias en obras requiere técnicos, contratación ágil y seguridad jurídica. En julio, la alcaldesa de Catarroja advertía de que, al ritmo existente, la recuperación podía prolongarse catorce años y señalaba que no se habían ejecutado ni tres millones de los 220 previstos para reconstruir el municipio. Los vecinos necesitan alcantarillado renovado, instalaciones recuperadas y servicios que funcionen, mientras el PPCV y el PSPV siguen encontrando más facilidad para intercambiar reproches que para acordar soluciones.
En materia de autogobierno tampoco encuentro el liderazgo que cabría exigirle. Catalá proclamaba en 2023 la importancia de recuperar el Derecho Civil Valenciano, pero debe explicar qué compromisos concretos ha obtenido de Feijóo y si comparte la falta de impulso de Pérez Llorca para designar a los diputados que deben defender ante el Congreso la reforma constitucional aprobada por Les Corts. Resulta difícil entender que una reivindicación respaldada reiteradamente en el ámbito municipal encuentre tantas dificultades cuando llega el momento de actuar, porque defender el Estatuto obliga también a exigir al propio partido que cumpla.
Torrent conoce bien la distancia entre las promesas de Catalá y sus resultados: comprometió el hospital en 2007, en 2008 se anunciaban obras para el año siguiente y una inauguración en marzo de 2011, y todavía en abril de ese año renovaba un compromiso que calificaba de personal. Sin embargo, en noviembre de 2011, el president Fabra aparcó el proyecto por falta de recursos, y diecinueve años después de aquella primera promesa el hospital sigue pendiente, también tras gobiernos de otro signo. La alternancia política tampoco ha servido para saldar esa deuda con Torrent.
Reclamamos un hospital comarcal con capacidad para atender a cerca de 200.000 personas de Torrent y su entorno, acercar especialidades y hospitalización y contribuir a descongestionar el Hospital General. Ya en 2022, la puesta en marcha del servicio de resonancia del centro de especialidades se justificaba por su cobertura para unas 155.000 personas de Torrent y poblaciones próximas, una referencia que permite apreciar la dimensión de las necesidades asistenciales de esta zona.
La denuncia de SATSE del pasado mayo sobre la sobrecarga, la falta de personal y las estancias prolongadas en las urgencias del General refuerza la necesidad de una planificación que acompañe las obras con plantillas suficientes y distribuya mejor la atención hospitalaria. Cada año de retraso tiene consecuencias para los pacientes, sus familias y los profesionales que sostienen el servicio.
Tampoco resulta convincente la respuesta de su gobierno municipal al problema de la vivienda, después de rechazar en octubre propuestas sobre la tasa turística y la declaración de zona tensionada. ¿Por qué renunciar a que los visitantes contribuyan al sostenimiento de los servicios municipales y oponerse a solicitar a la Generalitat una declaración que permitiría aplicar los mecanismos de contención del alquiler previstos en la legislación estatal? La dificultad de acceder a una vivienda exige examinar soluciones con mayor disposición que la que permite la disciplina de partido.
Incluso respecto a la denominación de Valéncia, con acento cerrado, corresponde pedirle una explicación: después de tantos anuncios, trámites y alegaciones, ¿cuándo culminará el expediente y qué resultado está dispuesta a defender ante la Generalitat?
La coincidencia de siglas tampoco garantiza resultados, como comprobamos durante los años de Fabra en la Generalitat y Rajoy en la Moncloa, sin que se resolviera nuestra infrafinanciación. Posteriormente, el proyecto de Presupuestos de Rajoy para 2017 reservaba a la Comunitat 589 millones de inversión territorializada, el 6,9 % del total y un 33 % menos que en 2016: apenas 119 euros por habitante frente a los 185 de media. Con estos antecedentes, Feijóo debería explicar antes de las elecciones qué modelo de financiación propone y qué compromisos concretos asume con los valencianos, sin remitirnos de nuevo al catálogo de promesas de Camps y Fabra.
Agenda Valenciana exige compromisos verificables de reconstrucción, financiación justa, hospital de Torrent, transportes dignos y recuperación del Derecho Civil Valenciano, porque nuestra lealtad pertenece a los ciudadanos de todas las comarcas valencianas y cada apoyo parlamentario deberá traducirse en resultados que puedan comprobar.
Señora Catalá: los pueblos de la DANA necesitan diputados que encabecen sus reclamaciones, exijan reformas y consigan acuerdos, aunque para ello tengan que incomodar a quienes los han elegido en Génova. ¿Está dispuesta a asumir esa obligación con todas sus consecuencias? Su trayectoria no le avala; si quiere convencer a los valencianos, tendrá que empezar por cumplir lo que lleva tantos años prometiendo.