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Hay momentos en los que una crisis deja de ser únicamente crisis de gestión y se convierte, además, en crisis de relato. Ceuta es un manifiesto ejemplo de ello.
No somos ajenos a que España ha sufrido una guerra hibrida con la entrada masiva de decenas de miles de personasdesde Marruecos que ejercen una presión extraordinaria sobre servicios públicos y ciudadanía ceutí, poniendo en riesgo la soberanía nacional en ese territorio.
Situación que, tras un mes, el propio Gobierno ha terminado calificando oficialmente como de "interés para la Seguridad Nacional" por afluencia provocada que ha superado capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad de Ceuta, poniendo en riesgo sanitario, social y de orden público a su ciudadanía.
Sin embargo, antes de llegar a esa declaración solemne, la ciudadanía ha sido expuesta a algo mucho más desconcertante: versiones contradictorias desde el propio Gobierno.
La ministra de Defensa afirmó que el CNI había advertido verbalmente a la Delegación del Gobierno sobre los planes de una entrada masiva. El delegado de Gobierno en Ceuta y el ministro del interior han negado haber recibido esa información. No es una cuestión menor. Si existieron avisos, la pregunta es por qué no se actuó adecuadamente. Si no existieron, la pregunta es por qué una ministra de Defensa afirma lo contrario.
Y aquí aparece el verdadero problema: cuando una Administración inoperante se enfrenta a una crisis de esta magnitud, lo primero que hace no es controlar el relato; es reconstruir los hechos.
El Gobierno ha reaccionado tarde, pero, finalmente, ha creado un mando único, ha adoptado medidas extraordinarias, está asignando recursos adicionales y ha formulado una petición de ayuda europea para gestionar la situación y la frontera. Pero esa reacción posterior no responde por sí misma a las preguntas sobre la prevención, la anticipación y la coordinación inicial.
El mecanismo comunicativo resulta conocido: desplazar el debate desde la responsabilidad concreta hacia el "enemigo único". El ministro del Interior, y los medios afines y públicos, han hecho uso del "manual invisible", haciendo desaparecer respuestas sustituyéndolas por etiquetas: racismo, derecha, ultraderecha, fascismo, bulos, alarmismo, Elon Musk, intereses políticos. Entonces el debate deja de centrarse en los hechos y empieza a girar sobre quién tiene derecho a interpretarlos. Mientras tanto, Ceuta y sus ciudadanos permanecen sin ser atendidos.
Porque hay una diferencia fundamental entre desinformar y preguntar: Preguntar por qué no se anticipó la llegada masiva. Preguntar qué información recibió el Gobierno. Preguntar por qué existen versiones contradictorias entre ministerios. Preguntar quién tomó decisiones y cuándo. Preguntar por qué miles de personas permanecen todavía en una ciudad cuya propia Administración reconoce estar sometida a una presión extraordinaria. Preguntar por qué el presidente del Gobierno ha desentendido durante más de tres semanas esa crisis nacional.
Eso no es propaganda. Es democracia.
Ceuta merece algo mucho más sencillo: menos relato y más verdad; menos trincheras ideológicas y más explicaciones y soluciones políticas. Y, sobre todo: asistencia y ayuda a nuestros conciudadanos caballas.
Y el Gobierno, como cualquier Gobierno democrático, no debería temer las preguntas incómodas. Debería ser el primero en responderlas y asistir, con hechos, a la población caballa y a sus instituciones sin miedo a aplicar la Ley.
Y es que Ceuta no se vende, Ceuta se defiende.