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Llevo años leyendo artículos construidos con una impecable arquitectura moral. Casi todos defendían principios con los que era difícil discrepar: la escuela pública, la mezcla social, la acogida, la igualdad, la sostenibilidad. Todo estaba bien dispuesto: la causa justa, la indignación adecuada, el adversario reconocible. Sin embargo, había algo que me producía una incomodidad difícil de nombrar.
No era el principio. Era otra cosa.
Con el tiempo comprendí qué era: casi todos defendían una virtud cuyo precio pagaba otra persona.
Hay convicciones cuya defensa resulta admirablemente sencilla mientras no nos obliguen a renunciar a nada. Las sostenemos con sinceridad, las convertimos en criterio moral y esperamos que los demás las compartan. Pero la convicción cambia de temperatura cuando deja de discutirse en una columna, en un parlamento o en una sobremesa y entra en la matrícula de un hijo, en el barrio donde queremos vivir o en el empleo del que depende nuestro salario.
Quizá el problema no sea la falta de principios. Quizá sea el precio de conservarlos.
No solemos abandonar nuestros principios; solemos trasladar su coste a otros. La idea permanece intacta. También el concepto que tenemos de nosotros mismos. Lo único que cambia es quién soporta sus consecuencias.
Mientras la factura llega a otra casa, la convicción conserva una admirable firmeza. Cuando llega a la nuestra, aparecen los matices.
Las excepciones casi nunca se presentan como renuncias. Llegan envueltas en palabras respetables: prudencia, responsabilidad, circunstancias, sentido común. La conciencia rara vez se declara vencida. Prefiere redactar un informe favorable sobre su retirada.
Hay quien elogia la escuela pública hasta que llega el momento de elegir colegio para sus hijos. Hay quien celebra la mezcla social mientras esa mezcla permanece en las estadísticas, los discursos o los barrios de otros. El defensor de lo común busca discretamente otra escuela para los suyos. El político pide sacrificios desde el coche oficial. El empresario explica la necesidad de moderar salarios con una serenidad que nunca ha tenido que aplicar a sus propios ingresos. El ecologista exige reducir los vuelos y encuentra razones excelentes para cada uno de los que toma.
No hace falta decir sus nombres. Todos conocemos alguno. A veces incluso ocupa nuestra propia silla.
La dificultad empieza cuando el principio deja de ser una idea y se convierte en compañeros de aula, expectativas de futuro, seguridad, disciplina, descenso social o incertidumbre. Entonces descubrimos que no siempre protegíamos únicamente el dinero. A veces protegíamos algo más profundo: el miedo.
Somos muy igualitarios mientras la igualdad no pueda perjudicar a nuestros hijos. Somos partidarios de la mezcla mientras podamos escoger su proporción, su dirección postal y las condiciones en que se produce. Defendemos para los demás una incertidumbre que procuramos reducir en la vida de los nuestros.
Entonces aparece la excepción.
No decimos que hayamos dejado de creer en lo público, en la igualdad o en la convivencia. Decimos que ese centro concreto no es adecuado, que nuestro hijo posee necesidades particulares, que el barrio ha cambiado, que no podemos jugar con su futuro. Puede que todo sea cierto. Las excepciones morales no necesitan mentir; les basta con escoger la parte de la verdad que protege mejor nuestra imagen.
El miedo de los padres merece respeto. Nadie está obligado a convertir a sus hijos en animales de sacrificio para demostrar la pureza de sus convicciones. Pero una decisión comprensible no se vuelve coherente por estar bien explicada. Existe una diferencia entre admitir que hemos protegido a los nuestros y continuar recomendando a los demás la intemperie de la que acabamos de sacarlos.
A la hora de la verdad, casi nadie quiere para su hijo la incertidumbre que considera pedagógicamente saludable para los hijos ajenos.
Cuando quienes poseen más dinero, información, contactos y capital cultural se apartan de lo común, no se limitan a escapar de un problema. Contribuyen también a agravarlo. Y cuando después narran su retirada con pena bien escrita, no corrigen el deterioro. Lo certifican.
Algo semejante ocurre con la vivienda, la seguridad, el empleo o la inmigración. Los principios se proclaman desde lugares sociales muy distintos, pero sus costes no se reparten por igual. Quien tiene asegurados el puesto, el salario, la vivienda y la escuela de sus hijos puede defender ciertas decisiones sin experimentar la incertidumbre que esas mismas decisiones introducen en la vida de otros.
Esto no vuelve injusto el principio. Vuelve sospechosa la comodidad desde la que se proclama.
Tampoco quien escribe estas líneas está libre de excepciones. Es sencillo descubrir la incoherencia ajena; algo más difícil resulta advertir qué principios defendemos nosotros mientras procuramos que su factura no llegue a nuestra puerta.
La verdadera cuestión no es si una persona tiene derecho a elegir lo mejor para los suyos. Naturalmente que lo tiene. La cuestión es qué autoridad conserva para recomendar a otros aquello de lo que ella misma se ha puesto a salvo.
La verdadera prueba de una convicción no es lo que estamos dispuestos a recomendar, sino lo que estamos dispuestos a perder por ella.
Mientras la factura la pague otro, hasta la virtud puede salir gratis.