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La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha reivindicado la presunción de inocencia al denunciar el daño que, a su juicio, sufren personas inmersas en procedimientos judiciales antes de que exista una condena firme. "¿Cuánto más daño se va a seguir haciendo a personas inocentes? ¿Cuánto más daño, a la imagen de la Justicia?", escribió en sus redes sociales.
Sin embargo, sus palabras han reavivado el debate sobre la coherencia de ese discurso. Torró no mantuvo esa misma posición cuando Jorge Rodríguez, entonces presidente de la Diputación de Valencia y uno de los dirigentes más influyentes del PSPV, fue detenido en 2018 en el marco del caso Alquería y apartado de sus cargos políticos antes de que existiera una sentencia.
La actual número tres del PSOE desarrolló buena parte de su carrera política bajo el paraguas de Rodríguez. Fue concejala en Ontinyent durante sus mandatos como alcalde y una de las personas de su máxima confianza. Tras el estallido del caso Alquería y la expulsión de Rodríguez del PSPV, Torró optó por permanecer en el partido y fue consolidando su ascenso político, primero como secretaria autonómica de Economía Sostenible, después como consellera de Política Territorial en el Gobierno de Ximo Puig, y posteriormente, como secretaria de Estado de Industria en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ese recorrido culminó en 2024 con su nombramiento como secretaria de Organización del PSOE, uno de los cargos de mayor peso dentro de la dirección federal del partido.
Durante la crisis que supuso la caída de Jorge Rodríguez, Torró no protagonizó una defensa pública de la presunción de inocencia ni cuestionó las decisiones adoptadas por el partido, que apartó de inmediato al entonces presidente de la Diputación. Años después, con el archivo de buena parte de las acusaciones y la absolución de Rodríguez en los procedimientos que llegaron a juicio, muchos recuerdan aquel episodio como un ejemplo de las consecuencias políticas de las investigaciones judiciales antes de que exista una resolución firme.
Por ello, la apelación de Torró a la presunción de inocencia ha sido interpretada como una posición contradictoria. Consideran que el principio que hoy reivindica no fue defendido con la misma contundencia cuando afectó a quien había sido su referente político y una de las figuras clave en su trayectoria institucional.
El contraste entre ambos episodios vuelve a abrir el debate sobre si los partidos aplican el principio de presunción de inocencia de forma uniforme o si su defensa depende de las circunstancias políticas y de quién sea el afectado.