Añadir El Periodico de Aquí como fuente preferida de Google de forma gratuita.
En los últimos años, el debate sobre el futuro de las pensiones se ha convertido en una de las cuestiones más relevantes de la política y de la economía en España. Este hecho está aventado sesgadamente por algunos, que señalan, sin tener ninguna relación al respecto, que existen jubilados que perciben más ingresos que algunos asalariados. Esto evidentemente, es estar interesado en incentivar una ceremonia de la confusión creando así una confusión de confusiones ocasionando un debate espurio, por intereses bastardos. Pues pretender que porque algo no esté bien, sea “arreglado” a través de realizar una equiparación destrozando lo que sí lo está, no tiene sentido alguno. Indiscutiblemente el envejecimiento de la población, la evolución del mercado laboral y la sostenibilidad de las cuentas públicas han llevado a que este asunto, ocupe un lugar central en la discusión pública del país. Sin embargo, con demasiada frecuencia este importante asunto, se aborda desde una perspectiva exclusivamente contable, olvidando que detrás de cada pensión existe una persona que, tras toda una vida de trabajo y contribución a la sociedad, merece vivir su etapa de jubilación con dignidad. Pues son acreedores de derechos. Y todo esto, se debe recordar que ya fue iniciado, hace ya algunas décadas, paradójicamente por el partido socialista obrero español.
Ya que hace mucho tiempo causaron una gran controversia las declaraciones del exministro de Economía Carlos Solchaga, quien afirmó que los pensionistas no tenían motivos para quejarse, porque según su criterio, las cotizaciones realizadas durante su vida laboral, no justificaban el importe de las pensiones que actualmente perciben. Estas palabras suscitaron un intenso debate y todo evidencia irrefutablemente, parten de una concepción en la realidad, profundamente equivocada, del sistema de pensiones y de la función que este desempeña en un Estado social.
Reducir las pensiones a una simple operación matemática entre lo aportado y lo recibido, supone indiscutiblemente, ignorar la verdadera naturaleza de este derecho, ya adquirido además, hace varias décadas. El sistema público de pensiones no nació nunca como un mecanismo de ahorro individual, en el que cada trabajador recuperaría así, exactamente, lo que ingresó durante su vida activa. Pues obviamente, su fundamento responde a un principio mucho más amplio, que fue la solidaridad entre generaciones, lo cual es precisamente, lo que le hace ser. Y también el compromiso colectivo además, de garantizar unas condiciones de vida dignas a quienes han alcanzado la edad de jubilación.
Por ello, resulta ser irrefutablemente, un craso error plantear este debate, únicamente desde criterios economicistas, cuasi haciendo que este importantísimo asunto se vea tratado desde una perspectiva que sea entendido como una limosna caritativa que vacía el Erario. Naturalmente, la sostenibilidad financiera del sistema constituye una cuestión importante y por lo tanto, lógicamente no debe ser ignorada. Sin embargo, convertirla en el único argumento que lo regula, sin duda alguna, desvirtúa el auténtico sentido de las pensiones. La pregunta esencial no debería ser exclusivamente cuánto cuesta mantenerlas, sino qué modelo de sociedad queremos construir y cuáles son los derechos que consideramos irrenunciables para todos los ciudadanos.
Una sociedad verdaderamente avanzada no puede aceptar que una persona, tras décadas de esfuerzo y de contribución al bienestar colectivo, se vea condenada a afrontar los últimos años de su vida en condiciones de precariedad económica. La jubilación no debe convertirse en una etapa de incertidumbre o pobreza, sino en un periodo en el que quienes han trabajado durante toda su vida, puedan disfrutar de una existencia tranquila y segura. Garantizar ese objetivo constituye una obligación ética, además de una responsabilidad política por haber suscrito un compromiso social.
Con frecuencia se presentan las pensiones como una carga excesiva para las finanzas públicas, olvidando que fueron concebidas precisamente para proteger a quienes, una vez finalizada su vida laboral, ya no disponen de los recursos necesarios para mantenerse por sí mismos. Su finalidad nunca fue la de ofrecer una rentabilidad individual, comparable a la de una inversión privada, sino proporcionar un mecanismo de protección social capaz de evitar situaciones de exclusión y de garantizar un mínimo de bienestar a esos integrantes de la Sociedad.
En el caso español, el sistema evidentemente se organizó siguiendo el modelo de reparto, mediante el cual las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las prestaciones de quienes ya se han jubilado. Este diseño implica que las pensiones no dependen de una cuenta individual donde cada ciudadano acumule exclusivamente sus propias aportaciones. Por ello, carece de sentido afirmar que un pensionista recibe más o menos de lo que cotizó, como si el sistema funcionara bajo criterios de capitalización individual. Esa comparación pervierte completamente el funcionamiento y la filosofía del modelo adoptado desde su inicio.
Es cierto que es indiscutible que el equilibrio financiero del sistema debe vigilarse y adaptarse lógicamente a los cambios demográficos y económicos. Sin embargo, las posibles reformas, siempre se deberían orientar a garantizar su viabilidad, sin cuestionar el principio esencial que lo inspira que de manera insoslayable resulta ser la protección de las personas mayores, como expresión de solidaridad y cohesión social. De lo contrario, el debate corre el riesgo de reducirse a una mera discusión presupuestaria, dejando en un segundo plano lo que sustenta todo que son los valores que justifican la existencia misma del Estado del bienestar.
No debe olvidarse, además, que el origen histórico de las pensiones modernas se remonta a las reformas impulsadas por Otto von Bismarck, en la Alemania del siglo XIX. Aquellas medidas no surgieron para establecer un cálculo exacto entre aportaciones y prestaciones, sino para ofrecer una cobertura social que protegiera a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la vejez, consolidando así un principio de responsabilidad colectiva que posteriormente inspiraría numerosos sistemas públicos diferentes de protección social, en todo el mundo.
En definitiva, el verdadero debate sobre las pensiones trasciende las cifras y los balances económicos. Ya que se trata de decidir qué importancia concedemos a la justicia social, a la solidaridad entre generaciones, a la dignidad de las personas cuando finaliza su vida laboral y que modelo social queremos tener en nuestra Sociedad. Mientras esos principios continúen siendo valores fundamentales de nuestra convivencia, el derecho a una pensión suficiente no puede entenderse como un privilegio, ni como una concesión, sino como una de las expresiones más claras del compromiso de una sociedad con quienes han contribuido de manera irrefutable durante años concretamente a construirla. Y definir por tanto el paradigma de Sociedad que los que gobiernan van a implementar, para todos sus integrantes, resulta ser fundamental. Si es que verdaderamente se persigue que las Sociedades no sean de carácter distópico, por tener, algunas de sus partes más, de una manera preocupante y por lógica, no deseable.
Y lo que no se puede olvidar, ni soslayar, las pensiones de jubilación son un contrato social, indiscutiblemente. Y ya se está produciendo un cambio de reglas que nadie señala. Piénsese por citar tan sólo un ejemplo que los autónomoscuando empezaron a cotizar a la seguridad social, con 15 años de cotización ya tenían derecho a la pensión. Pero ahora se cambia, sin reacción alguna a pesar del perjuício que irroga, para quitar el derecho a la pensión de jubilación a personas que no hayan cotizado 2 años dentro de los 15 años anteriores a su jubilación.