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La política pierde su razón de ser cuando convierte a las personas en instrumentos de una estrategia electoral. Ocurre tanto cuando la diversidad se utiliza como bandera para dividir a la sociedad como cuando se pretende invisibilizarla por conveniencia ideológica. Ambos caminos comparten un mismo error: subordinan la dignidad de la persona a la utilidad política del momento.
Los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026 ofrecen, en este sentido, una lectura distinta. La presencia de partidas destinadas a igualdad, diversidad, conciliación, juventud o inclusión social no responde únicamente al cumplimiento de una obligación administrativa, sino a una determinada concepción de la acción pública: la de un gobierno que entiende que la libertad solo es real cuando todas las personas encuentran las condiciones necesarias para desarrollar su proyecto de vida con independencia de su orientación sexual, identidad de género, origen o condición.
Resulta especialmente significativo que la diversidad no desaparezca de las cuentas públicas, sino que permanezca integrada en una política más amplia de igualdad y cohesión social. Cambian denominaciones administrativas, evolucionan programas y prioridades, pero permanece una convicción esencial: la Administración tiene el deber de proteger a las personas frente a cualquier forma de discriminación. La igualdad efectiva no exige convertir permanentemente a los ciudadanos en categorías políticas; exige garantizar que ninguno de ellos vea limitada su libertad por ser quien es.
Desde esa perspectiva cobra sentido la reivindicación del humanismo cristiano realizada por el Partido Popular como inspiración ética de su proyecto político. Entendido en su mejor tradición, el humanismo cristiano no establece jerarquías entre personas, sino que afirma una idea profundamente democrática: toda vida posee una dignidad intrínseca que antecede al Estado, a las mayorías parlamentarias y a cualquier construcción ideológica. Esa dignidad no depende de la orientación sexual, de la identidad de género, de las creencias o de las circunstancias personales. Es un atributo inherente de la condición humana.
Precisamente por ello, la defensa de los derechos de las personas LGTBI encuentra un fundamento especialmente sólido cuando se apoya en la dignidad humana y no únicamente en la identidad. Los derechos son más resistentes cuando dejan de pertenecer a un colectivo concreto para convertirse en expresión de un principio universal. La igualdad no consiste en privilegiar unas identidades frente a otras, sino en asegurar que ninguna persona quede excluida de la libertad común.
Es en este contexto donde puede interpretarse el liderazgo de Juanfran Pérez Llorca. Su propuesta política aspira a situar la persona por encima de la confrontación ideológica y a rechazar la utilización partidista de la diversidad como mecanismo de polarización. Su discurso pretende ofrecer una alternativa para quienes desean que su orientación sexual o su identidad de género no determinen su adscripción política, sino que sean plenamente compatibles con un proyecto centrado en la libertad individual, la igualdad ante la ley y la dignidad humana.
Esa aspiración no significa que represente de manera unánime a todas las personas LGTBI —una afirmación que ninguna fuerza política puede sostener legítimamente en una sociedad plural—, sino que busca dirigirse también a quienes, desde cualquier orientación sexual o identidad de género, reclaman una opción política de inspiración humanista que rechace la instrumentalización de su realidad personal como arma electoral. Es una invitación a entender que la diversidad no pertenece a la izquierda ni a la derecha, sino a la sociedad en su conjunto.
Porque la libertad no consiste en imponer una identidad, sino en garantizar que cada persona pueda vivir la suya sin miedo y sin tutela. La política no debería legislar el amor ni apropiarse de él; tampoco convertir la dignidad en patrimonio de una ideología determinada. Su verdadera misión es crear las condiciones para que cada ciudadano pueda vivir conforme a su conciencia, respetando la libertad de los demás.
Cuando la diversidad deja de ser un eslogan para convertirse en una política pública de igualdad, cuando la dignidad sustituye a la identidad como fundamento de los derechos y cuando el humanismo vuelve a situar a la persona en el centro de la acción política, la democracia recupera su sentido más profundo. Ese es, en definitiva, el horizonte que sugieren los Presupuestos de 2026: una Comunidad Valenciana donde la libertad no dependa de etiquetas, donde la igualdad no necesite banderas y donde ninguna persona vuelva a ser utilizada como instrumento de una batalla partidista. Solo así la esperanza deja de ser un discurso para convertirse en una forma de gobernar.