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Durante demasiado tiempo, el debate económico europeo ha estado atrapado entre dos posiciones aparentemente irreconciliables; los que consideran que el Estado debe limitarse a regular, redistribuir y corregir los fallos del mercado, y quienes defienden una presencia de lo público mucho más activa e intensa en la economía. Quizá haya llegado el momento de superar esa dicotomía pues la verdadera cuestión no debería ser cuánto Estado queremos, sino qué Estado necesitamos para crear prosperidad en un mundo sometido a una competencia económica, tecnológica y geopolítica cada vez más fuerte.
Europa realmente se encuentra ante una encrucijada histórica. Estados Unidos y China están desarrollando enormes capacidades industriales y tecnológicas para tratar de ser el hegemón del mundo. Las cadenas de suministro se han convertido en instrumentos de poder; la inteligencia artificial está transformando sectores enteros de la economía; la transición energética exige inversiones gigantescas; y tecnologías como los semiconductores, la biotecnología, la robótica, la computación cuántica, el espacio o las nuevas tecnologías de defensa, determinarán buena parte de la riqueza y de la autonomía de país y ciudadanos en las próximas décadas.
En este escenario, limitarse a facilitar la creación de empresas y a reducir burocracia es necesario, pero sin duda alguna, manifiestamente insuficiente.
Europa es evidente que necesita algo más ambicioso, un Estado capaz no solamente de administrar la riqueza existente, sino también de involucrarse en contribuir activamente a crear esa nueva riqueza.
El debate que Europa ya ha empezado a afrontar y obviamente no se trata de una cuestión meramente teórica. El debate ha cambiado sustancialmente en los últimos años y seguramente continuará cambiando, a tenor del devenir que se prevé.
El informe presentado por Mario Draghi, en septiembre de 2024, expuso palmariamente una realidad que Europa llevaba demasiado tiempo evitando. Pues es irrefutable que el continente necesita cerrar su brecha de innovación, reducir dependencias estratégicas y realizar un esfuerzo inversor extraordinario para recuperar competitividad. Dicho informe estimó unas necesidades adicionales de inversión del orden de 750.000-800.000 millones de euros anuales.
La Comisión Europea recogió posteriormente buena parte de este diagnóstico en la denominada Brújula de la Competitividad, presentada en enero de 2025. Sus tres grandes prioridades son precisamente cerrar la brecha de innovación, compatibilizar descarbonización y competitividad y reducir dependencias estratégicas. Y, junto a ellas, aparecen elementos tan significativos como la financiación de la competitividad, la simplificación administrativa, las capacidades profesionales y una mayor coordinación entre las políticas europeas y nacionales, algo indudablemente de suma necesidad y de complejidad enorme su correcta puesta en marcha.
Es decir, Europa comienza ahora a reconocer algo obvio y absolutamente fundamental que es que la competitividad no aparece espontáneamente.
Necesita estrategia.
Necesita capital.
Necesita tecnología.
Necesita infraestructuras.
Necesita talento.
Y, sobre todo, necesita una visión formativa adecuada, de largo plazo .
Por lo.que hay que pasar del Estado regulador, a un Estado desarrollador necesariamente, cuanto antes.
El concepto de Estado desarrollador, asociado a economistas como el Nobel Joseph Stiglitz y a la experiencia de diversos países que utilizaron activamente las políticas industriales , tecnológicas y creando incluso pymes para acelerar su transformación económica, resulta especialmente interesante en este contexto.
Cabe señalar con rotundidad que no significa regresar al viejo intervencionismo económico, ni convertir a las Administraciones en gigantescas empresas que pretendan hacerlo todo.
Significa asumir que los mercados, por sí solos, no siempre tienen incentivos suficientes para financiar determinados proyectos estratégicos, especialmente cuando requieren enormes inversiones iniciales, presentan elevados riesgos tecnológicos o generan beneficios económicos y sociales que tardan años en poder materializarse.
La investigación científica básica es un ejemplo de ello evidente.
Una empresa puede tener dificultades para justificar una inversión cuyo retorno comercial puede tardar quince o veinte años. Sin embargo, para un país puede resultar irrefutablemente decisivo financiarla.
Lo mismo sucede con determinadas infraestructuras energéticas, redes de transporte, tecnologías estratégicas, capacidades industriales, semiconductores, inteligencia artificial, biotecnología o determinadas aplicaciones de la tecnología espacial.
El Estado puede asumir una parte del riesgo inicial para que posteriormente el sector privado pueda desarrollar y multiplicar esa inversión.
Ese es el verdadero sentido de un Estado catalizador.
Estados Unidos tampoco ha dejado todo en manos del mercado
Existe una cierta paradoja en el debate europeo.
Mientras en Europa todavía se discute con frecuencia si la Administración debe intervenir demasiado en la economía, las principales potencias económicas llevan décadas utilizando recursos públicos para impulsar tecnologías estratégicas.
Una parte considerable de las grandes transformaciones tecnológicas o no que posteriormente fueron explotadas comercialmente por empresas privadas nació de inversiones públicas, especialmente vinculadas a investigación, defensa, energía, espacio y tecnologías digitales.
La lección no es que el Estado deba sustituir al empresario.
Es exactamente la contraria.
El Estado puede asumir riesgos que permitan posteriormente al empresario desarrollar mercados.
La política industrial moderna no consiste en decidir desde un despacho qué empresa debe ganar dinero. Consiste en crear las condiciones financieras, tecnológicas, educativas, energéticas e industriales para que aparezcan empresas capaces de competir internacionalmente.
Europa necesita pasar de inventar a fabricar para desarrollarse.
Este quizá sea uno de los grandes problemas europeos.
Europa dispone de magníficas universidades, centros de investigación, científicos, ingenieros y emprendedores. Produce conocimiento de enorme calidad.
Pero demasiadas veces ocurre algo aparentemente inexplicable: la idea nace en Europa, la tecnología se desarrolla parcialmente en Europa y el gran negocio termina creciendo en otro lugar.
La cuestión fundamental, por tanto, no es únicamente generar conocimiento.
Es conseguir convertirlo en empresas, empleos, exportaciones y riqueza.
La Unión Europea reconoce precisamente esa necesidad. Su estrategia actual pretende favorecer que las tecnologías del futuro se inventen, fabriquen y comercialicen dentro del continente, con especial atención a sectores como inteligencia artificial, materiales avanzados, computación cuántica, biotecnología, robótica y espacio.
Ese cambio de mentalidad resulta esencial.
Porque una economía puede ser extraordinariamente culta y científicamente avanzada y, sin embargo, no ser capaz de capturar suficiente valor económico de su propio conocimiento.
En Europa, por poner un ejemplo, talento sí hay, pero el tamaño necesario, no siempre, algo que es fundamental en la actualidad.
España obviamente no es ajena a este problema.
Disponemos de investigadores excelentes, universidades de calidad, empresarios capaces y una generación de emprendedores tecnológicos que ha demostrado que puede competir internacionalmente.
Pero nuestro problema continúa siendo, en buena medida, la escala.
Tenemos demasiadas empresas pequeñas y relativamente pocas capaces de convertirse en grandes multinacionales tecnológicas o industriales.
Y cuando una empresa necesita cientos de millones de euros para pasar de laboratorio a fábrica, desarrollar una tecnología compleja o competir en mercados internacionales, el sistema financiero tradicional no siempre resulta suficiente.
Aquí aparece una oportunidad para el sector público.
No necesariamente mediante subvenciones permanentes, sino mediante instrumentos financieros inteligentes: capital riesgo público, préstamos participativos, garantías, coinversiones, fondos de crecimiento, compras públicas innovadoras y participación temporal en proyectos estratégicos.
La finalidad debería ser muy clara por lo tanto, que el dinero público ayude a que las empresas españolas crezcan, pero que no las haga dependientes del dinero público.
También debemos recuperar una parte de nuestra memoria industrial
España ya ha conocido etapas en las que el Estado desempeñó un papel decisivo en la industrialización y en la creación de grandes capacidades empresariales.
Empresas como Telefónica, SEAT, Endesa, ENSIDESA o Iberia formaron parte, con diferentes fórmulas y circunstancias históricas, del proceso de modernización económica del país.
Sería absurdo trasladar automáticamente aquel modelo al siglo XXI.
La economía actual es radicalmente distinta.
Pero también sería un error pensar que de aquella experiencia no puede extraerse ninguna enseñanza.
La principal es que un país necesita disponer de capacidades empresariales propias en determinados sectores estratégicos.
Y esto cobra todavía más importancia cuando las tensiones geopolíticas demuestran que determinadas dependencias económicas pueden convertirse rápidamente en vulnerabilidades políticas.
La energía es un ejemplo.
Los semiconductores, otro.
Las materias primas críticas, la industria de defensa, las telecomunicaciones, las infraestructuras digitales o determinados medicamentos esenciales constituyen igualmente ámbitos en los que la autonomía económica tiene una dimensión de seguridad nacional.
Empresas públicas sí, pero empresas de verdad. Y aquí aparece precisamente una cuestión especialmente controvertida.
¿Puede el Estado crear empresas públicas que compitan en el mercado?
Irrefutablemente sí, siempre que se haga con criterios empresariales rigurosos, transparencia, profesionalidad y reglas de competencia claras. Esto que en Europa puede parecer quimérico, sin lugar a dudas es indiscutiblemente factible.
Una empresa pública no debería ser una agencia administrativa disfrazada de sociedad mercantil.
Ni una fábrica de empleo de políticos.
Ni por supuesto una estructura destinada a acumular pérdidas indefinidamente.
Una empresa pública debería someterse, dentro de las reglas que correspondan, a criterios comparables a los de cualquier empresa privada, objetivos en cuanto a productividad, rentabilidad, innovación, calidad, recursos humanos, dirección profesional, evaluación de resultados y responsabilidad por la gestión.
Y, sobre todo, debería tener una razón económica o estratégica que justifique su existencia.
Esto abre además una posibilidad mucho más interesante de lo que habitualmente se plantea.
Las empresas públicas no tienen por qué ser necesariamente gigantes.
También pueden ser pequeñas y medianas empresas.
Pymes públicas, con participación estatal o autonómica, capaces de competir en determinados nichos tecnológicos o industriales, especialmente allí donde exista una oportunidad de desarrollo que el capital privado no esté dispuesto a asumir inicialmente.
Incluso podrían utilizarse como instrumentos de transformación territorial.
Imaginemos una comarca con pérdida constante de población y escasa actividad industrial. Si una Administración, en colaboración con universidades, centros tecnológicos y empresas privadas, fuese capaz de crear allí una pequeña compañía especializada en robótica, energías avanzadas, agroindustria tecnológica, inteligencia artificial aplicada, materiales avanzados o economía circular o de cualquier otro sector, el impacto podría ser muy superior al de una simple subvención.
Una empresa genera actividad.
La actividad genera proveedores.
Los proveedores generan empleo.
El empleo atrae población.
La población demanda vivienda, comercio, educación, transporte y servicios.
Y ese proceso puede terminar transformando económicamente un territorio.
Esa es la diferencia entre gastar dinero público y utilizar dinero público para construir capacidad productiva.
El problema no es que el Estado invierta; es cómo invierte
Esta distinción resulta fundamental.
Una inversión pública mal diseñada puede convertirse en un agujero financiero.
Una empresa pública mal gestionada puede generar pérdidas durante décadas.
Una política industrial basada en favoritismos puede destruir la competencia y beneficiar únicamente a determinados grupos.
Por eso defender un papel más activo del Estado exige, paradójicamente, exigir mucho más rigor al propio Estado.
No se trata de pedir menos mercado.
Se trata de construir mejores mercados.
Y eso exige competencia real, transparencia, evaluación independiente, contratación pública eficiente, profesionalización de los consejos de administración y mecanismos para impedir que las decisiones empresariales se conviertan en decisiones partidistas.
La propiedad pública no garantiza la eficiencia.
Pero tampoco la propiedad privada garantiza por sí sola la eficiencia.
Lo que determina los resultados es la calidad de la gestión, los incentivos, la competencia y las reglas.
La gran asignatura pendiente que propone los gobernantes europeos es movilizar el ahorro europeo, sin llegar al expolio.
Europa tiene además una paradoja extraordinaria.
Dispone de enormes cantidades de ahorro, pero no siempre consigue convertirlo en inversión productiva en empresas europeas.
La propia Comisión Europea ha advertido de este problema y ha situado la denominada Unión de Ahorros e Inversiones en el centro de su estrategia. Según la Comisión, alrededor de 10 billones de euros de ahorro minorista europeo permanecen actualmente en depósitos bancarios, mientras existe una necesidad extraordinaria de financiar innovación e inversión.
Esto significa que el problema europeo no consiste únicamente en encontrar dinero.
Consiste en hacer atractivo el canalizarlo hacia proyectos empresariales donde pueda producir más crecimiento.
Y ahí el Estado puede desempeñar un papel decisivo, pero no necesariamente como financiador exclusivo.
Puede actuar como primer inversor, garante, coinversor y creador de instrumentos capaces de reducir el riesgo y atraer grandes cantidades de capital privado.
Ese efecto multiplicador es probablemente mucho más importante que el volumen de dinero que directamente pueda aportar cualquier Administración.
La energía será probablemente la gran batalla industrial.
La transición energética ilustra perfectamente la magnitud del desafío.
La Comisión Europea calcula que las inversiones energéticas necesarias entre 2026 y 2030 rondarán los 660.000 millones de euros anuales, frente a unos 240.000 millones anuales de media durante 2011-2021.
Ningún presupuesto público puede financiar por sí solo semejante transformación.
Pero tampoco el mercado puede resolverla sin una estrategia pública que defina infraestructuras, redes, permisos, almacenamiento, interconexiones, financiación y seguridad regulatoria.
Por eso el debate correcto no es Estado frente a mercado, sino Estado más mercado.
La Administración debe crear las condiciones para que el capital privado encuentre oportunidades rentables y estables de inversión.
Y el sector privado debe aportar aquello que sabe hacer mejor: eficiencia, innovación, gestión del riesgo, productividad, comercialización y capacidad para competir.
Menos burocracia, pero también más ambición
Hay otra cuestión que no debería confundirse.
Defender un Estado más activo no significa defender un Estado más burocrático.
Europa necesita precisamente lo contrario.
La Comisión se ha marcado como objetivo reducir la carga administrativa al menos un 25% para las empresas y un 35% para las pymes. También ha puesto en marcha medidas destinadas a simplificar el funcionamiento del mercado único y facilitar el crecimiento empresarial.
Esto es absolutamente necesario.
Pero simplificar no puede convertirse en la única política económica.
Un Estado que tarda menos en conceder una licencia es mejor Estado; un Estado que además consigue que una tecnología europea llegue al mercado mundial es un Estado mucho más ambicioso.
Europa necesita las dos cosas.
España necesita una estrategia industrial de país
En España ya existen instrumentos que apuntan en esta dirección.
La transformación de SEPIDES en una entidad estatal de promoción industrial y desarrollo empresarial pretende reforzar precisamente su papel en la política industrial y en la gestión de fondos destinados a proyectos empresariales. El propio Grupo SEPI señala, además, el creciente protagonismo de instrumentos como el FAIIP y otros fondos de promoción empresarial.
El reto ahora es conseguir que estos instrumentos no funcionen como una suma dispersa de programas.
España necesita una verdadera estrategia industrial de país, con objetivos a diez, quince y veinte años.
Y debería existir un acuerdo suficientemente amplio para que determinadas prioridades permanezcan aunque cambien los gobiernos.
Semiconductores.
Inteligencia artificial.
Energía.
Redes eléctricas.
Almacenamiento.
Defensa.
Biotecnología.
Agua.
Agroindustria avanzada.
Robótica.
Espacio.
Nuevos materiales.
Digitalización industrial.
Y, por supuesto, tecnologías relacionadas con la economía circular y la descarbonización.
No todos estos sectores tienen que recibir dinero público.
Pero España sí debería decidir en cuáles quiere tener capacidad propia y en cuáles acepta razonablemente depender del exterior.
Porque depender de otros países a veces no siempre es un problema.
El problema aparece cuando dependemos de ellos precisamente en aquello que resulta estratégico.
Habría que considerar a el Estado como un accionista paciente
Quizá uno de los conceptos que más necesitamos introducir en el debate económico español sea el de capital paciente y no cortoplacista.
Hay empresas que necesitan diez años para madurar.
Hay tecnologías que requieren quince.
Hay infraestructuras cuya rentabilidad se alcanza durante décadas.
El capital privado, legítimamente, busca rentabilidad y seguridad.
El Estado puede aportar algo diferente que es el horizonte temporal.
Puede invertir cuando todavía existe demasiada incertidumbre para el mercado y retirarse posteriormente cuando la empresa haya alcanzado suficiente madurez y pueda atraer capital privado.
No siempre tendrá que vender.
Pero debería poder hacerlo cuando resulte conveniente.
De esta manera, la participación pública no se convertiría en una propiedad permanente, sino en un instrumento para acelerar la creación de empresas competitivas.
El objetivo no sería tener más empresas públicas, sino tener más empresas españolas capaces de competir internacionalmente.
Esta diferencia es esencial.
Crear riqueza para poder redistribuirla
En el fondo, todo este debate conduce a una cuestión social.
El Estado del bienestar necesita recursos.
Las pensiones necesitan recursos.
La sanidad necesita recursos.
La educación necesita recursos.
La dependencia necesita recursos.
La protección social necesita recursos.
Y esos recursos proceden, en última instancia, de una economía productiva capaz de generar empleo, beneficios, salarios y recaudación fiscal.
Por eso resulta insuficiente discutir únicamente cómo distribuir la riqueza.
También debemos preguntarnos cómo crearla.
Un país que solamente redistribuye una riqueza que crece lentamente terminará enfrentándose inevitablemente a conflictos sociales distributivos cada vez mayores.
Un país que consigue aumentar su productividad, crear nuevas industrias, generar buenos empleos y conquistar mercados internacionales dispone de un margen mucho mayor para financiar su Estado del bienestar.
La política social y la política industrial, por tanto, no deberían considerarse adversarias.
Bien diseñadas, pueden ser complementarias.
Europa no puede permitirse ser espectadora
La cuestión adquiere todavía mayor importancia porque el mundo está entrando en una etapa en la que la capacidad económica y la capacidad geopolítica son cada vez más inseparables.
China utiliza su dimensión industrial como instrumento de poder económico.
Estados Unidos combina capital privado, universidades, grandes empresas tecnológicas y una extraordinaria capacidad de inversión pública estratégica.
Europa no puede responder a este nuevo escenario únicamente con regulación.
Necesita producir.
Necesita innovar.
Necesita escalar empresas.
Necesita fabricar.
Necesita exportar.
Necesita dominar determinadas tecnologías.
Y necesita disponer de capital suficiente para hacerlo.
La propia Unión Europea ha empezado a reconocerlo. La Brújula de la Competitividad, las iniciativas de financiación, el apoyo a tecnologías estratégicas y las políticas destinadas a reducir dependencias apuntan en esa dirección.
Pero una estrategia europea solo tendrá éxito si también existe voluntad de ejecutarla en cada Estado miembro.
Una nueva relación entre Estado y empresa
Quizá debamos abandonar definitivamente una vieja discusión ideológica.
No se trata de elegir entre capitalismo y Estado.
Ni entre empresa pública y empresa privada.
Ni entre regulación y libertad económica.
El desafío consiste en diseñar una nueva relación entre el Estado, la empresa, la ciencia, el capital y los trabajadores.
Una relación en la que el Estado asuma aquellos riesgos que el mercado no puede asumir inicialmente, pero en la que el sector privado sea posteriormente capaz de multiplicar las inversiones y competir sin privilegios.
Una relación en la que las universidades no sean únicamente centros de enseñanza e investigación, sino también fuentes de innovación empresarial.
Una relación en la que los investigadores puedan convertirse en emprendedores.
Una relación en la que los fondos públicos sirvan para atraer mucho más capital privado.
Una relación, en definitiva, en la que cada euro público tenga como objetivo generar muchos más euros a través de una adecuada actividad económica.
Ese debería ser uno de los grandes criterios de evaluación de las políticas económicas del futuro.
La riqueza no se puede decreta, se construye.
Europa tiene ante sí en estos momentos una oportunidad histórica.
La revolución tecnológica, la transición energética, la reindustrialización y las nuevas necesidades de seguridad están abriendo mercados gigantescos.
Pero esos mercados serán conquistados por quienes sean capaces de invertir, asumir riesgos, desarrollar tecnología y crear empresas competitivas.
Nada garantiza que esas empresas tengan que ser europeas.
Pues nada garantiza tampoco que los empleos de mayor valor añadido vayan a permanecer en Europa.
Y nada garantiza que el enorme talento científico europeo se traduzca automáticamente en prosperidad europea.
Por eso ha llegado el momento de ampliar nuestra concepción del Estado.
El Estado no debe limitarse a corregir los fallos del mercado. Debe ser capaz de anticiparse a las grandes transformaciones económicas y contribuir a construir los mercados del futuro.
No como empresario omnipresente.
No como competidor privilegiado.
No como instrumento partidista.
Sino como catalizador, inversor, accionista paciente, garante y estratega.
Y cuando sea necesario, también como creador de empresas públicas capaces de comportarse como empresas de verdad, con profesionales al frente, objetivos claros, disciplina financiera y empresarial, innovación, productividad, responsabilidad y competencia.
Si además esas empresas sirven para generar actividad en territorios despoblados, crear empleo cualificado, atraer talento, desarrollar proveedores y elevar el nivel económico de determinadas zonas, su rentabilidad no debería medirse exclusivamente en una cuenta de resultados.
También debería medirse en términos de riqueza de sus integrantes, cohesión territorial y transformación social alcanzando el óptimo de todos sus integrantes, no tan sólo de unos pocos.
El Estado del Bienestar del futuro no puede limitarse a repartir mejor la riqueza que otros crean.
Necesita participar en la creación de esa riqueza.
Porque es obvio que la gran asignatura pendiente de Europa no sea decidir entre más Estado o menos Estado.
Ya que indudablemente es conseguir un Estado más inteligente, más estratégico y mucho más capaz de crear las condiciones para que Europa vuelva a ser protagonista de su propio futuro económico. Y lógicamente que todos sus integrantes puedan gozar de una vida, lo mejor que sea posible.
Y España debería formar parte de ese cambio, no como espectadora, sino como protagonista.