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La implantación de los tribunales de instancia en la Comunitat Valenciana con el Nuevo Modelo Organizativo (NUMO) la vendió quién la diseñó, el Ministerio de Justicia, como una gran modernización. No obstante, en la práctica, está generando un daño inaceptable: la expulsión silenciosa de la experiencia profesional que durante décadas ha mantenido en pie una administración de Justicia pública deficitaria en medios y personal.
La realidad consiste en que funcionarios con una trayectoria dilatada y un conocimiento profundo de materias concretas han pasado de ser referentes en sus oficinas a convertirse en piezas intercambiables, que trasladan de un puesto a otro según decisiones unilaterales y mediante un método de ensayo y error. Muchos de los afectados por este ninguneo han respondido con la única salida que se les ha dejado: retirarse. No se trata de una jubilación normal. En la práctica supone, en lo que respecta al servicio público, la pérdida evitable de un saber técnico que ninguna reorganización puede reponer de un día para otro.
Y, efectivamente, quien paga esa pérdida no es la Administración, sino que lo hace la ciudadanía. La fragmentación de los procedimientos ha convertido la localización de un expediente en un ejercicio casi detectivesco. Un funcionario gestiona ejecuciones de varios antiguos juzgados; otro, asuntos civiles de tres oficinas distintas; un tercero, monitorios procedentes de otros tantos órganos… y así podríamos continuar unos cuántos párrafos más.
Mientras tanto, en atención al público se coloca a personal del cuerpo de auxilio judicial, el menos familiarizado con el trámite procesal, para que explique a abogados y ciudadanos cuestiones complejas. Eso no puede calificarse de modernización: es, en realidad, precariedad organizativa disfrazada de reforma.
En la jurisdicción penal ocurre lo mismo. Profesionales con dilata experiencia en macrocausas acaban tramitando delitos menores. Y no lo hacen porque esos asuntos no importen, sino porque se está desaprovechando la especialización cuando más falta hace. La Justicia no funciona con plantillas anónimas ni con traslados arbitrarios: funciona con personas formadas, estables y cuyo criterio y bagaje es tenido en consideración.
Me atrevería a afirmar que ese es el agravio central: este cambio de tanto calado se ha impulsado sin contar con el personal de los cuerpos generales ni con sus representantes. Se ha decidido, sin consultarles ni preguntar su opinión, sobre quienes conocen mejor que nadie el funcionamiento real de las oficinas judiciales. Se ha hecho sin sentarse con ellos a diseñar una solución. Esa falta de diálogo no es un fallo menor sino que constituye la raíz del desorden que ahora se intenta corregir cada día.
A ello se suma una disputa intolerable entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Antes de la NUMO, la creación de un juzgado llegaba con una dotación completa que comportaba un juez, un letrado de la Administración de Justicia, dos gestores procesales, cuatro tramitadores y un auxilio judicial. Ahora el Estado crea plazas judiciales masivamente, pero traslada a las comunidades la factura del personal. Cada nuevo juez no supone siete plazas funcionariales, sino que lo acompañan apenas dos o, como mucho, tres.
Esto, en definitiva, obliga a hacer más con menos. No supone un impulso judicial, sino que representa una renuncia pública. La ecuación se queda en más jueces, más procedimientos y más demandas sociales, con menos personal cualificado y menos recursos. La Comunitat Valenciana no necesita discursos vacíos de personal sobre modernización. Requiere, por el contrario, que se respete a sus funcionarios, que se planifique con ellos y que cada plaza judicial venga acompañada de los medios reales para ejercer la justicia. Sin personal suficiente y sin experiencia reconocida, los tribunales de instancia no fortalecen la justicia. Estamos comprobando, por desgracia, que la debilitan.
Bruno Antuña.
Presidente de Justicia del sindicato CSIF en la Comunitat Valenciana.